Como mencioné en la primera parte de esta charla, la "cruzada por la democracia" adquirió especial fervor en Washington durante los años de Reagan, siendo Latinoamérica el campo de acción escogido. Los resultados obtenidos se presentan a menudo como ejemplo claro de que los EE.UU. se han convertido en "la inspiración para el triunfo de la democracia en nuestros días". El último estudio erudito sobre la democracia describe "la restauración de la democracia en Latinoamérica" como "impresionante" aunque no libre de problemas; los "obstáculos a la implementación" siguen siendo "formidables", pero quizá puedan ser superados mediante una mayor integración con los Estados Unidos. El autor, Sandor Lakoff, escoge el "histórico Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T.L.C.A.N. - N.A.F.T.A.)" como un potencial instrumento para la democratización, junto con otros ejemplos similares ya discutidos.
Un examen detenido del T.L.C.A.N. es muy revelador. El tratado fue aprobado por el Congreso con una fuerte oposición popular pero con el apoyo incondicional del mundo empresarial y los medios de comunicación, que prodigaban jubilosas promesas de beneficios para todos los implicados, promesas corroboradas con gran seguridad por la Comisión de Comercio Internacional de los EE.UU. y los principales economistas equipados con los más modernos modelos económicos (modelos que acababan de fracasar miserablemente con respecto a su capacidad de predecir las deletéreas consecuencias del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Canadá, pero que, sin embargo, esta vez iban a funcionar perfectamente). El detallado análisis de la Oficina de Peritaje Tecnológico (el departamento de investigación del Congreso) fue suprimido por completo. Este concluía que la planeada versión del T.L.C.A.N. perjudicaría a la mayor parte de la población norteamericana, y proponía modificaciones que podrían extender los beneficios del acuerdo más allá de los limitados círculos de inversión y finanzas. Aún más llamativa fue la supresión de la posición oficial del movimiento obrero estadounidense, fruto de un análisis similar, al mismo tiempo que el movimiento era severamente criticado por su perspectiva "retrógrada, ignorante" y sus "crudas tácticas intimidatorias", motivadas por "el miedo al cambio y el miedo a los extranjeros"; sigo remitiéndome a declaraciones originadas desde la extrema izquierda del espectro político oficial, en este caso, Anthony Lewis. Tales acusaciones eran demostrablemente falsas, pero estas fueron las únicas declaraciones que llegaron al público en este inspirador ejercicio de democracia. Hay otros detalles esclarecedores que fueron recogidos en la literatura disidente de entonces, pero que se han mantenido a resguardo del público. A estas alturas, los cuentos sobre las maravillas del T.L.C.A.N. han sido silenciosamente archivados, y los hechos han empezado a hablar por sí mismos. Ya no se habla más de los cientos de miles de nuevos trabajos y otros grandes beneficios que aguardan a las poblaciones de los tres países. Las buenas nuevas han sido reemplazadas por la "perspectiva económica marcadamente benigna" -la "opinión cualificada"- de que el T.L.C.A.N. no ha tenido efectos significativos. El Wall Street Journal nos informa de que ciertos "oficiales de la administración se sienten frustrados ante la incapacidad de convencer a los votantes de que no existe ningún peligro" y que la pérdida de puestos de trabajo es "mucho menor de lo que predijo Ross Perot", a quien le fue permitido participar en la discusión oficial (a diferencia de la O.T.A., el movimiento obrero, los economistas que no corearon la línea del partido, y los analistas disidentes) porque las declaraciones de Perot eran a veces exageradas y fáciles de ridiculizar". "Es difícil combatir las críticas diciendo la verdad, esto es, que el acuerdo comercial en realidad no ha conseguido nada", reconocía tristemente un oficial de la administración. En el olvido queda lo que "la verdad" se suponía que iba a ser cuando el impresionante ejercicio en democracia marchaba viento en popa.
Mientras que los expertos han restado importancia a un T.L.C.A.N. carente de "efectos significativos", arrojando la previa "opinión cualificada" al pozo del olvido, un punto de vista económico no particularmente "benigno" empieza a tomar forma si el "interés nacional" es ampliado para incluir en él a la población en general. En su testimonio ante el Comité del Senado para Asuntos Bancarios en febrero de 1997, el presidente del Consejo de la Reserva Federal, Alan Greenspan, se mostraba muy optimista sobre la "sostenible expansión económica" producida por una "moderación atípica en los incrementos salariales [que] parece ser fundamentalmente la consecuencia de una mayor inseguridad laboral", un factor obviamente deseable para una sociedad más justa. El Informe Económico del Presidente de febrero de 1997, enorgulleciéndose de los logros de la administración, hace referencia tangencialmente a ciertos "cambios en las instituciones y las prácticas del mercado laboral" como un factor en la "significante moderación salarial" que refuerza la salud de la economía.
Una de las razones para estos cambios benignos se explica en un estudio encargado por la Secretaría de Trabajo del T.L.C.A.N. acerca de "los efectos del cierre súbito de plantas sobre el principio de libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a organizarse en los tres países". El estudio fue llevado a cabo bajo los auspicios del T.L.C.A.N. en respuesta a una demanda por parte de trabajadores de la industria de telecomunicaciones sobre prácticas laborales ilegales en las que había incurrido Sprint. La demanda fue confirmada en el Consejo Nacional de Relaciones Laborales de los EE.UU. que, como es habitual, dictaminó multas intrascendentes tras años de dilación. El estudio del T.L.C.A.N., firmado por la economista laboral Kate Bronfenbrenner de la Universidad de Cornell, fue autorizado para su difusión en Canadá y México, pero ésta fue retrasada por la administración Clinton. El estudio revela un impacto considerable del T.L.C.A.N. en el boicoteo de huelgas. Aproximadamente la mitad de los esfuerzos organizativos sindicales (gremiales) son desbaratados por las amenazas del empresario de trasladar la producción fuera del país; por ejemplo, colocando carteles que digan "Trabajos transferibles a México" frente a una planta donde haya tendencias organizativas. Las amenazas no son en vano: cuando los esfuerzos organizativos tienen éxito a pesar de todo, los empresarios cierran la planta, en su totalidad o en parte, tres veces más a menudo actualmente que antes del T.L.C.A.N. (aproximadamente un 15 por ciento de las veces). Las amenazas de cerrar plantas son casi el doble en las industrias más móviles (por ejemplo, manufacturas comparado con construcción).
Ésta y otras prácticas descritas en el estudio son ilegales -pero eso es un tecnicismo- y equiparables a las violaciones del derecho internacional y de los acuerdos comerciales que se dan cuando los resultados son inaceptables. La administración Reagan había dejado claro al mundo empresarial que las actividades antisindicales ilegales no serían obstaculizadas por el estado delincuente, y sus sucesores han mantenido la misma postura. Ha habido un efecto substancial en cuanto a la destrucción de sindicatos (gremios) -o en palabras más finas, "cambios en las instituciones y las prácticas del mercado laboral"- que contribuyen a la "significativa moderación salarial" dentro de un modelo económico ofrecido con gran orgullo a un mundo atrasado e incapaz todavía de comprender estos principios triunfales que abrirán el camino hacia la libertad y la justicia.
Aquello que fue denunciado continuamente desde el principio fuera de la discusión oficial sobre los objetivos del T.L.C.A.N. ahora se acepta discretamente: que el objetivo real era "atrapar a México dentro de las reformas" que lo habían convertido en un "milagro económico" en el sentido técnico del término, es decir, un "milagro" para los inversores estadounidenses y los mexicanos ricos, mientras la población se hunde en la miseria. La administración Clinton "olvidó que el objetivo subyacente del T.L.C.A.N. no era promover el comercio sino cementar las reformas económicas en México", declara ahora solemnemente el corresponsal de Newsweek Marc Levinson, olvidando añadir que fue justo lo contrario lo que se proclamó para asegurar la aprobación del T.L.C.A.N., mientras que los críticos que señalaban este "propósito subyacente" eran excluidos eficientemente del libre mercado de ideas por sus dueños. Quizá algún día las razones también sean aceptadas públicamente. Se esperaba que "atrapando a México" dentro de las reformas se ahuyentara el peligro detectado durante un Taller de Desarrollo Estratégico en Latinoamérica celebrado en Washington en septiembre de 1990, en el que se concluyó que las relaciones con la dictadura mexicana eran buenas, pero que existía un problema potencial: "una 'apertura democrática' en México podría poner a prueba esta relación especial si llegara a instaurar un gobierno interesado en desafiar a los EE.UU. por motivos económicos y nacionalistas", lo cual ya no representa un peligro ahora que México está "atrapado dentro de las reformas" por tratado.
La amenaza es la democracia, dentro y fuera del país, como ilustra el ejemplo. La democracia es permisible, incluso bienvenida, pero su valoración reside en los resultados, no en el proceso democrático. El T.L.C.A.N. era considerado un mecanismo eficaz para disminuir la amenaza de la democracia. Se impuso en EE.UU. a través de una efectiva obstaculización del proceso democrático, y en México por la fuerza, eludiendo la inútil protesta pública. Los resultados se presentan ahora como un esperanzador instrumento para dotar a los ignorantes mexicanos de una democracia al estilo estadounidense. Un observador bien informado y con tendencia al cinismo estaría de acuerdo con esta evaluación.
Una vez más, los ejemplos escogidos para ilustrar el triunfo de la democracia son los lógicos, a la vez que interesantes y reveladores, aunque no dan precisamente el resultado deseado.
Los mercados son siempre una construcción social, y en la forma específica en que están siendo diseñados por la actual política social tienen el objetivo de restringir el funcionamiento de la democracia, como queda demostrado por el T.L.C.A.N., los acuerdos de la O.M.C., y otros instrumentos de posible implementación en el futuro. Un caso que merece especial atención es el Acuerdo Multilateral sobre la Inversión (M.A.I.) que está siendo fraguado en la O.C.D.E., el club de los ricos, y la O.M.C. (de la que el M.A.I. forma parte). En principio se espera que el acuerdo sea adoptado sin el conocimiento público, como se esperaba que lo fuera el T.L.C.A.N., sin éxito, aunque el "sistema de información" logró mantener lo esencial del asunto en secreto. Si el plan esbozado en los borradores prospera, el mundo entero puede acabar "atrapado" por tratados que otorgan a las corporaciones transnacionales mecanismos aún más eficaces para restringir el espacio democrático, dejando las decisiones políticas mayormente en manos de gigantescas tiranías privadas que poseen además amplios medios para interferir en los mercados. Tales esfuerzos quizá sean bloqueados en la misma O.M.C. gracias a las fuertes protestas de los "países en vías de desarrollo", en especial India y Malasia, que no están dispuestos a convertirse en meras dependencias propiedad de grandes corporaciones extrajeras. Pero la versión de la O.C.D.E. quizá corra mejor suerte, al ser presentada al resto del mundo como un hecho consumado, con las consecuencias obvias. Todo esto se desarrolla en notable secreto, por ahora.
La proclamación de la Doctrina Clinton fue acompañada por un inapreciable ejemplo de los principios victoriosos puestos en práctica: los logros de la administración en Haití. Ya que éste vuelve a ser propuesto como el caso más convincente, parece apropiado examinarlo.
Es cierto que se permitió el retorno del presidente electo de Haití, pero sólo después de que las organizaciones populares hubieran sido víctimas durante tres años de unas fuerzas terroristas que mantuvieron firmes conexiones con Washington en todo momento. La administración Clinton todavía se niega a devolver a Haití las 160.000 páginas de los documentos sobre terrorismo de estado secuestrados por las fuerzas militares estadounidenses "para evitar revelaciones embarazosas" sobre la participación del gobierno de los EE.UU. en el régimen golpista, según Human Rights Watch. También fue necesario hacer pasar al Presidente Aristide por "un curso acelerado en democracia y capitalismo", en palabras de su principal partidario en Washington para describir el proceso de civilización de este problemático cura.
Como condición a su retorno, Aristide fue forzado a aceptar un programa económico que orienta la política del gobierno haitiano hacia las necesidades de "la sociedad civil, especialmente el sector privado, tanto nacional como extranjero". Es decir, los inversores estadounidenses están llamados a constituir el núcleo de la sociedad civil haitiana, junto con los haitianos ricos que apoyaron el golpe de estado, pero no los campesinos ni los habitantes de los suburbios haitianos que pusieron en pie una sociedad civil dinámica y vibrante hasta el punto de que les permitió elegir a su propio presidente, a pesar de tener todos los factores en contra, provocando así la inmediata hostilidad de los EE.UU. que se esforzaron por subvertir el primer régimen democrático de Haití.
Los inaceptables actos de los "ignorantes y entrometidos intrusos" de Haití fueron revocados violentamente con la complicidad directa de los EE.UU., no sólo a través de sus contactos con los terroristas de estado en el poder. La Organización de Estados Americanos declaró un embargo. Las administraciones Bush y Clinton lo quebrantaron desde el principio eximiendo a las compañías estadounidenses y autorizando en secreto a la Texaco Oil Company a suministrar al régimen golpista y a sus ricos defensores en violación de las sanciones oficiales, un hecho crucial éste que fue revelado el día antes de que las tropas estadounidenses desembarcaran con el fin de "restaurar la democracia", dato que todavía tiene que llegar al gran público, aunque es un candidato improbable a entrar en el registro histórico.
La democracia ha sido restaurada. El nuevo gobierno ha sido obligado a abandonar el programa democrático y reformista que tanto escandalizó a Washington y a adoptar la política del candidato de Washington en las elecciones de 1990, en las que recibió el 14 por ciento del voto.
Los haitianos parecen haber entendido la lección, aunque los ideólogos occidentales dan otra interpretación. Las elecciones parlamentarias de abril de 1997 registraron una "turbadora" participación del 5 por ciento, según la prensa, lo cual hizo surgir la siguiente pregunta: ¿"Ha decepcionado Haití las esperanzas de Estados Unidos"? Después de todos los sacrificios que hemos hecho para llevarles la democracia, han resultado ser desagradecidos e indignos. Es fácil ver por qué los "realistas" insisten en que nos mantengamos apartados de las cruzadas por el "progreso global".
Actitudes similares imperan en todo el hemisferio. Las encuestas muestran que en Centroamérica la política provoca "aburrimiento", "desconfianza" e "indiferencia" en mucha mayor proporción que "interés" o "entusiasmo" entre "un público apático (...) que se siente espectador en el sistema democrático" y que muestra "un pesimismo general sobre el futuro". La primera encuesta de este tipo en Latinoamérica, patrocinada por la Unión Europea, encontró más de lo mismo: "el mensaje más alarmante de la encuesta", comentaba el coordinador brasileño, era "la percepción popular de que sólo la elite ha salido beneficiada por la transición a la democracia". Los profesores universitarios latinoamericanos indican que la reciente ola de democratización coincidió con reformas económicas neoliberales, que han sido perniciosas para la mayoría y han dado lugar a una cínica valoración de los procedimientos formales democráticos. La introducción de programas similares en el país más rico del mundo ha tenido efectos similares. A principio de los noventa, tras 15 años de una versión doméstica de ajuste estructural, más del 80 por ciento de la población estadounidense consideraba el sistema democrático un fraude, con unas corporaciones demasiado poderosas y una economía "inherentemente injusta". Éstas son las consecuencias naturales del proyecto específico de "democracia de mercado" bajo los designios del mundo de los negocios.
Retomemos la doctrina vigente de que "la victoria de los Estados Unidos en la Guerra Fría" fue una victoria para la democracia y el libre mercado. En lo que respecta a la democracia, la doctrina es parcialmente verdadera, aunque es necesario tener en cuenta qué se entiende por "democracia": el control desde arriba para "proteger a la minoría de los opulentos contra la mayoría". ¿Y qué ha sido del libre mercado? En este caso también descubrimos que la doctrina se encuentra bien alejada de la realidad, como ha quedado demostrado por numerosos ejemplos.
Consideremos de nuevo el caso del T.L.C.A.N., un acuerdo cuya intención era comprometer a México con una disciplina económica que proteja a los inversores del peligro de una "apertura democrática". Sus estipulaciones clarifican cuáles son los principios que han emergido victoriosos. No se trata de un "acuerdo sobre libre mercado". Más bien, es un acuerdo esencialmente proteccionista, diseñado para obstaculizar la competencia de Asia del Este y Europa. Además, comparte con los acuerdos globales principios tan contrarios al libre mercado como son los "derechos de propiedad intelectual" del tipo que las sociedades ricas nunca aceptaron durante su período de desarrollo, pero que ahora esgrimen para proteger a sus propias corporaciones a fin de destruir la industria farmacéutica de los países pobres, por ejemplo, y de paso bloquear innovaciones tecnológicas como el mejoramiento de los procesos de producción de productos patentados. El progreso, igual que los mercados, es deseable solamente cuando produce beneficios a la clase importante.
Permanecen los interrogantes sobre la naturaleza del "comercio". Se considera que más de la mitad del comercio entre los EE.UU. y México consiste en transacciones internas de las empresas, con un incremento del 15 por ciento desde el T.L.C.A.N. Por ejemplo, hace ya una década, un tercio de los bloques de motor y las tres cuartas partes de otros componentes esenciales utilizados en los automóviles estadounidenses eran producidos en fábricas de propiedad casi siempre estadounidense y localizadas en el norte de México, dando empleo a unos pocos trabajadores y virtualmente sin lazos con la economía mexicana. El colapso post-T.L.C.A.N. de la economía mexicana en 1994, del que sólo resultaron eximidos los muy ricos y los inversores estadounidenses (protegidos por las subvenciones del gobierno de EE.UU.), provocó un incremento en el comercio entre EE.UU. y México gracias a esta nueva crisis que, aportando a la población general aún mayor miseria, si cabe, "transformó México en una fuente barata [es decir, aún más barata] de productos manufacturados, con salarios industriales que son una décima parte de los de EE.UU.", según la prensa económica. Desde hace diez años, según algunos especialistas, la mitad del comercio internacional de EE.UU. consiste en este tipo de transacciones centralizadas, y lo mismo es cierto de otras potencias industriales, aunque es preciso ser cauteloso a la hora de sacar conclusiones sobre instituciones con limitada responsabilidad pública. Ciertos economistas han descrito , con suficiente verosimilitud, el sistema mundial como "mercantilismo corporativo", algo bien alejado del ideal del libre mercado. La O.C.D.E. afirma que "es la competitividad oligopolística y la interacción estratégica entre firmas y gobiernos, y no la mano invisible de las fuerzas del mercado, lo que condiciona actualmente las ventajas competitivas y la división internacional del trabajo en industrias de alta tecnología", adoptando implícitamente un punto de vista similar.
Incluso la estructura básica de la economía doméstica viola los principios neoliberales proclamados. El tema principal de la obra de Alfred Chandler sobre la historia empresarial de los EE.UU. es que "las empresas modernas reemplazaron a los mecanismos del mercado en la función de coordinar las actividades de la economía y la distribución de sus recursos", llevando muchas transacciones internamente, otro alejamiento de los principios del mercado libre. Existen muchos otros. Consideremos, por ejemplo, la suerte que ha corrido el principio de Adam Smith según el cual el libre movimiento de las personas, a través de fronteras por ejemplo, es un componente esencial del libre mercado. Cuando contemplamos el mundo de las corporaciones transnacionales, con alianzas estratégicas y el apoyo crucial de estados poderosos, la distancia entre doctrina y realidad se hace evidente.
La teoría del libre mercado tiene dos caras: la doctrina oficial, y la que podríamos llamar "doctrina de libre mercado real". Según esta última, la disciplina del mercado es buena para ti, pero yo necesito la protección del estado paternalista. La doctrina oficial se impone sólo a los indefensos, pero ha sido la "doctrina real" la adoptada por los poderosos desde los tiempos en que Gran Bretaña emergió como el estado fiscal-militar y de desarrollo más avanzado de Europa, con fuertes incrementos impositivos, una eficiente administración pública que llegó a convertir al estado en "el mayor elemento individual de la economía" (según el historiador John Brewer) y una expansión global, todo lo cual estableció un modelo que ha sido seguido hasta la actualidad en el mundo industrial, por descontado en los Estados Unidos, desde sus orígenes.
Gran Bretaña finalmente se pasó al internacionalismo liberal en 1846, después de que 150 años de proteccionismo, violencia y poder estatal la hubieran puesto bien por delante de cualquier competidor. Pero el paso al mercado contenía restricciones significativas. El cuarenta por ciento de los textiles británicos continuaron despachándose a la India colonial, al igual que el resto de las exportaciones británicas por lo general. El acero británico se mantuvo fuera de los mercados estadounidenses gracias a aranceles muy altos que permitieron a los Estados Unidos desarrollar su propia industria del acero. Pero la India y otras colonias permanecieron disponibles cuando el acero británico se quedó sin compradores en los mercados internacionales. El caso de la India es instructivo: el país producía tanto hierro como toda Europa a finales del siglo XVIII, y los ingenieros británicos estudiaban las avanzadas técnicas indias de manufactura del acero en 1820 para intentar disminuir el "desfase tecnológico". Bombay producía locomotoras a niveles competitivos cuando comenzó el boom de los ferrocarriles. Pero la "doctrina de libre mercado real" acabó con esos sectores de la industria india lo mismo que había acabado con las industrias textiles, la construcción naval, y otras que estaban avanzadas para los estándares de la época. Los EE.UU. y Japón, por el contrario, habían eludido el control europeo y pudieron adoptar el modelo británico de interferencia en el mercado.
Cuando la competitividad japonesa resultó ser más de lo soportable, Inglaterra rompió la baraja: el imperio se cerró a las exportaciones japonesas (cierre que formó parte de los antecedentes a la Segunda Guerra Mundial). Al mismo tiempo, los productores indios reclamaban protección, pero no de Japón sino de Inglaterra. No tuvieron suerte, bajo la doctrina de mercado libre real.
Tras el abandono de su limitado experimento en laissez-faire en los años treinta, el gobierno británico adoptó una intervención más directa también en la economía doméstica. En unos pocos años, la producción de máquinas-herramienta se multiplicó por cinco, simultáneamente con un boom en las industrias química, del acero, aeroespacial y un conjunto de nuevas industrias, "una inadvertida nueva ola de revolución industrial", escribe Will Hutton. La industria estatal permitió que Gran Bretaña sobrepasara a Alemania durante la guerra, y que incluso acortara distancias con los EE.UU., que por entonces se encontraba experimentando su propia expansión económica en el momento en que los administradores corporativos tomaron control de la economía de guerra estatal.
Un siglo después de que Inglaterra adoptara una especie de internacionalismo liberal, los EE.UU. siguieron el mismo camino. Tras 150 años de proteccionismo y violencia, los EE.UU. se han convertido en el país más rico y poderoso del mundo, con diferencia, y al igual que Inglaterra, se ha percatado de las ventajas de un "terreno de juego nivelado" en el que espera derrotar a cualquier competidor. Y como Inglaterra, con restricciones cruciales.
Una de ellas, por ejemplo, es que Washington utilizó su poder para impedir el desarrollo independiente dondequiera que surgiese, como ya lo había hecho Inglaterra. En Latinoamérica, Egipto, Asia del Sur, etc., el desarrollo había de ser "complementario", nunca "competitivo". Ha habido también interferencia en el mercado a gran escala. El Plan Marshall estaba vinculado a la compra de productos agrícolas estadounidenses, parte de la razón por la cual el porcentaje de cereal estadounidense en el mercado internacional aumentó desde menos de un 10 por ciento antes de la guerra hasta más de la mitad en 1950, mientras que las exportaciones de Argentina se redujeron en dos tercios. La ayuda a través de U.S. Food for Peace también cumplía el doble objetivo de subvencionar las industrias agropecuaria y del transporte estadounidenses, y de competir con productores extranjeros, entre otras medidas tomadas para prevenir el desarrollo independiente. La casi total eliminación del cultivo de trigo en Colombia a través de estos medios es uno de los factores en el desarrollo de la industria de drogas, la cual ha sido impulsada en toda la región andina por la política neoliberal de los últimos años. La industria textil de Kenia colapsó en 1994 cuando la administración Clinton impuso una cuota para obstaculizar la vía de desarrollo que han seguido todos los países industrializados, mientras que a los "reformadores africanos" se les advierte que "deben hacer mayores progresos" en la mejora de las condiciones para las operaciones comerciales y "comprometerse en reformas hacia el libre mercado" con "políticas comerciales y financieras" que estén de acuerdo con los requerimientos de los inversores occidentales. En diciembre de 1996 Washington bloqueó las exportaciones de tomates de México a EE.UU., violando así las normas del T.L.C.A.N. y la O.C.M. (aunque técnicamente no lo hizo, ya que se trataba de un juego de poder y no necesitó un arancel oficial), con un coste para los productores mexicanos de cerca de un billón de dólares anuales. La razón oficial de este regalo a los cultivadores de Florida fue que los precios habían sido "artificialmente reducidos por la competencia mexicana" y los consumidores estadounidenses preferían los tomates mexicanos. En otras palabras, los principios del libre mercado estaban funcionando, pero no daban el resultado deseado. Éstos son tan sólo ejemplos aislados.
La industria de alta tecnología siempre ha seguido las mismas pautas. Hace unas pocas semanas (el 29 de septiembre de 1997), un sincero titular del Wall Street Journal afirmaba: "De hecho, los exorbitantes aranceles de la I.T.C. sobre Japón protegen a los productores estadounidenses de supercomputadoras". El artículo informaba sobre la decisión de la Comisión para el Comercio Internacional (I.T.C.) de imponer "exorbitantes aranceles anti-dumping a las supercomputadoras japonesas", enviando así "un claro mensaje al exterior: Prohibida la entrada a las supercomputadoras extranjeras". La I.T.C. determinó que una prospectiva venta por parte de la japonesa NEC Corporation "podría dañar la industria estadounidense", en particular a Cray Research, el mayor productor de supercomputadoras de los EE.UU. A Cray se la considera una "empresa privada"; su tecnología se ha desarrollado gracias a subvenciones públicas y su mercado ha sido el Pentágono y el Departamento de Energía, pero los beneficios y la gestión son privados. Las firmas japonesas están aún por vender una sola supercomputadora a cualquier agencia financiada por el gobierno estadounidense, mientras que Japón recibe constantemente duras críticas por tratar de proteger su industria y sus servicios (lo cual efectivamente hace). Esta gran farsa es común y natural bajo las reglas del capitalismo de libre mercado real. En resumen, el duro del barrio hace lo que le da la gana.
Un ejemplo revelador es Haití, país que, junto con Bengala, representa el más valioso trofeo colonial del mundo y es el origen de buena parte de la riqueza de Francia. Haití se encuentra bajo control estadounidense desde que los marines de Woodrow Wilson lo invadieran hace 80 años, y en la actualidad su situación es tan catastrófica que podría resultar prácticamente inhabitable en un futuro no muy lejano. En 1981 se dio inicio a una estrategia de desarrollo patrocinada por U.S.A.I.D. y el Banco Mundial, basada en fábricas de ensamblado y exportaciones agropecuarias, desalojando tierra usada para el cultivo de alimentos de consumo local. U.S.A.I.D. predijo "un cambio histórico hacia una mayor interdependencia comercial con los Estados Unidos" en la que Haití se convertiría en "el Taiwán del Caribe". El Banco Mundial se mostró de acuerdo con la predicción, ofreciendo las conocidas recetas de "expansión de la empresa privada" y minimización de "objetivos sociales", incrementando así la desigualdad y la pobreza y reduciendo los niveles de salud y educación. Conviene señalar que estas recetas estándar se ofrecen acompañadas de palabrería sobre la necesidad de reducir las desigualdades y la pobreza y mejorar los niveles de salud y educativos, mientras que los estudios técnicos del Banco Mundial reconocen que una relativa igualdad y unos altos niveles de salud y educativos son factores cruciales en el crecimiento económico. En el caso de Haití, las consecuencias fueron las habituales: beneficios para los productores estadounidenses y los magnates haitianos y una reducción de un 56 por ciento en los salarios de Haití en la década de los ochenta; en dos palabras, un "milagro económico". Haití siguió siendo Haití, no Taiwán, que había seguido un camino radicalmente diferente, como sabe sin duda todo asesor económico.
Fue el esfuerzo del primer gobierno democrático haitiano por aliviar el creciente desastre lo que provocó la hostilidad de Washington y el subsiguiente golpe de estado militar y represión terrorista. Con la "democracia restaurada", U.S.A.I.D. está reteniendo la ayuda para garantizar así que las fábricas de cemento y harina sean privatizadas para el beneficio de los haitianos ricos y los inversores extranjeros (es decir, la llamada "sociedad civil" haitiana, de acuerdo con las órdenes que acompañaron la restauración democrática), mientras que los gastos en salud y educación son proscritos. La industria agropecuaria recibe financiación abundante, pero no hay ayuda disponible para la agricultura y la artesanía campesinas, las cuales constituyen la principal fuente de ingresos para la gran mayoría de la población. Las plantas de ensamblado, de propiedad extranjera, que emplean trabajadores (mujeres en la mayor parte) por un salario muy inferior al de subsistencia básica y bajo funestas condiciones de trabajo, se benefician de electricidad barata, subvencionada por el generoso supervisor. Pero para los haitianos pobres, es decir la población general, las subvenciones para electricidad, carburante, agua o comida no existen. Están prohibidas por las reglas del F.M.I. bajo el principio de que constituyen "control de precios". Antes de que las "reformas" fueran instituidas, la producción local de arroz abastecía prácticamente todas las necesidades domésticas y mantenía importantes vínculos con la economía autóctona. Gracias a la "liberalización" unilateral, en la actualidad sólo proporciona el 50 por ciento, con los previsibles efectos para la economía. La liberalización es, decisivamente, unilateral. Haití tiene que "reformarse", eliminando aranceles de acuerdo con los austeros principios de la ciencia económica, la cual, por algún milagro de la lógica, exime de estas obligaciones a la industria agropecuaria estadounidense, que continúa recibiendo enormes subvenciones públicas, incrementadas por la administración Reagan hasta el punto de representar el 40 por ciento de los ingresos brutos de los productores en 1987. Las consecuencias lógicas son asumidas con conocimiento de causa: un informe de U.S.A.I.D. de 1995 advierte que las "políticas de comercio e inversiones dirigidas a la exportación" ordenadas por Washington "presionarán implacablemente al cultivador de arroz local", quien se verá obligado a escoger la más racional alternativa de la exportación agropecuaria para beneficio de los inversores estadounidenses, de acuerdo con los principios de la teoría de expectativas racionales.
Gracias a tales métodos, el país más pobre del hemisferio se ha convertido en el principal importador de arroz producido en los EE.UU., enriqueciendo las compañías estadounidenses que reciben subvención pública. Aquellos que han tenido la fortuna de recibir una buena educación occidental sin duda pueden explicar que, tarde o temprano, los beneficios repercutirán en los campesinos y habitantes de los suburbios haitianos. Los africanos pueden escoger un camino similar, como aconsejan actualmente los líderes del "progresismo global" y las elites locales, y tal vez no vean otra alternativa bajo las circunstancias existentes (una conclusión cuestionable, en mi opinión). Pero si toman ese camino, deberían hacerlo con los ojos bien abiertos.
Este último ejemplo ilustra el alejamiento más radical de la doctrina oficial sobre el libre comercio, un alejamiento que fue más relevante en la época moderna que el representado por el proteccionismo, el cual dista mucho de haber sido la interferencia más radical con dicha doctrina en el período inicial, aunque suele ser el fenómeno que normalmente se estudia en la programación educativa convencional, aportando así su propia y útil contribución al enmascaramiento de las realidades sociales y políticas. Por poner un ejemplo obvio, la revolución industrial dependía de la disponibilidad de algodón barato, lo mismo que la "edad dorada" del capitalismo contemporáneo ha dependido de la disponibilidad de energía barata, pero los métodos utilizados para mantener las mercancías esenciales disponibles y a bajo precio (métodos que difícilmente se ajustan a los principios del mercado) no entran dentro de la disciplina profesional de la economía.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU. rompieron con su tradición proteccionista y comenzaron a exigir la liberalización de la economía internacional, conscientes de que "el terreno de juego" estaba clara y convenientemente inclinado a favor de las compañías estadounidenses. Pero los grandes empresarios no estaban dispuestos a aceptar ningún riesgo, como decíamos, e insistieron en mantener ciertas excepciones cruciales. Una estaba relacionada con las subvenciones públicas. Un componente fundamental de la teoría del libre mercado es que las subvenciones públicas no están permitidas. Sin embargo, se daba por entendido que la industria de alta tecnología "no puede existir satisfactoriamente en una economía de 'libre empresa' pura, competitiva, sin subvenciones" y que "el gobierno es el único salvador posible", como decía la prensa económica hace 50 años. El sistema del Pentágono fue rápidamente seleccionado como el medio más eficiente de transferir fondos públicos a bolsillos privados. Es fácil "vender" al público con el pretexto de la seguridad [nacional], y no tiene los inconvenientes del gasto social, el cual tiende a ser redistributivo y democratizador, no una subvención directa al poder corporativo.
Así ha funcionado el sistema hasta la actualidad, con las variaciones necesarias. El punto de máxima interferencia en el mercado fue alcanzado por los Reaganitas, que predicaban el evangelio de la disciplina de mercado para los pobres, tanto dentro como fuera del país (el "duro individualismo Reaganita") y simultáneamente incrementaron la protección para productores estadounidenses a los niveles de la posguerra y llevaron a cabo una "escalada militarista [que] de hecho incrementó el gasto militar (en cifras constantes) en investigación y desarrollo por encima de los niveles récord de mediados de los sesenta", apunta Stuart Leslie. El público estaba asustado por las amenazas externas, pero el mensaje al mundo de los negocios era claro y conciso.
Tan pronto como la Guerra Fría tocó a su fin con la caída del Muro de Berlín en 1989, Washington informó al Congreso (y al mundo empresarial) que el gasto militar debía continuar sin grandes cambios, en parte para proteger la "infraestructura industrial militar"-prácticamente toda ella constituida por industria de alta tecnología- ofreciendo tecnología de doble uso para permitirles dominar los mercados comerciales al mismo tiempo que se enriquecen a expensas del público.
Se da por entendido que el libre mercado significa que el público paga los costos y asume los riesgos si las cosas van mal; ese es el caso de las subvenciones a bancos y corporaciones que han costado al público cientos de billones de dólares en años recientes. Los beneficios han de ser privatizados, pero los costos y el riesgo, socializados, en sistemas de libre mercado real. El viejo cuento se mantiene hoy en día sin mayor cambio, y no sólo en los Estados Unidos, por supuesto.
Otra historia igualmente venerable es la negativa del público a aceptar las consecuencias. A pesar de los contratiempos, las luchas populares han hecho de este mundo un lugar mucho mejor. No hay razón para dudar de que el ciclo puede mantener su curso general de mejoramiento. Ahora mismo, los movimientos populares han tomado nuevas fuerzas y están creciendo en todo el mundo, y pueden aspirar realistamente a objetivos más importantes de lo que parecía alcanzable no hace mucho. Los escépticos que rechazan tales ideas como utópicas e ingenuas sólo tienen que observar lo que ha pasado aquí, en Suráfrica, en los últimos años, un tributo inspirador a lo que el espíritu humano puede lograr, y sus posibilidades ilimitadas, lecciones que el mundo necesita aprender desesperadamente y que deberían guiar los futuros pasos en la lucha por la justicia y la libertad también aquí, cuando el pueblo de Suráfrica, recién lograda una gran victoria, se enfrenta a los todavía más difíciles cometidos que le esperan.
AUTOR: NOAM CHOMSKY
ZNET.
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