En este país –que, en realidad, no es país sino una cualquiernada– tenemos poca memoria. Aquí nos acordamos del algo en base al show o al espectáculo mediático que se suelte, porque, sino, no nos acordamos.
¿Recuerdan que “Telefónica” iba construir redes alternativas, en caso de un nuevo sismo como el del pasado 15 de Agosto? ¿Y en qué quedó la cosa? En la nada. La prensa dejó de presionar (si acaso alguna vez presionaron) y todos nos olvidamos. Y “Telefónica” siguió haciendo lo que se le dio la gana. Como hace en la mayoría de países latinoamericanos, donde su política abusiva es un sello de marca. Así lo entenderemos, leyendo el siguiente artículo publicado a mediados del 2007 por “América Latina en Movimiento”, donde se revela la miseria moral con la que actúa la gente de la trasnacional española.
Telefónica simboliza el nuevo colonialismo español en Latinoamérica
Hace 500 años cientos de barcos comenzaron a surcar el océano que separa América de Europa con sus bodegas repletas de materias primas. Muchas de ellas tenían como destino los puertos españoles, otras eran ‘interceptadas’ en alta mar por los piratas de la época que servían a otros intereses, otras se quedaban en el fondo del Atlántico como consecuencia de la codicia sin límites de los contendientes. Pero de todos es sabido que su concentración en pocas manos dio origen a un sistema económico que se extiende hasta nuestros días y que hemos dado en llamar capitalismo.
Hace 250 años las clases trabajadoras de los hoy países occidentales comenzaron a darse cuenta de la inhumanidad del sistema capitalista que les exprimía en trabajos esclavos. Los dueños de las grandes empresas entendieron que era necesario contener de alguna manera ese incipiente movimiento con condiciones menos infames de trabajo y dejando caer alguna migaja del pastel. Y de nuevo los barcos volvieron a surcar el Atlántico de norte a sur en busca de mano de obra esclava.
El capitalismo financiero del siglo XXI sigue evolucionando en sus formas pero conservando sus originarios y rapaces objetivos. Las grandes corporaciones están descapitalizando los países latinoamericanos y sus destinos se encuentran en ambas orillas del Atlántico norte. Ya no hace falta fletar barcos para reclutar esclavos, son ellos los que se juegan la vida y sus ahorros ante el reclamo del paraíso terrenal que prometen los medios de comunicación. Y, si es necesario, se exportan plantas de producción a esos países donde los costes laborales y los reclamos son menores. Hasta las migajas del pastel les parece mucho a estos bucaneros que han cambiado el parche en el ojo por el traje, el puente de mando por el sillón del consejo de administración y el látigo por los Expedientes de Regulación de Empleo.
Un ejemplo nítido es la operadora de telecomunicaciones más rentable del mundo en 2006: Telefónica. Esta multinacional española consiguió el pasado año 6.233 millones de euros de beneficios, un 40% más que el año anterior. Su división latinoamericana fue especialmente productiva. En el negocio de Telefonía Fija, el Grupo Telefónica Latinoamericana alcanzó unos ingresos de 9.537 millones de euros y 4.209 millones de euros como resultado operativo antes de amortizaciones (OIBDA). El Grupo Telefónica Móviles conseguía en la región latinoamericana un importe neto de la cifra de negocios de 9.240 millones de euros con un margen OIBDA de 2.429 millones. El volumen de negocio del Grupo Atento ascendía a 730 millones de euros alcanzando un margen OIBDA de 113 millones… es decir, más de 7.000 millones de euros de beneficios antes de las correspondientes amortizaciones. El reparto del botín ya estaba estipulado, quién sabe en qué desconocida isla del paraíso: el BBVA (6,96%), la Caixa (5,37%), Chase Manhatan (10%), Citibank (4,43%) y 1.700.000 pequeños accionistas.
¿Exportando bienestar?
El gran desembarco en las ‘Indias’ es fruto de la nueva política expansionista del grupo presidido por César Alierta que, desde el año 2000, dirige el timón de la multinacional. Pero lejos de llevar el progreso y el bienestar al Nuevo Mundo, los vicios se repiten y al expolio de materias primas y recursos humanos se une el expolio financiero que sigue llenando las arcas de las grandes corporaciones. Sólo así se puede entender la considerable reducción de la plantilla de trabajadores que se preveía reducir entre 2000 y 2006 en toda Iberoamérica, de 25.000 empleados a 19.300 con el pretexto de la fuerte crisis sufrida en los años anteriores; o las prácticas monopolísticas y de apoyo a regímenes totalitarios que favorecieron la adquisición de empresas estatales; o los procesos judiciales contra países cuando la cuenta de resultados no había sido todo lo favorable que se preveía; o el descontento de los usuarios que asisten a continuas subidas de tarifas avaladas por los propios gobiernos. Todo ello en el marco del sentimiento antiespañol que se está generando contra las grandes corporaciones y que, por ejemplo, motivó una gran concentración en agosto de 2002 frente a la embajada española en Lima y que fue reprimida con gran dureza por la policía.
Abusos en Perú
El descontento peruano no es de extrañar. Durante 2006, el importe neto de la cifra de negocios de Telefónica del Perú ascendió a 1.097 millones de euros. El margen OIBDA alcanzó los 467 millones de euros. Telefónica Móviles tuvo unos ingresos de 447 millones de euros y un margen OIBDA de 129 millones. A los trabajadores no les fue tan bien y la empresa fue denunciada por el trato a los más jóvenes de la plantilla que, tras diez años con un contrato de formación y considerados “el futuro de la Telefónica del Perú”, acabaron o despedidos o a las órdenes de filiales con la constante amenaza de la no renovación de los contratos, con condiciones precarias y con un futuro incierto. Ya en 2002 la empresa despedía a 500 trabajadores violando el convenio colectivo firmado hacía pocos meses y el propio Congreso peruano le instaba a una solución. Varios partidos políticos le amenazaron con una denuncia por violación de la legislación laboral peruana. Finalmente, el gobierno impuso a la multinacional la multa más alta por incumplimiento de un convenio colectivo. No acabó ahí la sanción ya que el regulador de la telefonía le impuso una multa de un millón de dólares por prácticas contra la competencia y la Fiscalía se querelló contra el gerente de Telefónica de Perú por su implicación en el caso del espionaje telefónico promovido por Montesinos en la era Fujimori.
Los abusos tarifarios son también una práctica habitual. El gobierno tuvo que amenazar a la empresa en 2002 con su inhabilitación para cobrar el abono telefónico si no lo reducía en un 30%. En estos momentos se aplica una sola factura para tres servicios (cable, telefonía e Internet) ahorrándose los costes de papel, bajo el pretexto de su respeto por el medio ambiente, para una población que apenas puede pagar uno de ellos. Pero lo más escandaloso fue su actuación durante el seísmo de este verano cuando se cortaron todas las comunicaciones a través de telefonía fija y móvil. Lo curioso es que no se cortó la comunicación a través de Internet, que utiliza la misma línea, y decenas de correos protestaban furiosamente porque no había forma de hablar con Perú, dejando incomunicada a la población con menos recursos. Algo que pone en duda su rol de compañía comprometida con los más pobres y las prometidas inversiones en tecnología, y confirma la utilización de sistemas obsoletos procedentes, en su mayor parte, de España.
Y en Argentina
Argentina sigue siendo un magnífico puerto donde fondear como así lo confirman los 989 millones de euros que Telefónica de Argentina ingresó durante 2006 y los 473 millones de euros como resultado antes de amortizaciones o los 1250 millones facturados por Telefónica Móviles y los 339 millones OIBDA. Pero esta magnífica cuenta de resultados no repercute sobre sus empleados y, así, en 2002 puso en marcha un plan para despedir de la empresa a 1000 profesionales y técnicos especializados con el pretexto de la “grave crisis” por la que atravesaba la empresa. Más recientemente se ha librado en Atento una huelga de varias semanas por mejores salarios y condiciones dignas de trabajo; huelga que se agudizó durante el verano porque Telecom (la empresa de la competencia) había aceptado las condiciones de los trabajadores y Telefónica se negaba a hacerlo. Los empleados de Atento también han sufrido esta política de reducción de costes y la ofensiva empresarial la padecieron con la reducción de plantilla de 250 a 100 trabajadores durante la campaña para Telefónica Móviles de España. Incluso las páginas web creadas por los propios trabajadores para su comunicación interna fueron bloqueadas. Estos beneficios también se extraen a cuenta de los usuarios. Según el estudio “Marcos regulatorios tarifarios y evolución de los precios relativos durante la Convertibilidad” realizado en 1998, las tarifas se incrementaron un 52% entre la privatización de ENTEL en noviembre de 1990 y el lanzamiento de la Convertibilidad en abril de 1991; pero durante la etapa anterior el aumento había alcanzado un 800%. Se trataba, para simplificar, de un incremento tarifario previo a la transferencia de la compañía que hubiese supuesto que la empresa estatal, de mantener el servicio telefónico en sus manos, hubiera sido de las más rentables del mundo. A pesar de que la ley de Convertibilidad prohibió el ajuste periódico de precios, Telefónica de Argentina recurrió a una artimaña legal por la cual el valor del ‘paso’ quedó expresado en dólares para ajustarse semestralmente según la evolución del IPC en Estados Unidos. Este abuso empresarial y la total despreocupación estatal por proteger los derechos de los usuarios se evidenció en 1997 con el rebalanceo tarifario que redujo las tarifas de larga distancia encareciendo las urbanas. Esta práctica fue objeto de controversia ya que se acusó a la empresa de pagar 6 millones de dólares en sobornos como pago de informes falsos a jueces y políticos para conseguir el mencionado rebalanceo de tarifas.
Telefónica llegó incluso a demandar al estado argentino en 2003 ante un tribunal dependiente del Banco Mundial con el objetivo de lograr una indemnización por las pérdidas durante la crisis de 2002, concretamente por la decisión de convertir a pesos las tarifas telefónicas y por el incumplimiento en la prevista revisión de precios. La demanda ascendía a 2.800 millones de dólares. Y, posteriormente, otra demanda de 274 millones de dólares contra el Fisco con la necesidad de subir las tarifas como telón de fondo. Para conseguir el aumento no dudó en amenazar con suspender los planes de inversión o los despidos masivos.
AUTOR : PEDRO ARMANDO ROSARIO
MATICES DE OPINION,06/19/2008
CONTINUA UNA SEGUNDA ENTREGA...
