Además del choque externo adverso de enorme magnitud, que impactó simultáneamente sobre el sector real y el financiero, existen diversos factores domésticos que explican de manera secundaria la repentina liquidación de este prolongado auge experimentado por la economía peruana.
El más importante es, quizás, el inoportuno ajuste del gasto público ejecutado durante el último trimestre del 2008 por el anterior ministro de Economía; destaca la reducción de la inversión pública a cargo del gobierno central en un 18% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este ajuste fiscal estaba destinado a enfriar la economía y bajar así la tasa de inflación, que se había disparado desde un 1% anual a mediados del 2007 hasta un 7% anual a fines del 2008, medida por el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana. Justo a inicios del 2007, el Banco Central había rebajado el límite superior de su meta de inflación de 3.5% a 3% anual. Como las clases populares carecen de toda protección institucionalizada contra una aceleración de la inflación (no existe indexación a la inflación pasada del salario mínimo legal, de las pensiones de jubilación, etc), y como la inflación estaba liderada por los alimentos que tienen un peso mayor en la canasta de los estratos populares, este proceso provocó una disminución del poder de compra de estos estratos, un descontento masivo, y una sustancial merma de la popularidad del presidente García. De allí, no hubo el ajuste del gasto público ni la adopción de otras medidas como el subsidio a los combustibles importados o la rebaja generalizada y unilateral de aranceles a las importaciones, sin embargo, sí estuvieron presentes los aumentos del salario mínimo o las pensiones de jubilación pagadas por el gobierno.
Esta alza de la inflación respondía, en parte, a un choque de oferta negativo (alza de alimentos y combustibles importados) y a una considerable presión de demanda, como lo revela la paulatina elevación de la inflación subyacente (que excluye del índice de precios al consumidor los precios más volátiles de combustibles, alimentos frescos y otros) desde un 2% a mediados del 2007 hasta casi un 6% a fines del 2008 y principios del 2009.
Fue en estas circunstancias que el choque externo adverso empezó a desplegar sus efectos sobre la economía peruana. Desconcertado ideológicamente, el gobierno de García adoptó la línea dura de negar de plano cualquier impacto adverso que la crisis mundial pudiera tener sobre la economía peruana. Estamos blindados, repetían infatigablemente los discursos oficiales. En el Reporte de Inflación del BCR correspondiente a setiembre pasado se proyectaba que la economía peruana crecería un 6.5% durante el año 2009 y un 7% durante el 2010.
Esta negación de la realidad generó una respuesta de política macroeconómica que ha hecho más probable la ocurrencia de una recesión en el 2009. En una primera etapa, durante el segundo semestre del 2008, la mezcla de política macroeconómica consistió en reducir el gasto público, mantener constante la tasa de interés de referencia que el BCR había elevado progresivamente hasta un 6.5% anual para combatir la inflación y, por último, vender agresivamente dólares para impedir un alza significativa del tipo de cambio (que hubiera podido echar más leña al fuego de la inflación). Es decir, cuando ya existía evidencia que permitía actuar preventivamente con una política monetaria y fiscal expansivas, ni se redujo la tasa de interés ni se incrementó el gasto público para amortiguar los impulsos recesivos que la caída de exportaciones y la salida de capitales iban a originar inevitablemente, como enseña la experiencia. Ciertamente, la venta de dólares moderó los impulsos recesivos generados por la salida de capitales, cosa que no ocurrió en la crisis de 1998; y la intervención en el mercado de bonos públicos impidió que la salida de capitales elevase permanentemente las tasas de interés de largo plazo en moneda local.
Esta primera etapa terminó cuando el gobierno de García abandonó aparentemente la línea dura y decidió lanzar un programa fiscal anticrisis ante la clara desaceleración del crecimiento económico y el malestar creciente de los gremios empresariales. Sin embargo, pronto se reveló que este programa anticrisis era un instrumento de propaganda destinado a infundir el optimismo entre los empresarios. No había un solo dólar de gasto público extra. Después del obligatorio cambio del ministro de Economía, el gobierno de García volvió a lanzar a principios del 2009 una segunda versión, keynesiana esta vez, del programa anticrisis.
AUTOR : OSCAR DANCOURT; PROFESOR ECONOMIA PUCP
FUENTE : ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU.
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