Por fin parece que la administración Obama está considerando medidas decisivas contra la élite bancaria estadounidense. Tras el reciente revés electoral en Massachussets, las propuestas del ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, para reducir el poder de mercado de los bancos, se están desempolvando.
Hasta ahora ha sido una historia muy diferente –en esencia, una victoria para los banqueros más grandes desde la primavera de 2009, cuando a algunos de los más saludables se les permitió empezar a pagar los fondos que habían obtenido del Programa de ayuda para activos problemáticos (TARP) de la Tesorería estadounidense. Ello a su vez les permitió evitar incluso las muy débiles condiciones especiales que el gobierno había establecido en relación con las bonificaciones y remuneraciones.
En el momento crítico de la crisis y del rescate -de septiembre de 2008 hasta principios de 2009- las administraciones Bush y Obama titubearon. No se pensó seriamente en despedir a los banqueros, que habían contribuido a provocar la crisis, o en desmembrar sus bancos.
Normalmente, si una industria sufre una crisis, se espera una reestructuración seria. Incluso si hay algo de mala suerte mezclada con una incompetencia evidente, la premisa general es que, si una empresa requiere que el gobierno la rescate, es necesario sustituir a los directivos. Durante muchos años, la Tesorería de los Estados Unidos ha defendido esos principios— tanto directamente, como mediante su influencia en el Fondo Monetario Internacional—cuando otros países han tenido dificultades.
Pero en el caso de la industria bancaria estadounidense, nada ha sucedido, al menos hasta ahora. La mayoría de los ejecutivos que estaban en los grandes bancos antes de la crisis siguen en sus puestos, y muy poco ha cambiado en términos de prácticas de control de riesgos y remuneraciones. ¿Por qué fue tan conservadora la administración? El temor a un colapso total del sistema bancario tuvo que haber influido en algo –así como una cierta mezcla poco saludable de las élites políticas y financieras, lo que significa que en las altas esferas del gobierno había un afecto real por firmas como Goldman Sachs y Citigroup.
En cualquier caso, parece que se perdió la oportunidad. A medida que las medidas adoptadas para estabilizar la economía comenzaron a funcionar, los bancos empezaron a ganar dinero de nuevo. Y, con la salida de algunos competidores – como Bear Stearns y Lehman Brothers – una mayor participación en el mercado significó mayores ganancias para los que permanecieron.
La administración Obama lanzó una modesta iniciativa de reforma de la regulación en el verano de 2009, en la que se propusieron nuevas protecciones al consumidor y algunas medidas para fortalecer la estabilidad financiera, pero ha sido una lucha continua. A principios de 2010 se propuso un nuevo impuesto bancario para recaudar alrededor de 90 mil millones de dólares en aproximadamente una década –pero esa cantidad sólo representaría alrededor del 1% de las ganancias de los bancos.
No sorprende que los bancos hayan tratado de resistirse a la reforma. El modelo empresarial actual les permite recibir beneficios cuando ganan y transferir los perjuicios a los contribuyentes cuando pierden. Esto alienta los riesgos excesivos y hace probable la repetición de los ciclos de auge-crisis-rescate. En efecto, Andrew Haldane, director de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra lo llama nuestro "ciclo funesto”.
Son raras las crisis financieras importantes que se suceden inmediatamente, pero la presencia continua de esos incentivos tan perversos siempre crea dificultades –más de 50 años de experiencia del FMI demuestran este punto con claridad. Sin embargo, al fin, tras lo de Massachussets, parece que algo importante está sucediendo. Las reformas propuestas por Volcker impondrían restricciones a los bancos similares a las de la Ley Glass-Steagall, la legislación de la época de la depresión que estableció una separación entre la banca comercial y la de inversión. El debilitamiento de la Ley Glass-Steagall y su posterior derogación permitieron a los bancos participar en las actividades conocidas como “negociación por cuenta propia de bonos”, con lo que pudieron utilizar los ahorros de los depositantes para comerciar por su propia cuenta, principalmente en valores de riesgo respaldados con hipotecas.
No obstante, la administración Obama debe ir más allá de la prohibición a los bancos comerciales de la negociación por cuenta propia de bonos, y hacer otras dos cosas más. Primero, se deben triplicar los requerimientos de capital -no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el G-20- para que los bancos tengan al menos entre 20%-25% de los activos en capital básico. De esa manera, los accionistas, y no los reguladores, tendrían un papel principal en hacer más sensata la conducta de los bancos.
Segundo, si los bancos son “demasiado grandes para quebrar”, deben reducirse de forma que los contribuyentes no tengan que rescatarlos cada vez que estalle una crisis. En el caso estadounidense, se necesita enmendar la Ley Riegle-Neal sobre Bancos y Sucursales Estatales de 1994, que estableció límites al tamaño de los bancos para que ninguna institución bancaria tuviera más del 10% de los depósitos minoristas. Necesitamos actualizar y hacer cumplir esta noción sensata general, y establecer un límite al tamaño que un banco puede alcanzar respecto de la economía en conjunto.
Obama hace lo correcto en endurecer su postura hacia los seis bancos más grandes de Estados Unidos –incluidos JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup y el Bank of America- que ahora tienen activos que valen más del 60% del PIB. Este es un grado de concentración financiera sin precedentes para los Estados Unidos modernos. Como señaló Teddy Roosevelt hace más de 100 años, el poder económico concentrado tiende a apropiarse del poder político, lo que va directamente en contra de la tradición democrática. Ahora hemos aprendido que también va en contra de una política económica sana.
AUTOR : SIMON JOHNSON
FUENTE: PROJECT SYNDICATE
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