No es solo la economía, es la democracia

Muchos critican algunas medidas que reclama Mariano Rajoy para reducir el gasto público, como reducir la subvención a los sindicatos, los gastos electorales o ministerios, porque son "el chocolate del loro".

Pero son mucho más que eso. No las propone porque crea que de esa manera se va a reducir sustancialmente el déficit. Lo hace como parte de una estrategia bien calculada de debilitar la acción pública y todo aquello que refuerza la capacidad de respuesta y defensa de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

Por eso centran también la reforma laboral en el debilitamiento de la negociación colectiva.

Ni siquiera buscan más beneficios, que podrían obtenerlos con más actividad y con mayor empleo, sino más poder.

Por eso lo que verdaderamente está en juego con la respuesta que los especuladores están logrando imponer a la crisis que ellos mismos han provocado es la democracia y la posibilidad de que los poderes representativos se enfrenten con garantías a los del mercado.

Los grandes financieros y los poderes económicos han conseguido vencer a los gobiernos y están logrando que éstos no solo no adopten ni una sola de las medidas reformadoras que habían previsto sino que, además, lleven a cabo programas de ajuste que, si no se frenan, van a suponer una nueva derrota histórica de las clases trabajadoras.

El procedimiento ha sido sibilino, casi diabólico. Los gobiernos tuvieron que dedicar billones de euros a salvar a los bancos para evitar que su quiebra hiciera saltar por los aires el sistema financiero internacional y a programas de apoyo a la actividad para que las economías no colapsaran. El resultado inevitable fue, o un incremento ingente de la creación de dinero en Estados Unidos y Reino Unido, o de la deuda pública.

Pero años atrás los bancos privados lograron establecer el criterio de que los bancos centrales no pueden financiar a los gobiernos. Era la manera de garantizarse para ellos el gran negocio de la deuda pública cuando se produjera y al mismo lograr que ésta fuera sustituida paulatinamente por la privada, mucho menos controlada y más rentable para la banca.

Así, cuando los gobiernos han incurrido en déficit para hacer frente a la crisis que los bancos provocaron resultaba que eran esos mismos bancos quienes podían financiarlos para que dispusieran de recursos suficientes.

Se ha generado un negocio redondo en lo financiero y en lo político.

Por un lado, los bancos privados han estado recibiendo dinero barato, al 1% más o menos, de los bancos centrales con el objetivo de que pudieran volver a financiar enseguida a las empresas y familias. Pero en lugar de ello, los bancos dedican ese dinero a suscribir la deuda de los gobiernos que se emite al 4 o 5% o a seeguir especulando.

Y no solo eso. Buscando siempre ganar mucho más, los bancos y los grandes fondos especulativos enseguida comenzaron a manifestar que algunos gobiernos (contra los que se disponían a tomar posiciones especulativas) no iban a poder pagar la deuda, o incluso a lanzar rumores sin fundamento simplemente para hacer creer que su situación era mucho peor que la real. Y así obligaban a que subiera el interés al que los gobiernos debían emitir la deuda, alcanzado a veces, como en el caso griego, incluso el 10%.

De esa forma los bancos están obteniendo beneficios multimillonarios, pero no solo eso.

Puesto que ahora disponen de una situación de privilegio frente a los gobiernos, porque éstos deben recurrir necesariamente a ellos para obtener recursos, les pueden imponer condiciones políticas draconianas.

Ese es el origen de los planes de ajuste que los gobiernos que han cedido a estos chantajes están aplicando y que van buscando, sobre todo, disminuir la capacidad de respuesta de los trabajadores.

Si de verdad se quisiera dinamizar la actividad económica y el empleo no se frenaría la demanda, ni se permitiría que el dinero de los bancos vaya a otro sitio que no sean las empresas y familias. Si verdaderamente se quisiera crear condiciones para cobrar la deuda en el futuro no se debilitaría la capacidad potencial de crecimiento de las economías.

De hecho, si no fuera porque en realidad es dramático se podría calificar de cómico el modo de actuar de las agencias de rating que se usan para llevar a cabo esta extorsión a los gobiernos. Primero dicen que van a bajar la calificación si éstos no aplican el ajuste porque entonces "los mercados" no confiarán en su deuda pública y deberán emitirla más cara. Pero cuando aplican el ajuste, las mismas agencias, como ha pasado en España con Fitch, rebajan la calificación porque dicen que se reduje la expectativa de crecimiento....¡como consecuencia de la aplicación del ajuste!

Lo que hay detrás de todo ello está bastante claro por mucho que quieran disimularlo. Los bancos y los grandes especuladores no quieren que se cambie ni una coma de las condiciones de plena libertad en las que actúan en los mercados internacionales. Lo de imponer algún impuesto en algún lugar concreto es lo de menos. Lo importante es la libertad de movimientos y eso es lo que quieren mantener. Pero saben perfectamente que en esas condiciones las crisis se van a hacer cada vez más reiteradas y fuertes y por eso tratan de evitar que haya vías de respuesta social. Lo que les podría incomodar en el futuro es que haya poderes representativos a través de los que la ciudadanía pudiera hacer frente y responder a lo que está por venir y que no es otra cosa que un continuo desorden financiero y una pérdida de estabilidad y de bienestar.

No nos engañemos. No hay razones de fondo, ni científicas ni siquiera para aumentar los beneficios empresariales que justifiquen la reducción del gasto público (que en su gran mayoría y directa o indirectamente termina yendo a las cuentas de las empresas), la reforma laboral que se prepara, la privatización de servicios o de las pensiones. Solo se busca privilegiar la capacidad de acción de las grandes empresas y de los financieros. Buscan ganar más, como siempre, pero ahora necesitan hacerlo sin trabas políticas porque para incrementar sus beneficios van a tener que hacer cada vez más barbaridades y destrozar de modo más evidente la economía, el medio ambiente y la justicia social. Lo que está en juego, pues, no es solo una cuestión salarial, ni un tijeretazo más o menos grandes a los gastos de Estado. Lo que peligra es la democracia y la libertad.

AUTOR : Juan Torres López es catedrático de economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

FUENTE : SIN PERMISO

Re-regulación financiera y democracia

Han pasado casi dos años desde el colapso de Lehman Brothers, y más de tres años desde el comienzo de la recesión global generada por las fechorías del sector financiero para que Estados Unidos y Europa finalmente reformaran la regulación financiera.

Quizá deberíamos celebrar las victorias regulatorias tanto en Europa como en Estados Unidos. Después de todo, existe un acuerdo prácticamente universal de que la crisis que enfrenta el mundo hoy –y que probablemente siga enfrentando durante años- es el resultado de los excesos del movimiento de desregulación que se inició durante los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan hace 30 años. Los mercados sin trabas no son ni eficientes ni estables.

Sin embargo, la batalla –y hasta la victoria- han dejado un sabor amargo. La gran mayoría de los responsables de los errores –ya sea en la Reserva Federal de Estados Unidos, en el Tesoro de Estados Unidos, en el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña, en la Comisión Europea y el Banco Central Europeo o en los bancos individuales- no se han hecho cargo de sus fracasos.

Los bancos que causaron estragos en la economía global se han negado a hacer lo que es necesario hacer. Peor aún, han recibido respaldo de la Fed, de quien uno habría esperado una postura más cautelosa, en vista de la magnitud de sus errores pasados y de lo evidente que resulta que se hace eco de los intereses de los bancos que supuestamente debía regular.

Esto es importante no sólo por una cuestión de historia y responsabilidad: es mucho lo que se deja a criterio de los reguladores. Y eso deja abierto el interrogante: ¿podemos confiar en ellos? En mi opinión, la respuesta es un no rotundo, razón por la cual necesitamos “definir de un modo inamovible” el marco regulatorio. La estrategia habitual –delegar la responsabilidad en los reguladores para que elaboren los detalles- no será suficiente.

Y eso plantea otro interrogante: ¿en quién podemos confiar? En cuestiones económicas complejas, se había depositado la confianza en los banqueros (después de todo, si ellos ganan tanto dinero, obviamente saben algo) y en los reguladores, quienes a menudo (pero no siempre) provenían de los mercados. Pero los acontecimientos de los últimos años han demostrado que los banqueros pueden ganar dinerales, y al mismo tiempo socavar la economía e imponerle cuantiosas pérdidas a sus propias firmas.

Los banqueros también han demostrado tener una “ética cuestionable”. Un tribunal de justicia decidirá si el comportamiento de Goldman Sachs –apostar contra productos que la propia empresa creaba- fue ilegal. Pero la corte de la opinión pública ya ha presentado su veredicto sobre la cuestión mucho más relevante de la ética de ese comportamiento. Que el CEO de Goldman se viera a sí mismo haciendo “el trabajo de Dios” mientras su firma vendía productos cortos que ella misma creaba, o diseminara rumores difamatorios sobre un país donde se desempeñaba como “asesor” sugiere un universo paralelo, con diferentes códigos y valores.

Como siempre, “el diablo está en los detalles”, y los lobistas del sector financiero han trabajo arduamente para asegurarse de que los detalles de las nuevas regulaciones beneficien a sus empleadores. En consecuencia, probablemente pase mucho tiempo antes de que podamos evaluar el éxito de cualquier ley que el Congreso estadounidense finalmente promulgue.

Eso sí, los criterios para el juicio son claros: la nueva ley debe poner fin a las prácticas que pusieron en peligro a toda la economía global, y reorientar el sistema financiero hacia sus tareas apropiadas –gestionar el riesgo, asignar capital, ofrecer crédito (especialmente a las pequeñas y medianas empresas) y operar un sistema de pagos eficiente.

Deberíamos brindar por los probables logros: se establecerá alguna suerte de comisión de seguridad de los productos financieros; cada vez más operaciones con derivados pasarán de las sombras del mercado turbio y “hecho a medida” a las bolsas y las cámaras compensadoras; y se restringirán algunas de las peores prácticas hipotecarias. Es más, parece probable que se recorten los honorarios escandalosos que se cobran por cada transacción de débito –una especie de impuesto que no tiene otro objetivo público que el de llenar las arcas de los bancos.

Sin embargo, los probables fracasos son igualmente dignos de mencionar: el problema de los bancos demasiado grandes para quebrar hoy es peor de lo que era antes de la crisis. Una mayor autoridad de resolución ayudará, pero sólo un poco: en la última crisis, el gobierno estadounidense “hizo la vista gorda”, no pudo utilizar los poderes que tenía e innecesariamente rescató a accionistas y bonistas –todo porque temía que, de no hacerlo, la situación derivara en un trauma económico-. Mientras haya bancos que son demasiado grandes para quebrar, el gobierno muy probablemente vuelva a “hacer la vista gorda”.

No sorprende que los grandes bancos lograran frenar algunas reformas esenciales; lo que sí fue una sorpresa fue una cláusula en el proyecto de ley del Senado estadounidense que prohibía que las entidades resguardadas por el gobierno suscribieran derivados riesgosos. Esa suscripción avalada por el gobierno distorsiona el mercado, otorgándoles a los bancos una ventaja competitiva, no necesariamente porque sean más eficientes, sino porque son “demasiado grandes para quebrar”.

La defensa de los grandes bancos por parte de la Fed –que es importante que los prestatarios puedan minimizar sus riesgos- revela hasta qué punto resultó capturada. La legislación no estaba destinada a prohibir los derivados, sino sólo a prohibir garantías gubernamentales implícitas, subsidiadas por los contribuyentes (¿recuerdan el rescate de AIG de 180.000 millones de dólares?), que no son un subproducto natural o inevitable del préstamo.

Existen muchas maneras de frenar los excesos de los grandes bancos. Una versión contundente de la llamada Regla Volcker (destinada a obligar a los bancos respaldados por el gobierno a retomar su misión fundamental de prestar dinero) podría funcionar. Pero el gobierno estadounidense sería negligente si dejara las cosas tal como están.

La cláusula del proyecto de ley del Senado sobre derivados es una buena prueba de fuego: la administración Obama y la Fed, al oponerse a estas restricciones, claramente se posicionaron del lado de los grandes bancos. Si en la versión final del proyecto de ley logran sobrevivir restricciones efectivas en el sector de los derivados de los bancos resguardados por el gobierno (ya sea resguardados realmente o de manera efectiva porque son demasiado grandes para quebrar), el interés general podría prevalecer sobre los intereses especiales, y las fuerzas democráticas sobre los lobistas adinerados.

Pero si, como predicen muchos analistas, se eliminan esas restricciones, será un día triste para la democracia –y un día más triste aún para las perspectivas de una reforma financiera significativa.

AUTOR : Joseph E. Stiglitz es profesor de la Universidad de la Columbia University y un Premio Nobel de Economía. Su último libro, Caída libre: los mercados libres y el hundimiento de la economía mundial
FUENTE : PROJECT SYNDICATE

La camarilla del dolor

Cuál es la mayor amenaza para nuestra todavía frágil recuperación económica? Los peligros no escasean, desde luego. Pero lo que actualmente encuentro más amenazador es la propagación de una idea destructiva: la opinión de que ahora, cuando hace menos de un año que empezamos a recuperarnos débilmente de la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, es el momento de que los responsables políticos dejen de ayudar a los parados y empiecen a infligir dolor.

Cuando la crisis financiera nos golpeó por primera vez, la mayoría de los responsables políticos del mundo respondieron de manera acertada, recortando los tipos de interés y permitiendo que los déficits aumentasen. Y al hacer lo correcto, al aplicar las lecciones aprendidas de los años treinta, consiguieron limitar el daño: fue terrible, pero no fue una segunda Gran Depresión.

Últimamente, sin embargo, las exigencias de que los Gobiernos dejen de apoyar sus economías y empiecen a castigarlas han estado proliferando en los artículos de opinión, los discursos y los informes de las organizaciones internacionales. De hecho, la idea de que lo que las economías deprimidas realmente necesitan es aún más sufrimiento parece ser ahora la nueva lógica popular, "las ideas que son valoradas en cualquier momento por su aceptabilidad", según la famosa definición de John Kenneth Galbraith.

Hasta qué punto se ha convertido en algo válido el infligir dolor económico me ha quedado claro por el último informe sobre las perspectivas económicas que ha elaborado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un influyente comité de expertos con sede en París respaldado por los Gobiernos de las economías avanzadas del mundo. La OCDE es una organización profundamente cauta; lo que dice en cualquier momento dado prácticamente representa la creencia generalizada en ese momento. Y lo que la OCDE está diciendo ahora mismo es que los responsables políticos deberían dejar de fomentar la recuperación económica y empezar más bien a subir los tipos de interés y a reducir drásticamente el gasto.

Lo que llama especialmente la atención de esta recomendación es que parece desconectada no solo de las necesidades reales de la economía mundial, sino de las propias previsiones económicas de la organización.

Así, la OCDE afirma que los tipos de interés en Estados Unidos y otros países deberían aumentar drásticamente durante el próximo año y medio para prevenir la inflación. Pero la inflación es baja y se está reduciendo, y los pronósticos de la OCDE no muestran ningún indicio de amenaza inflacionista. Entonces, ¿para qué subir los tipos?

La respuesta, hasta donde yo alcanzo a comprender, es que la organización cree que debemos preocuparnos por la posibilidad de que los mercados empiecen a esperar que haya inflación, aun cuando no deberían y actualmente no lo hagan: debemos protegernos ante "la posibilidad de que las expectativas de inflación a más largo plazo puedan llegar a dispararse en las economías de la OCDE, al contrario de lo que da por sentado la previsión principal".

Se usa un argumento similar para justificar la austeridad fiscal. Tanto la economía teórica como la experiencia nos dicen que reducir drásticamente el gasto cuando todavía estamos padeciendo un paro elevado es muy mala idea; no solo agrava la recesión, sino que sirve de poco para mejorar las perspectivas presupuestarias, porque gran parte de lo que el Gobierno ahorra al reducir el gasto lo pierde, ya que la recaudación fiscal disminuye en una economía más débil. Y la OCDE prevé que el paro seguirá siendo alto durante años. No obstante, la organización exige que los Gobiernos cancelen cualquier futuro plan de estímulo económico y que pongan en marcha la "consolidación fiscal" el año que viene.

¿Para qué hacer esto? Una vez más, la razón es dar a los mercados algo que no deberían querer y que actualmente no quieren. En estos momentos, los inversores no parecen preocuparse lo más mínimo por la solvencia del Gobierno de Estados Unidos; los tipos de interés de los bonos federales se acercan a mínimos históricos. E incluso si los mercados estuviesen preocupados por las perspectivas fiscales de EE UU, recortar el gasto ante una economía deprimida serviría de poco para mejorar esas perspectivas. Pero debemos recortar, dice la OCDE, porque unos esfuerzos de consolidación inadecuados "supondrían un riesgo de reacciones adversas en los mercados financieros".

El mejor resumen de todo esto que he leído lo ha escrito Martin Wolf en el diario The Financial Times, donde afirma que la nueva lógica popular es que "dar a los mercados lo que pensamos que podrían querer en el futuro -aun cuando den pocas muestras de insistir en ello ahora- debería ser la idea central de las políticas".

Expresado de esa forma, parece una locura. Y lo es. Sin embargo, es una opinión que se está extendiendo. Y ya está teniendo consecuencias negativas. La semana pasada, los miembros conservadores de la Cámara, invocando el nuevo miedo al déficit, redujeron el alcance de un proyecto de ley que ampliaba la ayuda a los parados de larga duración, y el Senado se despidió sin siquiera poner en marcha las insuficientes medidas que quedaban. Como consecuencia, muchas familias estadounidenses están a punto de perder la prestación por desempleo, el seguro sanitario o ambos; y a medida que estas familias se vean obligadas a reducir sus gastos, pondrán en peligro los puestos de trabajo de mucha más gente.

Y eso es solo el principio. Cada vez más, la lógica popular dicta que lo responsable es hacer que los parados sufran. Y mientras que los beneficios de infligir dolor son imaginaciones nuestras, el dolor en sí será muy real.

AUTOR : Paul Krugman es profesor de economía en Princeton y premio Nobel de Economía 2008. © 2010 New York Times News Service.

FUENTE : EL PAIS