Introducción
El problema no es nuevo: la explotación minera se ha realizado históricamente de manera irresponsable sin prestar atención a los daños causados al medio ambiente y a las personas. Por suerte, este comportamiento no se considera hoy día del mismo modo que se juzgaba durante el siglo pasado. Hasta hace pocas décadas, no había una conciencia medio-ambiental que hiciera a los ciudadanos alarmarse cuando son conscientes de los daños causados por la explotación minera irresponsable. Sin embargo, a partir de la cumbre de Estocolmo de 1972 de las Naciones Unidas, que puso el acento en la importancia del cuidado y la conservación del medio ambiente, cambió radicalmente la perspectiva con que se consideraban las agresiones al mismo. Veinte años más tarde, en 1992, se celebró en Río de Janeiro la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida también como "Cumbre para la Tierra". En ella se adoptó un plan general, aprobado por todos los líderes del mundo, en el cual, "los gobiernos expusieron un plan detallado de acción que podría servir para que el mundo abandonara su actual modelo de crecimiento económico insostenible para dedicarse a actividades que protegieran y renovaran los recursos ambientales de los que dependían el crecimiento y el desarrollo. En el plan también se recomendaban formas de reforzar el papel desempeñado por los grupos principales de la sociedad civil -las mujeres, los sindicatos, los agricultores, los niños y los jóvenes, los pueblos indígenas, la comunidad científica, las autoridades locales, los empresarios, la industria y las ONGs- en el logro del desarrollo sostenible" (1).
La situación en La Oroya, muestra un modo ejemplar de asumir las responsabilidades en esta materia por parte de la sociedad civil. Sin embargo, la larga historia de reclamaciones de esta sociedad civil exigiendo el cese del envenenamiento lento de la población (proceso más suavemente llamado "contaminación"), ponen en evidencia que ni el Gobierno del Perú, ni la empresa minera Doe Run, propietaria de la planta ("la empresa minera más contaminadora de América"), están cumpliendo con sus responsabilidades: el Gobierno falla en su obligación de exigir el cumplimiento de los acuerdos, y la empresa falla en su obligación de reducir las emisiones de gases y materiales contaminantes.
Los datos sobre el problema
La Oroya es una ciudad minera de 35.000 habitantes, creada alrededor del complejo metalúrgico y está situada a 3.370 metros de altitud en la Sierra Central del Perú, a 180 km al noreste de la capital, Lima. La Sierra del Perú, rica en recursos minerales, tiene minas de plata, de plomo, de cobre y de zinc. Los minerales extraídos, se purifican en una refinería situada en La Oroya. La refinería se creó en 1922 y desde esa fecha, los habitantes de La Oroya sufren los efectos de sus emisiones tóxicas y de sus vertidos.
En Diciembre de 2005, fue publicado por la Universidad de St. Louis, Missouri (EE.UU.) un informe científico con los resultados de una investigación sobre la contaminación de la sangre y la orina de los habitantes de La Oroya a consecuencia de la exposición al plomo, arsénico, cadmio, y otras sustancias tóxicas, comparado con los niveles encontrados en la población de una ciudad cercana (Concepción) donde no hay niveles de contaminación tan extremos como en La Oroya. Los resultados fueron sumamente preocupantes. El informe concluyó que "Los resultados del muestreo biológico confirman la gravedad de la situación de salud comunitaria en la ciudad de La Oroya y especialmente en La Oroya Antigua. Como crisis se entiende los significativamente mayores niveles de riesgo para la salud que existen para todos los grupos poblacionales y sobre todo para los grupos más vulnerables como son los niños y los bebés. Los resultados de plomo confirman las tendencias observadas en monitoreos previos que indican la presencia de niveles elevados de plomo en sangre en toda la población Oroina y, lo que es más grave, niveles por encima de los 45 μg/dL (microgramos por decilitro) para gran parte de la población que ya no son sólo niveles de preocupación sino de emergencia médica de acuerdo al CDC (Center for Disease Control and Prevention – Centro para el Control y Prevención de Enfermedades). Los resultados de cadmio, arsénico y antimonio que han sido estudiados proporcionan evidencia científica adicional que se suma al impacto negativo de la contaminación ambiental de La Oroya." (2)
El 99% de los niños que viven en La Oroya y alrededores, presentan un nivel de plomo en sangre que supera los límites aceptables. Los estudios realizados por la Dirección General de Salud Ambiental en Perú, ya en el año 1999 (3), denunciaron que el nivel de plomo en sangre de los niños entre 6 meses y 10 años, era peligrosamente elevado con 33.6 µg/dL, valor que triplicaba el límite admitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 10 µg/dL. Se ha constatado que el envenenamiento por plomo, tiene efectos particularmente dañinos para el desarrollo mental de los niños. La sociedad civil está altamente alarmada y numerosos centros de investigación han confirmado la gravedad de la situación. Sus estudios han revelado la presencia de otros metales en el aire, la tierra y el agua de La Oroya, incluyendo arsénico y cadmio, además del plomo.
Más recientemente, en Mayo de 2005, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EEUU, envió una misión a Perú para elaborar un plan de reducción de la exposición de la población y la tierra a estos elementos contaminantes. Las recomendaciones del informe elaborado por dichos expertos eran tajantes: "La prioridad mas urgente es reducir el nivel de plomo y otros contaminantes (…) Se han documentado la relación existente entre los niveles de plomo en sangre y los niveles de plomo en el aire y en la tierra. Los efectos del plomo (...) pueden provocar desde problemas de aprendizaje y de conducta hasta convulsiones, estado de coma y muerte" (4).
Los campos cultivables han ido quedando estériles o sólo dan productos contaminados. Los pastos de los montes de la zona, de los que se alimentaban los animales, están igualmente contaminados y al final, toda la vida humana, animal y vegetal de la región se ve condenada a un envenenamiento, lento pero implacable, y a un empobrecimiento cada vez mayor ya que nada de lo que se produce en sus tierras es sano, nada puede venderse, no se crean puestos de trabajo que no estén relacionados con la explotación minera, y la población se ve obligada a abandonar sus tierras no viendo otra salida que la emigración a otra región, a los suburbios de la gran capital, o incluso a otro país.
Triste galardón
El problema de contaminación en "La Oroya" es hasta tal punto alarmante que se encuentra entre los diez lugares más contaminados de la Tierra dentro de una lista de 400 lugares contaminantes elaborada por el Instituto Blacksmith(5). Información sobre este triste galardón se encuentra en numerosos medios de comunicación, como por ejemplo la website de la cadena británica "BBC Science" en la que puede leerse lo siguiente (ver link en bibliografía):
Entre los 10 lugares más contaminados de la Tierra está La Oroya, en Perú, un pueblo minero en los Andes donde se ubica una planta de fundición de metales.
Según el Instituto Blacksmith, la planta, propiedad de una empresa estadounidense, "es en gran parte responsable de los peligrosamente altos niveles de plomo que se han encontrado en los niños de la comunidad".
El informe menciona estudios llevados a cabo por el Ministerio de Salud del Perú, que indican que 99% de los niños que viven en y alrededor de La Oroya, han mostrado niveles que exceden las cantidades aceptables.
"Unas 35.000 personas están potencialmente afectadas por la contaminación en la zona", dice el informe.
Más detallada información se encuentra en el sitio del Instituto Blacksmith, que explica los criterios científicos seguidos para elaborar la lista de lugares más contaminados.
Historia
De 1902 a 1974 - En 1902, la empresa norteamericana "Cerro de Pasco Mining Co." inició sus actividades mineras en la región. La presencia de esta empresa se extendió hasta 1974 y durante estas siete décadas, se hizo con el monopolio de la explotación minera mediante la compra de 567 minas registradas oficialmente y que pertenecían a familias mineras oriundas de la zona. La construcción de la planta metalúrgica de La Oroya, se terminó en 1922, año en que empezó a funcionar.
1922 - El crecimiento de la ciudad de La Oroya, consecuencia de la instalación de la planta, se vió acompañado por la extensión de las actividades mineras de la empresa, que hasta entonces se había limitado a la producción de cobre. A partir de ese momento se empezó a producir plomo y veinte años más tarde se ofrecían ya 22 tipos de metales. La consecuencia de tal expansión, en aquellos tiempos en que no existía ninguna preocupación ambiental, resultó en una grave contaminación de las aguas de los ríos y lagunas, así como de las tierras y del aire. Esto causó un daño irreparable a la ganadería y la agricultura de la región, daño que la empresa no solucionó sino que acalló mediante una política de compras a bajo precio de las tierras y los ganados de los afectados. De este modo se silenciaron las protestas de las comunidades y de los dueños de las tierras y adicionalmente, se generó una reserva de mano de obra disponible, compuesta por los campesinos expulsados de sus tierras de origen.
La empresa extendió y diversificó sus actividades hasta 1968, año en que tuvo lugar el golpe de estado del General Juan Velasco Alvarado. Entre el año 1968 y la fecha de la nacionalización en 1974, la empresa se ocupó de buscar las mejores condiciones para su traspaso al Estado. El 1 de enero de 1974 la empresa fue nacionalizada.
Entre 1974 y 1997, la empresa pasó a manos del Estado, con el nombre de "Centromín Perú", pero desgraciadamente no se alteraron en lo más mínimo las prácticas contaminantes de la etapa anterior. Las chimeneas continuaron expulsando sus humos altamente contaminantes y los ríos Mantaro y Yaulí siguieron recibiendo los vertidos de aguas sucias, repletos de desechos minerales, de modo que la destrucción del medio ambiente siguió extendiéndose a los otros valles de la región.
75 años sin pensar en el medio ambiente – Durante los 75 años que transcurren desde la puesta en marcha del complejo metalúrgico de La Oroya, hasta el año 1997 en que se privatiza de nuevo la empresa y es comprada por "Doe Run", no se realiza ningún plan ni para reducir, ni para evitar la degradación del medio ambiente.
De 1997 a 2005 - En 1997 la empresa norteamericana "Doe Run Perú" compró el complejo metalúrgico. En aquel momento existía ya una gran sensibilización internacional y nacional hacia la conservación del medio ambiente y hacia el respeto a la salud humana. De este modo, aunque el contrato de venta se realizó a un precio muy bajo, se incluyó el compromiso de la empresa a llevar a cabo un plan de modernización de las instalaciones metalúrgicas y la adopción de nuevas tecnologías con el fin de solucionar el problema de la contaminación. La empresa se comprometió a implementar el PAMA (Programa de adecuación y manejo ambiental) elaborado por Centromín Perú en 1996 y a realizar los cambios necesarios en un plazo de 10 años, es decir hasta fines de 2006. Sin embargo al llegar la fecha señalada, la empresa solicitó del Gobierno una nueva extensión del plazo. El Gobierno, en una medida político-legal sin precedentes, concedió a la empresa una nueva extensión del plazo hasta el año 2009.
2005 – En el año 2005 el Instituto Blacksmith realiza por primera vez un estudio sobre los sitios más contaminantes del planeta. En el año 2007 volvió a repetirse la elaboración de la lista y se constató que a La Oroya, le corresponde el triste honor de ocupar la sexta posición. Los cinco primeros lugares se encuentran en Azerbaiján, en China y en la India. Dentro del continente americano, La Oroya es el lugar más contaminado. Dicho de otra manera, el año en que terminaba el plazo en que la empresa "Doe Run" debería haber solucionado el problema de la contaminación, la ciudad de La Oroya estaba en tan lamentable estado, que era el lugar más contaminado del continente americano.
En Mayo de 2008, la empresa Doe Run invitó al "Instituto Blacksmith", a visitar la empresa. El Instituto elaboró un informe posterior a dicha visita. Dicho informe, aunque reconoce que la empresa ha comenzado a dar pasos para cumplir sus obligaciones, no ha modificado el diagnóstico de la situación de La Oroya.
Progresos realizados y por realizar
Actualmente existe una gran sensibilización tanto en el ámbito internacional como en el nacional para exigir a la empresa y al Gobierno la protección del medio ambiente y de la salud de los pobladores de la región.
Sin embargo, hasta el año 2005 nunca se habían realizado controles de la polución de la planta de la refinería y sus efectos sobre la vida de la población. Dicho año, el Arzobispado de la Diócesis de Junín puso en marcha un programa de investigación en colaboración con la Universidad de St Louis (Missouri) para cuantificar el grado de contaminación y cómo se están dispersando los agentes contaminadores procedentes de la chimenea de la planta. El estudio de la Universidad de St Louis demostró la gravedad de la situación y ha servido de referencia para todos los estudios posteriores.
La organización OXFAM de América contribuyó financieramente al estudio realizado por la St Louis University acerca de la salud de los habitantes de la región de La Oroya. Adicionalmente apoyó un movimiento popular por la limpieza de La Oroya (Call for Clean Up in La Oroya en enero de 2006).
Llama la atención, sin embargo, que entre las prioridades de la Defensoría del Pueblo del Perú, cuya lista fue publicada en la prensa del Perú en Junio 2008 ("La República" Viernes 20 de Junio 2008), no figura ninguna mención a este gravísimo problema.
El Arzobispado de Huancayo (Junín) ha impulsado la creación de unas plataformas denominadas "Mesas para el diálogo" que tienen como finalidad conseguir el cumplimiento de los acuerdos, la reducción total de los elementos tóxicos y la protección de la salud de los habitantes. ¿Cuándo conseguirán devolver a los habitantes de La Oroya y sus alrededores el derecho a respirar sin miedo a envenenarse? ¿Cuándo recuperarán los habitantes del Valle del Río Mantaro su derecho a regar sus cultivos sin miedo al agua envenenada?
NOTAS: (1)1997 Febrero, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (2) 2005 Diciembre, Estudio sobre la contaminación ambiental en La Oroya y Concepción, Universidad de St Louis (pag. 42). (3)1999 - Estudio de plomo en sangre en una población seleccionada de La Oroya", DIGESA – Dirección General de Salud, Lima. (4) 2005, May - United States Agency for International Development, Peru Mission, Development of an Integrated Intervention Plan to Reduce Exposure to Lead and Other Contaminants in the Mining Center of La Oroya, Perú. (5) El Instituto Blacksmith, fundado en 1999, es una organización basada en Nueva York que apoya proyectos medio-ambientales relacionados con la contaminación. Uno de sus proyectos es la "Iniciativa sobre lugares contaminados" que identifica los lugares mas contaminados del planeta. El primer informe "Los lugares más contaminados del mundo" fue publicado en 2005 y el segundo en 2007en colaboración con la "Green Cross Switzerland". Este informe fue difundido por numerosos medios de información incluyendo la BBC, el National Geographic, el Time Magazine y Le Monde.
Bibliografía consultada:
1997 Febrero, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: aplicación y ejecución - Informe del Secretario General"- Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Referencia: E/CN.17/1997/8)
1999 - Estudio de plomo en sangre en una población seleccionada de La Oroya", DIGESA – Dirección General de Salud, Lima
2005, May - United States Agency for International Development, Peru Mission, Development of an Integrated Intervention Plan to Reduce Exposure to Lead and Other Contaminants in the Mining Center of La Oroya, Perú Prepared by: 1) Center for Disease Control and Prevention, 2) National Center for Environmental Health/ Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 3) Division of Emergency and Environmental Health Services
2005 Septiembre, Pajuelo Ramón, Medioambiente y Salud en La Oroya – Sistematización de un programa de intervención Editorial CooperAcción, Perú.
2005 Diciembre, Estudio sobre la contaminación ambiental en La Oroya y Concepción, Universidad de St Louis - División de Salud Ambiental - Facultad de Salud Pública - 3545 Lafayette Av. St. Louis, MO 63103; Arzobispado de Huancayo - Jr. Puno 430 – Huancayo
2006 Diciembre, Human Rights Petition on La Oroya to IACHR (Inter-American Commission for Human Rights)
2007 Junio – Discurso por el día Mundial del Medio-ambiente, Barreto P., Monseñor, Arzobispo de Huancayo
2007-2008 – "Diálogo Ambiental" Revista mensual. Arzobispado de Huancayo
2008 Mayo, Blacksmith Institute Site visit to the Doe Run Peru La Oroya Metallurgical Complex - Control of Process and Fugitive Emissions in the Plant and the Community - Brian Wilson, International Lead Management Center.
2008, "La agenda de la Defensoría del Pueblo" "La República" 20 de Junio 2008.
Websites consultadas: http://www.elmantarorevive.com.pe/ ; http://www.todosobrelaoroya.org/index.php; http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost/conf.htm (ONU sobre Medio Ambiente) ; http://www.eas.slu.edu/People/RWPasken/Home_Page/Peru.html (St Louis University); http://www.slu.edu/colleges/sph/envoc/research_laoroya.html (St Louis University); http://www.slu.edu/Documents/university/KnowledgeWinter07.pdf; http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_6065000/6065816.stm ; http://news.bbc.co.uk/player/nol/newsid_7100000/newsid_7106700/7106761.stm?bw=bb&mp=wm&asb=1&news=1&ms3=54&ms_javascript=true&bbcws=2 ; http://www.blacksmithinstitute.org/ y http://www.worstpolluted.org/ ; http://www.oxfamamerica.org/newsandpublications/news_updates/archive2006/news_update.2006-01-11.8660175981 ; http://www.terra.com.pe/noticias/articulo/html/act1281439.htm ; http://www.salvemoslaoroya.org/; http://www.salvemoslaoroya.org/pages/video4.html ; http://www.cooperaccion.org.pe/institucional.php; http://www.aida-americas.org/aida.php?page=laoroya.perucongress (Asociación Interamericana Defensa Ambiente).
AUTOR:AFRICA MELIS,fue funcionaria de la Comisión Europea hasta Septiembre de 2007. Actualmente está jubilada y coopera en proyectos de desarrollo.
FUENTE:SIN PERMISO
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jueves, 16 de octubre de 2008
sábado, 23 de agosto de 2008
FONDO DE COMBUSTIBLES: LOS INFILTRADOS SIGUEN ALLI
Hace 10 días, cuando se anunció que habría modificaciones al Fondo de Estabilización de los Combustibles, Alan García dijo que “se debía graduar el subsidio a la gasolina porque los que más se beneficiaban eran los que tenían auto o las mineras que tienen grandes utilidades y que usan diesel”. Podía suponerse que el subsidio universal que da el Fondo incorporaría algún criterio de “focalización” para, justamente, no beneficiar a las empresas mineras, entre otros usuarios.
Pero no. Hace dos días el Decreto de Urgencia 035-2008 modificó una serie de artículos de este Fondo, creado en el 2004, pero se mantiene el carácter universal del subsidio. Los que claman por “acabar con los infiltrados” en el Vaso de Leche (el niño de 8 años y el abuelito) no han dicho una palabra contra los “infiltrados” de cuello y corbata.
No solo eso. El Presidente de la Sociedad de Minería, Ysaac Cruz, dijo que si el precio del diesel subía, entonces sus costos también lo harían. Como no tienen a quien cargarle este aumento del diesel (porque los precios se determinan en el mercado internacional), esta alza afectaría sus utilidades y, también, al aporte voluntario que dan a las zonas mineras. Lo que no dicen es que ese óbolo es apenas una pequeña fracción de lo que deberían pagar por concepto del impuesto a las sobreganancias, prometido por García en la campaña electoral.
Increíble pero cierto. Se pensaría que las empresas mineras debían haber aplaudido la declaración del Presidente García, pues, de un lado, están obteniendo ganancias extraordinarias con los altísimos precios de los minerales y, de otro, la reducción del subsidio al diesel aumentaría los fondos para los programas sociales que benefician a los pobres. Otra vez, no.
Hay una razón adicional: se supone que estas empresas apuestan a las leyes del mercado, por lo que asumen que el precio a pagar por el diesel es el precio internacional. Dicho sea de paso, eso es lo que pagan en EEUU, Canadá y Australia (países mineros) donde no hay subsidio. Pero eso no vale en el Perú donde siguen gozando del subsidio, sin vergüenza alguna.
¿Cuánto subsidio reciben las mineras? La semana pasada lo calculamos en S/. 272 millones anuales, con datos del consumo provenientes del Balance Nacional de Energía (www.cristaldemira.com, 09/08/2008). Hemos vuelto a realizar este cálculo, esta vez con los datos de un informe de Macroconsult que se acaba de colgar en el Portal del Ministerio de Energía (1).
Según Macroconsult, las empresas mineras consumen 137.9 millones de galones al año de hidrocarburos líquidos, de los cuales el 62% es diesel, lo que nos da un consumo de diesel anual de 85.5 millones de galones. Si el subsidio del Estado es de 3 soles por galón (durante todo un año), entonces las mineras son subsidiadas con S/. 257 millones al año, cifra algo menor a la que publicamos la semana pasada.
No solo las mineras tienen subsidio. También los industriales y los pesqueros por S/. 232 y 25 millones, respectivamente, que lo seguirán recibiendo porque el subsidio universal del fondo no se ha eliminado. Si eso se hiciera, entonces los recortes al fondo (que ya se dieron, aumentando el precio de la gasolina y del diesel en casi 5%) podrían ser menores, lo que habría aliviado a los pobres, que son los más perjudicados con la inflación, que seguramente va a aumentar en agosto.
Pero no. Se ha preferido que el enorme trasatlántico de infiltrados siga desfilando bajo las narices del MEF y del MEM. Lo de siempre.
(1) www.minem.gob.pe/archivos/dgh/publicaciones/informe_macroconsult.pdf
AUTOR : HUMBERTO CAMPODONICO
FUENTE: CRISTAL DE MIRA,08/20/2008
SI DESEAS LEER OTRO PUNTO DE VISTA MIRA
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Pero no. Hace dos días el Decreto de Urgencia 035-2008 modificó una serie de artículos de este Fondo, creado en el 2004, pero se mantiene el carácter universal del subsidio. Los que claman por “acabar con los infiltrados” en el Vaso de Leche (el niño de 8 años y el abuelito) no han dicho una palabra contra los “infiltrados” de cuello y corbata.
No solo eso. El Presidente de la Sociedad de Minería, Ysaac Cruz, dijo que si el precio del diesel subía, entonces sus costos también lo harían. Como no tienen a quien cargarle este aumento del diesel (porque los precios se determinan en el mercado internacional), esta alza afectaría sus utilidades y, también, al aporte voluntario que dan a las zonas mineras. Lo que no dicen es que ese óbolo es apenas una pequeña fracción de lo que deberían pagar por concepto del impuesto a las sobreganancias, prometido por García en la campaña electoral.
Increíble pero cierto. Se pensaría que las empresas mineras debían haber aplaudido la declaración del Presidente García, pues, de un lado, están obteniendo ganancias extraordinarias con los altísimos precios de los minerales y, de otro, la reducción del subsidio al diesel aumentaría los fondos para los programas sociales que benefician a los pobres. Otra vez, no.
Hay una razón adicional: se supone que estas empresas apuestan a las leyes del mercado, por lo que asumen que el precio a pagar por el diesel es el precio internacional. Dicho sea de paso, eso es lo que pagan en EEUU, Canadá y Australia (países mineros) donde no hay subsidio. Pero eso no vale en el Perú donde siguen gozando del subsidio, sin vergüenza alguna.
¿Cuánto subsidio reciben las mineras? La semana pasada lo calculamos en S/. 272 millones anuales, con datos del consumo provenientes del Balance Nacional de Energía (www.cristaldemira.com, 09/08/2008). Hemos vuelto a realizar este cálculo, esta vez con los datos de un informe de Macroconsult que se acaba de colgar en el Portal del Ministerio de Energía (1).
Según Macroconsult, las empresas mineras consumen 137.9 millones de galones al año de hidrocarburos líquidos, de los cuales el 62% es diesel, lo que nos da un consumo de diesel anual de 85.5 millones de galones. Si el subsidio del Estado es de 3 soles por galón (durante todo un año), entonces las mineras son subsidiadas con S/. 257 millones al año, cifra algo menor a la que publicamos la semana pasada.
No solo las mineras tienen subsidio. También los industriales y los pesqueros por S/. 232 y 25 millones, respectivamente, que lo seguirán recibiendo porque el subsidio universal del fondo no se ha eliminado. Si eso se hiciera, entonces los recortes al fondo (que ya se dieron, aumentando el precio de la gasolina y del diesel en casi 5%) podrían ser menores, lo que habría aliviado a los pobres, que son los más perjudicados con la inflación, que seguramente va a aumentar en agosto.
Pero no. Se ha preferido que el enorme trasatlántico de infiltrados siga desfilando bajo las narices del MEF y del MEM. Lo de siempre.
(1) www.minem.gob.pe/archivos/dgh/publicaciones/informe_macroconsult.pdf
AUTOR : HUMBERTO CAMPODONICO
FUENTE: CRISTAL DE MIRA,08/20/2008
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miércoles, 28 de mayo de 2008
PRESIDENTE, ESTOS TAMBIEN SON PERROS?
Nada menos que 15 millones de hectáreas están otorgadas en concesión a empresas mineras. Es decir, se trata de áreas reservadas en las que una empresa tiene, con exclusividad, el derecho a explorar y, si encuentra mineral, a explotarlo, sacando a un costado de ser necesario a quienes son dueños de la tierra. Hay 15 millones de hectáreas reservadas como concesiones: casi no queda distrito de la sierra peruana que no tenga ya un “dueño minero”.
Pero apenas 5% de toda esa superficie, está en exploración o producción. El 95%, solo está “separadito”, “guardado” para más tarde. Por si acaso, las cifras son del ministro del sector.
El Presidente García en su artículo del perro del hortelano nos contó que si las comunidades campesinas vendieran sus tierras “en grandes lotes, traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. Pero resulta que mediante las concesiones mineras, esas tierras ya tienen lo que en la práctica es una propiedad privada sobre los recursos del subsuelo: sólo las empresas que tienen la concesión tienen derecho a explotarla, y nadie más. Esas concesiones son, precisamente, en grandes lotes. Pero solo se explora el 5% de las tierras, la veinteava parte. Más de 14 millones de hectáreas están concesionadas sin que se esté realizando ninguna exploración en ellas. Es decir, en la mayor parte del país ¿quien es dueño que no come ni deja comer? ¿quien ha separado millones de hectáreas para sí pero no les da una utilidad social? Las empresas mineras, evidentemente con el fin de especular con ellas, esperando pacientemente que sus tierras se valoricen con descubrimientos aledaños, alza de precios de metales o desarrollo de nuevas tecnologías.
El gobierno ha decidido poner un plazo de 12 años para explorar y poner en marcha una concesión minera. Quieren obligar a que se acelere la inversión, aún cuando la injusticia social en la minería, con las sobreganancias mineras, las subcontratas y services abusivas, la contaminación ambiental y la falta de respeto a los campesinos y comuneros que viven en el entorno, se mantienen. Quieren que los negocios se hagan rápido, rápido, mientras ellos están en el gobierno, para poder sacar provecho de ello.
Pero la pregunta más de fondo es:
¿porqué bienes que pertenece a toda la nación, como son los minerales, han sido privatizados, entregados en exclusividad contra pagos ínfimos, a empresas mineras por el simple hecho de que ellas dijeron “queremos este pedazo de tierra”? ¿Bajo que criterio se ha entregado esos terrenos a unos y no a otros, que podrían trabajarlos mejor?
Esta propiedad pública debe aprovecharse de acuerdo a un plan estratégico y con participación ciudadana, respetando los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, ir decidiendo que partes del territorio deben abrirse a la actividad minera, cuando y cómo. En ese momento, como se viene haciendo con los lotes petroleros, esos territorios puede ser entregada a privados, totalmente o en asociación con el Estado, para que empiecen la exploración que permitirá su aprovechamiento, pero de manera transparente y competitiva: mediante licitaciones públicas. Así, el que más esté dispuesto a pagar, se queda con el derecho y el estado logra mayores recursos. Las concesiones también deben darse con la obligación de las empresas privadas de entregar la información generada al estado, permitiendo así una mejor negociación y generando una base de datos y conocimientos que permita un mejor aprovechamiento de nuestros recursos.
El gobierno no ha dicho que hará con las concesiones revertidas al dominio público bajo la nueva legislación. Así como van las cosas, algo positivo como la reversión de algunas concesiones mal aprovechadas al estado, sin licitaciones de por medio puede convertirse en un nuevo espacio para grandes negocios, oscuros, entre grandes empresas mineras y los altos dirigentes apristas del gobierno.
AUTOR : PEDRO FRANCKE
PUBLICADO EN ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU, 5/21/2008
miércoles, 14 de mayo de 2008
PAIS MINERO O EMPRESAS MINERAS?
El Perú es un país minero.
En los últimos años las inversiones
mineras en
nuestro territorio han sido
grandes y se han puesto en
marcha proyectos de explotación que
están entre los más grandes de América
Latina.
Si en 1992 se extrajeron 25 mil Kg.
de oro fino, para el 2005 se produjeron
nada menos que 220 mil Kilogramos
por un valor de US$ 3 mil millones
de dólares. Este crecimiento de la producción
de oro está liderado por empresas
extranjeras o controladas por inversionistas
extranjeros, como la Minera
Yanacocha, que opera en Cajamarca
y es responsable de más de la mitad
de la producción nacional de oro.
Con respecto al cobre, la producción
vale más de US$ 3,600 millones de dólares.
La proporción de cobre producido
por las empresas mineras extranjeras
supera el 90%, siendo las principales
productoras Southern Peru, Antamina,
BHP Billiton y Cerro Verde.
La producción del zinc también aumentó
considerablemente, pasando
de 600 mil a 1 millón 200 mil toneladas
métricas finas de 1992 a 2005.
El valor sumado de la producción
de oro, cobre y zinc en el 2005 ascendió
a US$ 8,000 millones de dólares.
Dicho monto equivale a dos veces y
medio lo que gastó el Estado en educación
primaria y secundaria, salud,
protección y seguridad social para todos
los peruanos.
Sin embargo este crecimiento ha
sido liderado por las empresas transnacionales,
y hoy en día ni el Estado
ni la ciudadanía, tienen mayor control
sobre la explotación y destino de nuestras
riquezas.
La minería peruana ha pasado por
un proceso de crecimiento considerable.
En los últimos años los altos precios
internacionales han promovido
un nuevo auge de exploraciones. La
pregunta del millón es donde están todas
esas riquezas, si la pobreza sigue
afectando a la mayoría de peruanos.
AUTOR:ARTICULO PUBLICADO EN BAJO LA LUPA,AGOSTO 2007 #1
En los últimos años las inversiones
mineras en
nuestro territorio han sido
grandes y se han puesto en
marcha proyectos de explotación que
están entre los más grandes de América
Latina.
Si en 1992 se extrajeron 25 mil Kg.
de oro fino, para el 2005 se produjeron
nada menos que 220 mil Kilogramos
por un valor de US$ 3 mil millones
de dólares. Este crecimiento de la producción
de oro está liderado por empresas
extranjeras o controladas por inversionistas
extranjeros, como la Minera
Yanacocha, que opera en Cajamarca
y es responsable de más de la mitad
de la producción nacional de oro.
Con respecto al cobre, la producción
vale más de US$ 3,600 millones de dólares.
La proporción de cobre producido
por las empresas mineras extranjeras
supera el 90%, siendo las principales
productoras Southern Peru, Antamina,
BHP Billiton y Cerro Verde.
La producción del zinc también aumentó
considerablemente, pasando
de 600 mil a 1 millón 200 mil toneladas
métricas finas de 1992 a 2005.
El valor sumado de la producción
de oro, cobre y zinc en el 2005 ascendió
a US$ 8,000 millones de dólares.
Dicho monto equivale a dos veces y
medio lo que gastó el Estado en educación
primaria y secundaria, salud,
protección y seguridad social para todos
los peruanos.
Sin embargo este crecimiento ha
sido liderado por las empresas transnacionales,
y hoy en día ni el Estado
ni la ciudadanía, tienen mayor control
sobre la explotación y destino de nuestras
riquezas.
La minería peruana ha pasado por
un proceso de crecimiento considerable.
En los últimos años los altos precios
internacionales han promovido
un nuevo auge de exploraciones. La
pregunta del millón es donde están todas
esas riquezas, si la pobreza sigue
afectando a la mayoría de peruanos.
AUTOR:ARTICULO PUBLICADO EN BAJO LA LUPA,AGOSTO 2007 #1
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La minería es la actividad destinada a la obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. Este concepto también corresponde a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de elementos y es del cual se puede obtener un beneficio económico.
En nuestro país se considera que esta actividad es la más importante (o por lo menos una de las más importantes), por lo que desde que tenemos uso de la razón se nos ha machacado constantemente que el Perú es un país minero.
Ya desde épocas prehispánicas la actividad minera en el Perú tenía relativa importancia económica, pero no alcanzó intensidad industrial o de extracción masiva de los minerales.
Esta actividad cobra importancia vital en la economía del país desde la época de la presencia hispana, en que la extracción de minerales preciosos se comienza a ejecutar en forma intensiva e irracional, con la finalidad de exportar toda la producción a la Metrópoli.
Vamos por partes. Durante el Virreynato, de acuerdo a las leyes españolas, todo el territorio pertenecía a la Corona, la que se encargaba de otorgar el derecho de explotación de las minas bajo determinadas condiciones que satisfacían los requerimientos del gobierno (concesiones). En tanto las contribuciones y tributos del rey y de la iglesia fueran respetados, el minero podía desarrollar libremente su actividad. De hecho Hispanoamérica enviaba a España más de 20 millones de pesos de plata por año, que suponían el 62% de su producción total, reservándose el resto para su propia economía. Los Borbones realizaron una política de protección al sector, creando Tribunales y Escuelas de Minería, Bancos de Rescates, rebajando el quinto al décimo en el Perú (1736), regulando los envíos de azogue, sosteniendo un precio bajo para el mercurio y hasta mandando minerólogos y metalúrgicos extranjeros para tecnificar el tratamiento de los metales preciosos.
En Perú, la producción fue de 4 millones en 1700 hasta una media anual de 3,5 millones en la década de los veinte. Posteriormente, aumentó hasta los 6,5 millones en 1774 y 11 millones en 1790. En 1799 sobrevino otra contracción. Por entonces, las minas de Pasco competían con las del Potosí, sobrepasándolas ligeramente en 1804 (dieron 2,7 millones de pesos).
Al producirse la independencia del Perú, la propiedad de la tierra no pasa al Estado, sino que se respetan los derechos obtenidos por gracia del Rey de España incluyendo los derechos de propiedad otorgados. No se produce una reforma de la propiedad, ni se reparte la tierra entre los nuevos ciudadanos, sino que se mantienen los privilegios, derechos y obligaciones otorgados por el Rey (incluyendo las concesiones mineras).
Ninguna de las Constituciones peruanas del siglo XIX hace alusión alguna a la asignación de los derechos de propiedad, y menos aún se asume que la propiedad de la tierra es del nuevo Estado republicano (que, supuestamente reemplazaba al soberano español asumiendo dicha soberanía). En todas estas normas se habla del respeto a la propiedad privada, pero la propiedad privada sólo existía en base a títulos otorgados por la Corona española.
Durante todo el periodo republicano previo no existió una clara asignación de los derechos de propiedad manteniéndose en forma velada el mismo status quo proveniente del virreynato.
Respecto a la minería, el tema recién empieza a ser tocado directamente en la Constitución de 1920 que establece en su artículo 42º que la propiedad minera en toda su amplitud pertenece al Estado y que solo éste puede conceder la posesión o el usufructo de ésta en la forma y bajo las condiciones que las leyes dispongan.
No es coincidencia que precisamente cinco años antes, en octubre de 1915, se había instaurado la poderosa “Cerro de Pasco Cooper Corporation” de la fusión de “Cerro de Pasco Mining Corporation”, “Cerro de Pasco Railway” y “Morococha Mining” y que el gobierno de Leguía se caracterizara por la fuerte penetración de los capitales norteamericanos al país.
Tampoco lo es que esta Constitución erige por primera vez al Estado como el “protector de la raza indígena” y que la Nación reconoce la existencia de las comunidades de indígenas y la ley declarará los derechos que les correspondan.
En principio parecería que estas dos declaraciones no guardan relación entre sí, y que tienden a tener un tufo proteccionista y nacionalista. Sin embargo los efectos de las mismas no se dejaron esperar. En primer término se generaron procesos de reconocimiento de los linderos de las tierras reivindicadas por las Comunidades “indígenas” en base a los territorios reconocidos por la Corona Española en la época pre republicana. Es un tema conocido a través de la literatura el enfrentamiento entre éstas y la poderosa empresa minera que manipulaba los poderes del Estado según su conveniencia (Redoble por Rancas de Manuel Scorza es bastante ilustrativa).
Es precisamente el caso de Cerro de Pasco, como ciudad, como región, como zona, o como territorio el ejemplo más emblemático de los resultados desastrosos de la política minera del Estado republicano peruano. Cerro de Pasco es una de las ciudades más pobres y contaminadas del país, sin que haya recibido parte de la riqueza que fuera extraída de las entrañas de su tierra. El supuesto papel redistributivo del Estado nunca funcionó, y por el contrario, la minería dejó desolación, sufrimiento, hambre y muerte a su paso. La Oroya, es uno de los resabios vivos del paso de esta actividad minera y el valle del Mantaro, feraz y fecundo, sin embargo, es atravesado por un río muerto.
La Constitución de 1933 amplió aún más los términos de la política minera del Estado al establecer en su artículo 37º que “Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fijará las condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los particulares.”
Asi también fijó en forma mucho más directa la intervención del Estado en la propiedad de las Comunidades campesinas. En su Artículo 208º señala que “El Estado garantiza la integridad de la propiedad de las comunidades. La ley organizará el catastro correspondiente” y en su Artículo 209º que “la propiedad de las comunidades es imprescriptible e inajenable, salvo el caso de expropiación por causa de utilidad pública, previa indemnización. Es, asimismo, inembargable.”
Así, bajo la apariencia de la protección de la propiedad de las comunidades campesinas el Estado se atribuyó la función de delimitar o fijar los linderos de sus propiedades, limitando además su derecho de propiedad. Por otra parte se estableció el derecho del Estado para otorgar las concesiones mineras “a los particulares”, declarando que la minas pertenecen al Estado.
En otras palabras, no existía definición de los linderos de las tierras de las comunidades campesinas y sería el Estado el que los establecería y su derecho de propiedad quedaba absolutamente limitado convirtiéndose en intransferible, imprescriptible e inembargable, además de que si en tales territorios (por no llamarlos propiedades) se “otorgaba” una concesión minera, ésta prevalecería sobre cualquier otra actividad, puesto que el Estado era el propietario de las minas.
Este status quo se mantuvo durante todo el periodo de vigencia de la referida norma constitucional, asentándose el supuesto de que “el Perú es un país minero”. Pero la situación no mejoró con la Constitución de 1979, sino que nuevamente bajo un supuesto nacionalismo, que traía la inercia del gobierno militar de esa década, se fue más allá al declararse ambigüamente que “los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. Asimismo, que “Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fija las condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a los particulares.” Y que “El Estado fomenta y estimula la actividad minera. Protege la pequeña y mediana minería. Promueve la gran minería. Actúa como empresario y en las demás formas que establece la ley. La concesión minera obliga a su trabajo y otorga a su titular un derecho real, sujeto a las condiciones de ley.
Esto significó que la concesión minera adopta a partir de entonces la característica de ser “un derecho real”, equiparable al derecho de propiedad, “sujeto a las condiciones de ley”. Este nuevo status consagró a la minería con preponderancia respecto a cualquier otro derecho.
No se ganó mucho tampoco en materia de los derechos de propiedad de comunidades campesinas, puesto que en el capítulo correspondiente se mantuvo el concepto de que “Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la Comunidad” . La novedad se produce en cuanto a la posibilidad de su transferencia siempre y cuando sea “solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros calificados de esta, o en caso de expropiación por necesidad y utilidad públicas. En ambos casos con pago previo en dinero.”
Por su parte, la actual Constitución de 1993 mantiene el mismo concepto al establecer en su artículo 66° que “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.”
En cuanto a la propiedad de Comunidades Campesinas establece en artículo 89º que éstas son autónomas en “el uso y la libre disposición de sus tierras,(…), dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono.”
Como podemos apreciar, la ambigüedad respecto al tratamiento de la propiedad, en especial la referida a Comunidades Campesinas y la política pública respecto a la actividad minera tarde o temprano tenían que llevar a una situación de conflicto.
Cuando la actividad minera se desarrollaba en zonas de difícil acceso y el control de los medios de información estaba en manos de los grupos de poder que generalmente se encuentran fuertemente vinculados con las grandes empresas mineras, no se percibía la reacción de la población directamente afectada. El manejo abusivo de las condiciones laborales, ambientales y sociales era cubierto con un manto de protección por parte de los diversos poderes del Estado y aparentemente no se producían grandes problemas o en todo caso éstos eran resueltos enviando tropas o policía antimotines o las reclamaciones se extraviaban en los pasillos de las Cortes y del Palacio de Justicia en Lima.
Pero el acceso a la información y la mayor apertura democrática, conllevan un proceso de reconocimiento de los derechos de las personas, y en especial a la reformulación respecto a si el lineamiento trazado en base a intereses particulares y no sociales en nuestras constituciones es el más conveniente al país y en especial a sus habitantes.
Mientras los derechos y la asignación de los mismos no se encuentre debidamente establecida, la declaración de que los recursos minerales son del Estado genera una distorsión tan grande, que la sola participación del mismo en la concesión de la exploración y explotación minera, basada en apreciaciones meramente burocráticas y sin participación de los propietarios de las tierras y de los vecinos colindantes de una actividad altamente contaminante, seguirá generándose una reacción anti minera fuerte.
Nos resulta risible que algunos pretendan recurrir al análisis económico del derecho, bajo el pretexto de interpretar los ejemplos que formula Ronald Coase en casos similares al de Majaz. Simplemente en nuestro país no es posible aplicar el famoso Teorema de Coase, puesto que las condiciones no se presentan para ello, en principio porque precisamente LOS DERECHOS NO ESTAN ESTABLECIDOS CON CLARIDAD, SIN LAGUNAS NI CONTRADICCIONES.
En el Perú no podemos hablar del respeto irrestricto del Derecho de Propiedad si por encima de él se superpone el derecho del Estado sobre los minerales que se encuentran dentro de un predio privado. Esta es una seria contradicción, que nos lleva a absurdos tales como el del ejemplo del patio de una casa en el que se encuentre una veta de oro o un pozo de petróleo.
Pongámonos en estos términos en la situación de que precisamente en nuestra propiedad se halla una veta mineral explotable. De acuerdo a los privilegios constitucionales dicho mineral pertenece al Estado. Hasta ahí la cosa es más o menos entendible. Pero el tema se pone inquietante cuando el Estado, por no decir la burocracia gobernante, asigna el derecho a la explotación de ese recurso a una empresa equis y nos notifica que debemos darle todas las facilidades para la realización de sus actividades en el patio de nuestra casa. Además de que toda nuestra vida se trastornará, dicha actividad generará desorden, suciedad, contaminación, manejo de residuos, utilización del agua, etc., etc., etc. Pero lo peor de todo es que agotada la veta, la empresa equis simplemente se retirará de nuestro predio dejando todo sin hacer mayor arreglo o restitución de las cosas a su estado anterior. ¿consideraríamos justa esta situación?
Pues es eso precisamente lo que está pasando con la minería y las comunidades campesinas y nativas. En principio a éstas se les consideró siempre con una ciudadanía de segunda categoría, susceptibles de protección por parte del Estado paternalista, que supuestamente debe velar por sus territorios linderándolos o limitándolos. Las comunidades campesinas son dueñas de sus predios, pero no pueden hacer nada con ellos, no pueden transferirlos, darlos en garantía y menos aún pueden negociar libremente la forma en que se explotarán los recursos que se encuentren dentro de ellos.
El Estado negocia por ellas, el Estado (la burocracia) decide si la actividad minera es buena o no, el Estado decide el destino de los recursos provenientes de los tributos provenientes de la explotación minera, el Estado (desde Lima) decide finalmente el destino de la población afectada.
La ambigüedad de las normas impide que el abuso y la prepotencia sean sancionados. El Estado en lugar de otorgar las garantías necesarias para el libre desempeño del derecho de propiedad actúa como un elemento distorsionante al no brindar la seguridad jurídica necesaria, otorgando un blindaje (incluso constitucional) a la actividad minera, inclinando la balanza legal hacia un solo lado.
Cuando los derechos de propiedad no se encuentran debidamente definidos y se producen distorsiones que hacen imposible determinar los costos reales de la actividad productiva, tampoco es posible definir que actividad resulta más beneficiosa para la sociedad.
Esta me parece que es la explicación más racional respecto a la reacción de las Comunidades de Tambogrande y de Ayabaca. Sólo si entendemos que es necesario modificar muchos de los conceptos que fueron influidos y pre concebidos por actores influyentes podremos determinar si realmente el Perú es un país minero.
Seguramente si establecemos con claridad y precisión la asignación de los derechos de propiedad será más fácil entrar a conciliar las posiciones para permitir o impedir libremente el desarrollo de determinadas actividades (no sólo las mineras) en nuestro país. Esto pasa por reconocer debidamente los derechos de propiedad, asignarlos adecuadamente, y poner en igualdad de condiciones a los actores involucrados, sin distorsiones.