miércoles, 23 de diciembre de 2009

Las virtudes de un impuesto sobre las transacciones financieras


Hay un creciente movimiento tanto en EEUU como alrededor del mundo para gravar impositivamente la especulación financiera. La lógica es simple: incluso un muy pequeño impuesto sobre los acuerdos sobre opciones de compra de acciones, los seguros derivados de crédito y otros instrumentos también derivados puede aportar una enorme cantidad de ingresos.

Incluso aceptando importantes reducciones en el volumen de actividad en razón del impuesto, el país podría aún subir más de 100.000 millones de dólares al año de ingresos o más de un billón a lo largo del horizonte de 10 años de presupuesto. Los costes comerciales han caído en picado a lo largo de las tres últimas décadas debido a las mejoras en la tecnología de los ordenadores. Por consiguiente, impuestos modestos a la especulación financiera, tal como un 0,25% de una compra o venta de un stock de acciones, sólo aumentaría los costos comerciales del tipo que ya existía en los 70 u 80.

Los EEUU tenían un efervescente y bien desarrollado mercado de capitales en aquellas décadas, así que no hay razón alguna para creer que aumentando los costos comerciales a niveles de entonces podría impedir a estos mercados el desempeño de su función económica. Mayores costos comerciales solamente actuarían para desmotivar a la especulación.

Además, la mayor parte del dinero incrementado mediante el impuesto sería extraído de los bolsillos de la pandilla de Wall Street, los mismos chicos cuya avaricia nos trajo este desastre económico. ¿Qué mejor regalo de fiestas podríamos dar a Wall Street que la oportunidad de compensar parte del daño que ha causado al país?

No hay argumento de peso contra las ventajas de un impuesto a la especulación, así que muchos de los oponentes se centran en materia de cumplimiento. Afirman que si nosotros imponemos un impuesto unilateralmente en los EEUU, entonces todo el comercio se largará al exterior, de manera que no debemos recaudar ningún ingreso.

Hay tres problemas con este razonamiento. Primero, ya tenemos un modelo que desmiente la afirmación básica. El Reino Unido ha tenido un impuesto sobre el comercio de acciones durante décadas. Comparativamente al tamaño de su economía, supone el equivalente a más de 30.000 millones de dólares al año en EEUU, sin más que la tasación del comercio de acciones. Obviamente este comercio no se ha largado al exterior.

Si la realidad no es una refutación suficiente de este argumento, podemos también volver a la lógica elemental del razonamiento. Los líderes de muchos otros países ricos han mostrado ya su apoyo para imponer tasas a las transacciones financieras después de la crisis. Si los EEUU se hubieran unido con los líderes de Alemania, Francia, el Reino Unido y otros países cuyos líderes han declarado públicamente su apoyo por los impuestos a las transacciones financieras, es difícil creer que no se podría alcanzar un acuerdo internacional. Esto no es una condición necesaria para imponer exitosamente un impuesto a la especulación, como el ejemplo del Reino Unido muestra, pero la coordinación internacional sería sin embargo deseable.

Surge entonces la pregunta sobre lugares como Lichtenstein y las Islas Caimán, que pueden al parecer operar como paraísos fiscales, permitiendo a los especuladores escapar al impuesto. Este argumento también pone a prueba la credulidad. ¿Pueden estos minúsculos países actuar realmente de manera perniciosa para los intereses de los países más grandes y poderosos del mundo?

¿Qué podría pasar si en lugar de ser paraísos fiscales, estos países se permitieran ser usados como corredores de armas por Al Queda? ¿Podrían el Presidente Obama y otros líderes mundiales cruzarse de brazos y lloriquear que no hay nada que pueda hacerse? La verdad es que estos paraísos fiscales solamente pueden existir por la cooperación gustosa de las naciones ricas. Si hubieran cortado el acceso al sistema bancario internacional, su utilidad como paraísos fiscales rápidamente desaparecería. Los evasores fiscales del mundo no llenarán los barcos con oro para esconder sus ingresos en las Islas Caimán.

También podemos ser un poco ingeniosos y tomar medidas enérgicas con los evasores. Supongamos que damos una recompensa del 10% de los impuestos recolectados a los trabajadores que entregaran a sus jefes al fiscal. Hay pocos mil millonarios de Wall Street que hagan físicamente ellos mismos el comercio. Tienen asistentes para esta tarea. Y muchos de estos asistentes estarán felices de hacerse ricos entregando a sus jefes.

En realidad, la idea de que un impuesto a la especulación no se puede cumplir es claramente ridícula. Compárese las dificultades para hacer respetar un impuesto sobre la especulación con el respeto a la propiedad intelectual. En el caso de un impuesto a la especulación la cuestión se trata de un relativamente pequeño número de transacciones muy sustancioisas. Nadie se preocupa si el comercio que implica unos cuantos miles de dólares escapa a los impuestos. La cuestión real es por el contrario un relativamente pequeño número de operaciones que afectan a millones, o incluso a miles de millones, de dólares.

En contraste, hacer respetar la propiedad intelectual supone miles de millones de pequeñas transacciones que afectan a películas con un precio de propiedad intelectual protegida de 15 o 20 dólares o canciones con un precio de propiedad intelectual protegida de menos de un dólar. El problema de hacer respetar la propiedad intelectual es varios órdenes de magnitud mayor que el problema de hacer respetar la imposición a las transacciones financieras. Nadie de los que insisten en la imposibilidad de hacer respetar un impuesto a las transacciones financieras ha dicho aún que la propiedad intelectual no se pueda hacer cumplir. La cuestión es claramente qué se quiere hacer cumplir, no el problema de qué es susceptible de hacerse cumplir.

El país no puede dejarse timar indefinidamente por la pandilla de Wall Street. Podemos hacerles pagar un precio por el daño que han causado. Hemos de prestar oídos sordos a los apologistas de Wall Street y ponernos serios.

AUTOR : Dean Baker es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR).
FUENTE : SIN PERMISO

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