La economía mundial se enfrenta a un problema de proporciones: los grandes bancos de los Estados Unidos siguen siendo "demasiado grandes para quebrar", lo que significa que si uno o varios de ellos estuvieran en graves problemas, el gobierno tendría que salvarlos porque las consecuencias de la inacción son demasiado sombrías.
Muchos reconocen este problema: no sólo autoridades de gobierno, sino los mismos directivos de los bancos. De hecho, hay casi unanimidad en torno a que corregirlo es asunto de máxima prioridad. Hasta Jamie Dimon, el poderoso presidente del muy grande JP Morgan Chase, recalca que hay que poner fin al "demasiado grande para quebrar."
Lamentablemente, el enfoque que ha propuesto la administración Obama para poner punto final a este problema (que ahora ha de abordar el Congreso estadounidense) está condenado al fracaso.
La atención legislativa se centra en la actualidad en el proyecto de ley de reforma financiera del Senador Christopher Dodd, que la ha hecho llegar al Comité de Asuntos Bancarios del Senado y que probablemente se debata pronto en la cámara alta. El proyecto de Dodd crearía una "autoridad resolutiva", es decir, una entidad de gobierno con poder legal para intervenir y cerrar las instituciones financieras fallidas.
Quienes proponen el proyecto argumentan que su enfoque se basa en el éxito de la Corporación Federal de Seguros de los Depósitos Bancario (FDIC), que tiene un largo historial de cierre de bancos de tamaños pequeño y medio en los EE.UU., causando un mínimo de perturbaciones y sin pérdidas para los depositantes. En este contexto, "resolutivo" significa que se despide a los gerentes del banco, se borra de un plumazo a los accionistas y los acreedores que no cuentan con seguros pueden sufrir pérdidas. En esencia, esta es una forma de bancarrota, aunque con un mayor nivel de discreción administrativa (y, supuestamente, más protección para los depositantes) del que sería posible en un proceso supervisado por los tribunales.
Aplicar este proceso a bancos de gran tamaño y a instituciones financieras que no son formalmente bancos (y que no tienen depósitos de particulares asegurados) se lee bien en el papel. Sin embargo, en la práctica implica dificultades insuperables.
Piénsese en el momento crítico en que haya que tomar la decisión, cuando un megabanco, como JP Morgan Chase (con una hoja de balance de cerca de 2 billones de dólares) pueda estar al borde de la quiebra. Usted es una autoridad de alto nivel, quizás el Secretario del Tesoro y un asesor clave del Presidente de los Estados Unidos, porque allí es donde debe cortarse el cable.
Tiene entre sus armas la Autoridad Resolutiva del Senador Dodd y entra a una reunión decisiva, firmemente decidido a no salvar al banco en apuros o, en el peor de los casos, a salvarlo con un recorte (es decir, pérdidas) sustanciales para los acreedores no asegurados. Entonces, alguien le recuerda que JP Morgan Chase es una compleja institución financiera global.
La Autoridad promovida por Dodd permite al gobierno estadounidense únicamente determinar los términos de una intervención oficial dentro de EE.UU. En decenas de otros países donde JP Morgan posee filiales, sucursales y otros tipos de negocios, sería una bancarrota hecha y derecha, y varios gobiernos entrarían al juego con distintas disposiciones ad hoc.
Las consecuencias de esta combinación de respuestas sin coordinar serían amplias, espeluznantes y cercanas al caos, exactamente lo que ocurrió con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, y cuando el gobierno estadounidense tomó el control de AIG (de hecho, en una estructura de tipo resolutivo que implicó pérdidas para los acreedores) dos días más tarde
La existencia de una autoridad resolutiva estadounidense no ayuda a contener el temor ni a limitar el pánico que ocasiona un gran banco global en problemas. La quiebra de un banco así se manejaría de manera más ordenada si se utilizara una entidad resolutiva trasnacional. Sin embargo, no existen mecanismos de este tipo, ni perspectivas de que se cree alguno en el futuro cercano. Las autoridades responsables de otros países del G-20 son muy claras al respecto: nadie va a acordar de antemano una manera específica de manejar la caída de ningún banco de gran tamaño.
En el momento en que JP Morgan Chase -o cualquiera de los seis grandes bancos de Estados Unidos- caiga, la opción será la misma de septiembre de 2008: ¿Se lo rescata, o se lo deja caer, enfrentando el riesgo de que se desate el caos en los mercados y se repita la Gran Depresión?
¿Qué decidirá el presidente? Puede que haya prometido, incluso públicamente, que los acreedores han de ser quienes sufran las pérdidas, pero al borde del precipicio, ¿qué le va a recomendar el acosado asesor? ¿Realmente va a argumentar que debe dar el salto, y lanzar al abismo los empleos y las viviendas de millones de personas y sus familias? ¿O dará un paso atrás y encontrará alguna nueva e ingeniosa manera de salvar el banco y proteger a sus acreedores con dineros públicos, la Reserva Federal, o algún otro poder de emergencia?
Con toda probabilidad, dará un paso atrás. Cuando ya se han hecho las apuestas, es mucho menos atemorizante salvar un megabanco que dejarlo caer.
Por supuesto, los mercados crediticios lo saben, así que les prestan a menor interés a JP Morgan Chase y a otros megabancos que a los bancos de menor tamaño que realmente pueden terminar en la quiebra. Y esto hace que los grandes crezcan todavía más. Y mientras más grandes son, más a salvo están los acreedores... ya podemos ver hacia dónde va todo esto.
El proyecto del Senador Dodd, tal como está redactado hoy, no pondrá fin al "demasiado grande para quebrar". Como se puede inferir del título de mi nuevo libro, cuya autoría comparto con James Kwak, 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown (13 bancos: La toma de control de Wall Street y el próximo desastre financiero), las consecuencias globales serán muy serias.
AUTOR : Simon Johnson, ex economista jefe del FMI, es co-fundador de una economía líder en blog, http://BaselineScenario.com, profesor en el MIT Sloan, e investigador asociado en el Instituto Peterson de Economía Internacional.
Traducido por David Meléndez Tormen
FUENTE : PROJECT SYNDICATE
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