Aunque British Petroleum (BP) ha recibido algunas críticas sobre el derrame que provocó en el Golfo de México, es notable cuán limitado es el enojo en realidad. Muchos defensores de la empresa han señalado un punto obvio: fue un accidente. BP no buscó provocar el vertido masivo de crudo que mató a 11 personas, devastó el ecosistema del Golfo y amenazó los medios de subsistencia de cientos de miles de trabajadores.
Obviamente esto es cierto, pero también es verdad que cuando un conductor ebrio comanda un autobus escolar no es su intención verse implicado en un choque de consecuencias fatídicas. Como sociedad, no nos vemos en problemas para señalar al conductor borracho como responsable por las predecibles consecuencias de su temeridad. Conducir mientras se está ebrio incrementa sustancialmente el riesgo de accidentes. Y esta es la razón por la que se le castiga con severidad. Una persona que es responsable de un accidente fatal mientras conduce en estado de ebriedad sabe que se enfrenta a muchos años de prisión. Asimismo, quien conduce borracho sin haber ocasionado ningún accidente a menudo sufre también un tiempo en la cárcel, por el riesgo que impone a los demás.
Esto eleva la cuestión sobre por qué la opinión pública parece aceptar que los principales directivos de BP, quienes economizan a costa de la salud humana y del medioambiente, y hacen jugadas riesgosas en sus proyectos de perforación, deben tener “sus vidas de vuelta”, como manifestó el presidente de BP, Tony Hayward. La gente que perdió sus medios de subsistencia como resultado del derrame provocado por BP no han visto devueltas sus vidas, ni siquiera BP les ha pagado alguna compensación. Ciertamente, a los 11 trabajadores muertos en la explosión original nadie les devolverá sus vidas. ¿Por qué deberían los responsables de este daño poder reanudar sus vidas de lujo?
Hay dos cuestiones diferentes en este planteo. La primera es un detalle jurídico respecto a en qué medida Hayward y otros ejecutivos de alto nivel pueden ser penalmente responsabilizados por el accidente. Podría darse el caso de que se redacten leyes para que aún en el caso de que las empresas cometan flagrantes negligencias que generen grandes daños, incluyendo múltiples muertes, sus directivos no sean criminalmente responsables. Este es un interrogante sobre el estado de la legislación actual.
La segunda cuestión es de tipo moral y económico sobre lo que las leyes deberían apuntar a ser. Desde ambos puntos de vista, es muy difícil ver por qué deberíamos decir que el comportamiento temerario, que sería castigado con largas sentencias de prisión si proviene de un individuo, de algún modo escapa a sanciones serias si el mismo sujeto está enmarcado en la búsqueda de beneficios empresariales. ¿Estamos otorgando una licencia “libre de cárcel” a la gente que usa el sombrero de directivo de una corporación? Esto carece de sentido.
Sólo por tomar el caso extremo, supongamos que Tony Hayward regresaba velozmente a su despacho luego de un almuerzo regado con tres Martini para preparar un documento relativo al jugoso contrato que acaba de negociar. En el camino, choca contra un autobus escolar y mata a 11 niños. ¿Tendría sentido absolverlo de su culpabilidad por estas muertes porque fueron consecuencia de su esfuerzo por incrementar los beneficios de BP? Y, si esto no tiene sentido alguno, ¿por qué debería tenerlo la absolución de la responsabilidad por las muertes de 11 trabajadores de la perforación petrolera que fueron resultado directo de su decisión de economizar gastos para incrementar ganancias?
Podemos hacer la misma pregunta sobre la responsabilidad de los altos ejecutivos de Massey Energy Company, cuyas medidas de seguridad insuficientes causaron la explosión que costó la vida de 29 trabajadores. También deberíamos preguntar por qué los altos ejecutivos de la UtahAmerican Energy Company no estuvieron sujetos a un proceso judicial criminal cuando su imprudencia condujo a la muerte de 6 mineros y 3 rescatadores en el derrumbe de una mina en 2007. En estos casos y muchos otros el problema no fue simple mala suerte. En los tres casos, los accidentes fueron un resultado directo de su actuación imprudente por parte de la administración de estas empresas. Ignoraron por completo las medidas de seguridad habituales con el objeto de ahorrar dinero.
Obviamente, la mayoría de los actos de imprudencia no terminan en fatalidades, así como la gran mayoría de incidentes de conducción bajo los efectos del alcohol no acaban en choques fatales. De todos modos, cuando son atrapados, debemos castigar a los conductores ebrios por su imprudencia. Los ejecutivos de las principales compañías petroleras cuyos planes de limpieza para el Golfo de México implican procedimientos para rescatar morsas encontrarían el asunto menos divertido si implicara algún tiempo en prisión. ¿Existe alguna razón por la que no debería implicarlo?
El problema es que el gobierno ha estado controlado durante mucho tiempo por conservadores indulgentes con el crimen. Están inclinados a mirar hacia otro lado y hacer concesión tras concesión a los criminales, mientras sean de cuello blanco y pertenezcan a los mejores barrios cerrados.
Esto debe llegar a su fin. El país no puede permitirse privilegios especiales para los criminales de clase alta. Es el momento de adoptar una postura inflexible sobre los delincuentes que habitan las suites empresariales. Tenemos que decirles a los altos ejecutivos de BP, Massey, Goldman Sachs y a todos los demás que “el que la hace la paga”.
N. de la T.: En el texto en inglés, Baker utiliza el refrán “don’t do the crime, if you can’t do the time”, popularizado en las décadas de 1960-70 por la cortina musical de la serie televisiva “Baretta”.
AUTOR : Dean Baker es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR). Es autor de Plunder and Blunder: The Rise and Fall of the Bubble Economy, así como de False Profits: Recoverying From the Bubble Economy
Traducción Camila Vollenweider
FUENTE : SIN PERMISO
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