Este año los Estados Unidos tienen un déficit presupuestal significativo que puede ser de 1.3 billones (10% del PIB) y las previsiones de largo plazo son preocupantes. De acuerdo con la Oficina Presupuestal del Congreso (CBO, el principal grupo de expertos independiente), el Social Security (Seguridad Social) junto con el Medicare (Servicios Médicos) y otros programas de salud, crecerán hasta consumir casi todos los ingresos fiscales para 2035.
Los Estados Unidos pueden financiar estos déficits en el corto plazo –de hecho, las tasas de interés de los bonos del tesoro de ese país recientemente cayeron a niveles bajos sin precedentes. Sin embargo, si no se hacen esfuerzos serios para lograr la consolidación fiscal habrá problemas graves más adelante, tanto para los Estados Unidos como para la economía mundial. Por consiguiente, los Estados Unidos necesitan urgentemente empezar a realizar cuatro cambios serios.
El primero es una amplia reforma fiscal que tenga por objetivo armonizar la política fiscal con incentivos económicos deseables. En particular, los Estados Unidos deben considerar la introducción de un impuesto al valor agregado (IVA), utilizado extensamente en otros países industrializados. Al establecer un impuesto al consumo en cada etapa de la cadena de producción, dicho país podría reducir el consumo excesivo que contribuyó a generar la reciente burbuja de crédito, fomentando el ahorro y la inversión en su lugar. Con seguridad, un IVA simple es regresivo aunque se puede hacer progresivo combinándolo con una devolución parcial o exentando necesidades básicas.
Además, los Estados Unidos deben examinar minuciosamente los incentivos fiscales que en la práctica funcionan como programas públicos. Se puede empezar por las deducciones fiscales a los pagos de los intereses de las hipotecas de las viviendas. Las deducciones están actualmente disponibles en las hipotecas de hasta un millón de dólares, lo que constituye un elemento central de los excesivos incentivos de los Estados Unidos para comprar viviendas –una política evitada por gran parte de los demás países industrializados.
El segundo cambio son los precios del carbono, por medio de subasta de asignaciones de emisiones o por imposición directa al carbono, a tasas inicialmente bajas y que aumenten en las siguientes décadas. Dado el gran potencial de ingresos –en 2008 la CBO estimó que una propuesta podría generar beneficios de 145 mil millones de dólares en 2012 y más en años subsiguientes- sería lógico destinar una proporción para amortiguar el impacto para los pobres de precios más altos de los energéticos mientras que se aplica el resto para el equilibrio fiscal.
Los opositores señalan que los precios del carbono afectarían el crecimiento económico. Sin embargo, un estudio reciente solicitado por el semanario The Economist muestra que un impuesto al carbono incrementaría los ingresos gubernamentales y la producción económica –principalmente mediante la sustitución de los ineficaces subsidios energéticos actuales.
El tercer cambio es un impuesto al sector financiero, en la forma de un impuesto a las actividades financieras sobre las ganancias y remuneraciones de los grandes bancos que gozan de garantías gubernamentales implícitas. El Fondo Monetario Internacional estima que esta forma de impuesto al valor agregado podría generar entre el 0.5 y 1.0 punto porcentual del PIB en recaudación.
Además, dicho impuesto serviría para eliminar la ventaja de financiamiento que los grandes bancos tienen sobre sus pequeños competidores, mientras que limita los incentivos de mayor crecimiento de los bancos grandes. Como señala el FMI, si se aplica en todo el G-20, el impuesto a las actividades financieras ayudaría a restringir las peores características del sistema financiero y reduciría las distorsiones de competencia creadas por los megabancos.
Finalmente, queda el asunto del gasto en prestaciones, que es una cuestión principalmente de los costos de los servicios de salud. De acuerdo con el escenario fiscal alternativo de la CBO, el crecimiento del Social Security es relativamente modesto, de 4.8% del PIB en 2010 al 6.2% en 2035. Un cambio relativamente menor en los parámetros de este programa podría disminuir su costo futuro como se hizo en los años ochenta. Al mismo tiempo, sin embargo, el costo relativo de Medicare, Medicaid y otros programas de salud será de más del doble, del 4.5% al 10.9% del PIB.
Hay dos maneras de reducir los desembolsos del gobierno para los servicios de salud: reducir la oferta de servicios de salud que el gobierno compra, o reducir el costo de dichos servicios. La solución más simple es un mandato para que el gobierno compre menos servicios de salud –mediante un aumento de la edad mínima para recibir el Medicare, poniendo un tope a los beneficios para los que tienen mayores ingresos y así sucesivamente.
Para empezar, el problema con este enfoque es que el Medicare no es particularmente generoso. Si se incrementa la edad mínima, la responsabilidad de ofrecer servicios de salud para muchas personas simplemente pasaría a sus empleadores, lo que resultaría en mayores costos de servicios de salud para todos los trabajadores. Una mejor solución es pensar cómo reducir dichos costos.
La reforma de este año al sistema de salud, la Ley de Servicio de Salud Asequible (ACA por sus siglas en inglés) es un comienzo. De acuerdo con los datos de la CBO, la ACA reducirá el déficit de largo plazo en dos puntos porcentuales del PIB al año. Lo prioritario debe ser la preservación y expansión de sus provisiones que reducen costos. Otro paso obvio que se debe considerar es la eliminación gradual de la exención tributaria para los programas de salud patrocinados por los empleadores, que no sólo incrementaría la recaudación sino también terminaría con los efectos distorsionadores de los subsidios de los empleadores al sistema de salud.
Sin embargo, los esfuerzos para abordar los costos del sistema de salud siguen siendo obstaculizados por la renuencia generalizada para tratar asuntos delicados, como lo personificó el escándalo sobre el “panel de la muerte” de hace un año. Rediseñar el sistema de salud estadounidense a fin de que se centre en resultados positivos y una mejor calidad de vida, y no en la utilización de la tecnología más cara y más avanzada, es un desafío para el cual nadie tiene una solución garantizada. Sigue siendo, más que cualquier otro factor, la clave para la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
AUTOR : Simon Johnson, ex economista jefe de uno del FMI, es co-fundador de una economía líder en blog, http://BaselineScenario.com, profesor en el MIT Sloan, e investigador asociado en el Instituto Peterson de Economía Internacional. - James Kwak es un empresario y un estudiante en Yale Law School. Es co - autor, junto con Simon Johnson, de 13 Banqueros : The Takeover Wall Street y la crisis financiera Siguiente.
FUENTE : PROJECT SYNDICATE
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