La opinión establecida actualmente sobre la zona del euro es la de que la crisis está superada: la intensa –y en muchos casos existencial – preocupación de un momento anterior de este año sobre el futuro de la moneda común ha quedado aplacada y ahora todo vuelve a estar controlado.
Pero no corresponde en nada a la realidad factual. Los mercados de bonos europeos están enviando de nuevo un mensaje escalofriante a las autoridades mundiales. Como los bonos de las naciones “periféricas” de la zona del euro siguen perdiendo valor, el riesgo de quiebras soberanas irlandesa, griega y portuguesa es mayor que nunca.
Es así, pese al plan de rescate combinado que la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo crearon para Grecia el pasado mes de mayo y pese al programa continuo de compra de bonos de los países periféricos de la UE por parte del BCE. Cuando faltan sólo unas semanas para sus reuniones anuales (a las que seguirá la cumbre del G-20 en Seúl en noviembre), el FMI está cediendo a las presiones para que aporte sumas cada vez mayores a la UE con condiciones cada vez más laxas.
De hecho, la retórica oficial ha vuelto a intentar persuadir a los mercados para que pasen por alto la realidad. Patrick Honohan, gobernador del Banco Central de Irlanda, ha calificado de “ridículos” (en el sentido de ridículamente altos) los tipos de interés de los bonos estatales irlandeses y los investigadores del FMI sostienen que la quiebra en Irlanda y en Grecia es “innecesaria, inconveniente e improbable”.
Semejante afirmación resulta desconcertante, al recordarnos la situación de la primavera pasada, cuando Jean-Claude Trichet, Presidente del BCE, arremetió contra un mercado de bonos escéptico y declaró inconcebible una quiebra griega, pero hoy los mercados creen que hay un 50 por ciento de posibilidades de que Grecia quiebre en los cinco próximos años... y un 25 por ciento de posibilidades de que lo mismo le ocurra a Irlanda. La razón es sencilla: probablemente tanto Grecia como Irlanda sean insolventes.
Mientras que el fiasco fiscal griego es ahora de dominio público, los problemas de Irlanda son más profundos y son menos quienes los entienden. Dicho en pocas palabras: las autoridades de Irlanda no supervisaron sus bancos y contemplaron (o vitorearon) desde la barrera la orgía de gasto alimentada por la deuda que originó el “milagro celta”, gracias al cual Irlanda creció a mayor velocidad que todos los demás miembros de la UE y la propiedad inmobiliaria en Dublín pasó a ser de las más caras del mundo.
Al final de 2008, los tres bancos principales de Irlanda habían prestado más de tres veces la renta nacional del país. El hundimiento se produjo en 2009, cuando el auge inmobiliario de Irlanda se convirtió en una depresión, que dejó el país con grandes bancos insolventes, un desplome de los ingresos presupuestarios y el mayor déficit presupuestario de Europa.
Los bancos de Irlanda financiaron su rápido crecimiento tomando prestado de otros bancos europeos, por lo que la solvencia del sistema financiero de Europa ha quedado estrechamente vinculada con la supervivencia de esos bancos insolventes. No es de extrañar que el BCE sea ahora el mayor acreedor de Irlanda... por haber comprado todos sus bonos estatales. Según los últimos datos (hasta el final de agosto), Irlanda, pese a representar dos terceras partes del tamaño de Grecia, recibió más financiación que esta última del BCE: asciende al 75 por ciento del PNB irlandés y está en rápido aumento.
El quid pro quo relativo a ese dinero barato del BCE es el de que el Gobierno de Irlanda debe proteger a los acreedores europeos, que, de lo contrario, afrontarían grandes pérdidas. El consiguiente rescate bancario en masa, más unos déficits presupuestarios permanentes y un descenso del PNB nominal, significa que la deuda de Irlanda esta disparándose, mientras que su capacidad para pagar se ha desplomado.
Naturalmente, los inversores reaccionan ante una deuda insostenible vendiendo bonos hasta que los tipos de interés llegan a ser “ridículos”. Esos elevados tipos de interés estrangulan a las empresas y a las familias, lo que causa un desplome económico mayor y vuelve la deuda cada vez más insostenible. Para detener esa espiral descendente, hay que acabar con el riesgo de insolvencia de Irlanda. O los bancos deben incumplir sus obligaciones prioritarias o el Gobierno tendrá que quebrar junto con los bancos. En cualquiera de los dos casos, hacen falta nuevas medidas de austeridad e Irlanda necesitará una importante financiación transitoria.
Los políticos irlandeses y la UE deben tomar la iniciativa adoptando esas difíciles decisiones, pero los dirigentes actuales no lo harán. Al contrario, la UE, el BCE e Irlanda han hecho un trato faustiano que mantiene la liquidez de Irlanda (es decir, que recibe euros), pero nada hace para detener la probabilidad en aumento de insolvencia (es decir, su incapacidad cada vez mayor para devolver dichos euros en el futuro).
El FMI, que debería oponerse a ese peligroso trato, se propone, en cambio, abrir los grifos (con fondos chinos, americanos y de otros países) aún más a naciones insolventes. El pasado 30 de agosto, el Fondo abolió los límites máximos de su “línea crediticia flexible”, introducida en 2009 para facilitar fondos rápidos a países que padecieran crisis temporales.
Además, el FMI anunció un nuevo programa de financiación llamado “línea crediticia preventiva”, que facilitará fondos más rápidamente y con menos condiciones... incluso a países sin “finanzas públicas solventes” ni “supervisión financiera eficaz”. El Fondo abriga también la esperanza de crear un nuevo “mecanismo mundial de estabilización” para facilitar líneas crediticias a agrupaciones regionales (como la UE).
Un político europeo dirige el FMI y en su Junta de Gobernadores Europa tiene mucho más peso de lo que estaría justificado por su importancia económica y se está apresurando a suavizarle las condiciones de sus préstamos precisamente cuando los miembros de la UE están experimentando problemas de insolvencia.
Hay una solución mejor, aplicada después de que los bancos comerciales de los Estados Unidos prestaran demasiado a América Latina en el decenio de 1970. Al final, se reestructuró la deuda soberana mediante la creación de los “bonos Brady” o “bonos de deuda reestructurada”. El solución consistió en ofrecer a los bancos la oportunidad de permutar sus reclamaciones a países (insolventes) de América Latina por bonos con vencimiento a largo plazo y poco rendimiento y garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos.
Gracias a su sólida garantía, los bancos pudíeron mantener esas deudas a la par en sus balances. Al mismo tiempo, dicha permuta redujo las obligaciones de pago de la deuda de los países con dificultades, lo que les permitió recuperarse.
Europa podría seguir esa vía. En lugar de seguir sumando nuevas deudas a unas deudas ya incobrables, se podría utilizar el fondo de estabilización de la UE para garantizar esos nuevos bonos a la par. Se podrían ofrecer a los acreedores esos bonos a la par o un bono a más corto plazo y con mayor rendimiento, pero con el principal de la deuda rebajado Se podrían denominar esos nuevos bonos “bonos Trichet o Merkel/Sarcozy o Honohan”: lo que quiera que sirva para lograr el consenso.
AUTOR : Simon Johnson, ex economista jefe del FMI, es cofundador de una destacada bitácora económica, http://BaselineScenario.com, profesor en la Escuela Sloan de Administración de Empresas del MIT e investigador superior del Instituto Peterson de Economía Internacional. Peter Boone, Presidente de Intervención Eficaz del Centro de Rendimiento Económico de la London School of Economics, es uno de los directores de Salute Capital Management Ltd.
FUENTE : PROJECT SYNDICATE
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