Los jinetes del capitalismo

 Por Carlos Carnicero.*


El poder del mundo financiero se ha reafirmado con la crisis: sus líderes fueron los principales responsables de esta tragedia, pero no han visto afectado su modelo de vida. Como ha reconocido el gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, “el precio de la crisis financiera está siendo pagado por personas que no fueron culpables de ella… Me sorprende lo limitado del enfado del público general”. Más bien los gobiernos no han traducido suficientemente el enfado social en medidas que repartan los costes de la crisis entre todos, incluyendo los bancos y el mundo financiero.
Los dirigentes del capitalismo actúan como si la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, seguida de la peor crisis desde la Gran Depresión, hubiera sido un capítulo de una buena novela de ficción. Bob Diamond, consejero delegado de Barclays Capital ha afirmado: “El tiempo del remordimiento y las disculpas tiene que terminar”. En la misma línea, su colega Jamie Dimon, de JP Morgan, declaró solemnemente en el foro de Davos que “el apaleamiento de los bancos debe concluir”, y que “la mejor forma de recuperar el crecimiento reside en que los bancos sean dejados libremente para financiar la recuperación económica”. Ellos se sienten maltratados, pero la sociedad les percibe como impunes.
Desde su celda en la prisión de Butner, Carolina del Norte, Bernie Madoff les observa. El estafador neoyorquino constituye una rara avis entre los jinetes del capitalismo. Primero porque pasará a la historia como el único villano que pagó con la cárcel por la crisis. Y segundo porque en realidad Madoff era un jinete de segunda, desconocido en la mayoría de circuitos financieros de EEUU. En una entrevista desde la cárcel, Madoff declaraba a The New York Times que algunos grandes bancos y hedge funds sabían de sus actividades fraudulentas; pero ninguno de ellos ha sido denunciado. Los estafados han llegado a acuerdos privados con esos bancos a cambio de evitar los tribunales. Y sin medidas ejemplarizantes es difícil pensar que “la era de la responsabilidad” en el mundo financiero de la que habló Obama pueda hacerse paso.
Los gobiernos dejaron tomar a la banca riesgos excesivos en su pretensión de que la menor regulación era la mejor receta para el crecimiento. Es verdad que se han introducido nuevas regulaciones a nivel supranacional para aumentar los fondos de reserva del sistema bancario, y algunas limitaciones sobre los productos que pueden comercializar. Pero su obsceno sistema de retribución continúa intacto. Desde la Gran Depresión y hasta 1975 se produjo un descenso de la remuneración en el mundo financiero –en comparación con la remuneración de otras profesiones– pero se volvió a disparar de nuevo a partir de los años ochenta, al calor del capitalismo desregulador patrocinado por Thatcher y Reagan. A pesar de la grave crisis, los excesos salariales continúan intactos.
En Reino Unido el actual Gobierno conservador-liberal ha tratado de calmar el enfado social mediante el Acuerdo Merlín, suscrito con cinco de los grandes bancos. El texto les compromete a prestar más a los pequeños negocios y a publicar algunos datos sobre la remuneración de sus altos directivos, pero poco más. Lo limitado del acuerdo ha causado enfado en el país, donde los recortes de gasto público están siendo especialmente severos. En realidad, la tibieza del acuerdo es un buen reflejo de las dificultades que tienen los gobiernos a la hora de meter en cintura a este poderoso lobby: el 50% de la financiación del partido conservador proviene de la City.
Los ejecutivos de banca no quieren recortes en su estilo de vida y tampoco quieren ni oír hablar de nuevos impuestos. Cuando el pasado 8 de enero se dio un importante paso para el establecimiento de una tasa tipo Tobin al aprobarse en el Parlamento Europeo el Informe Podimata, los voceros de la City de Londres alertaron de que la tasa causaría un gran éxodo de las compañías hacia fuera de Europa.
En España la necesidad de recuperar el crecimiento y crear empleo no debería dejar en un segundo plano la obligación moral del Gobierno de reintroducir la ética en el sistema financiero. Hace unas semanas, el Consejo de Caja Madrid decidió anular unos bonus que iban a repartirse varios exdirectivos de la entidad. El precedente es importante. Se dan las condiciones para que, en pleno proceso de fusión y privatización de cajas, el dinero público que reciban prestado tenga como contraprestación algunas cláusulas sobre remuneración, acceso de la mujer a los consejos de Administración o un compromiso de prestar a la pequeña y mediana empresa.
La adopción de algunas de estas medidas no constituye la solución a los problemas macroeconómicos –señalan los economistas ortodoxos–; dicen que no son las medidas esenciales para salir de la crisis. Sin embargo, su adopción facilitaría la legitimación de los gobiernos para tomar medidas que impliquen en algunos casos impopulares recortes sociales. Se lanzaría así la idea de que hay un cierto reparto de las cargas que la crisis impone en nuestro modelo de vida. De lo contrario, nos situaremos en un terreno pintoresco en donde hay crudo capitalismo para los ciudadanos que sufren los recortes y caritativo socialismo para los bancos que estén en apuros.


Master en Relaciones Internacionales de la UE por la London School of Economics *