Por Paul Krugman *
Desde que empezó la actual crisis económica parece haber seis palabras que resumen el principio fundamental de la política financiera de Estados Unidos: ser paciente con los banqueros. Este principio se puso de manifiesto durante los meses finales del mandato de Bush, cuando se puso a disposición de los bancos una enorme cuerda de salvamento con pocas condiciones. Se puso igualmente de manifiesto durante los primeros meses de gobierno de Obama, cuando el presidente Obama incumplió la promesa que hizo durante la campaña de "cambiar nuestras leyes de quiebra para que a las familias les resulte más fácil quedarse en su casa". Y el principio sigue aplicándose en estos momentos en que las autoridades federales presionan a los fiscales generales de los Estados para que acepten un pago muy módico por parte de los bancos que se embarcaron en prácticas hipotecarias abusivas.
¿A qué se debe este tratamiento tan considerado? No cabe duda de que el dinero y la influencia tienen algo que ver; Wall Street es una fuente enorme de donativos de campaña, y los organismos que se supone que deben regular los bancos suelen terminar poniéndose a su servicio. Pero las autoridades también han defendido en cada momento del proceso que perdonar a los bancos beneficia los intereses de la economía en su conjunto.
No es así. La incapacidad para buscar un verdadero alivio de la deuda hipotecaria en los primeros momentos del mandato de Obama es uno de los motivos por los que todavía tenemos un 9% de paro. Y ahora mismo, los argumentos que las autoridades supuestamente defienden para justificar una solución rápida y buena para los bancos en el escándalo de los abusos hipotecarios no tienen sentido.
Antes de llegar a eso, unas palabras sobre el actual estado del desastre de las hipotecas. El pasado otoño supimos que muchas entidades de préstamo hipotecario estaban participando en ejecuciones hipotecarias ilegales. Lo que más llamaba la atención era que unos "firmantes robotizados" daban fe de que los bancos tenían la documentación requerida para apropiarse de las casas sin comprobar si realmente tenían derecho a hacerlo (y en muchos casos, no lo tenían).
¿Hasta qué punto se trataba de abusos generalizados y graves? La respuesta es que no lo sabemos. Han pasado nueve meses desde que estalló el escándalo de las firmas robotizadas, pero todavía no ha habido una investigación seria sobre su alcance. Esto se debe a que los Estados, que padecen graves problemas presupuestarios, carecen de los recursos necesarios para realizar una investigación a fondo, y las autoridades federales, que sí tienen los recursos, han optado por no usarlos.
Al contrario, estos funcionarios están haciendo presión para alcanzar con las entidades hipotecarias un acuerdo que, según informa Shahien Nasiripour, de The Huffington Post, "absolvería ampliamente a las empresas de toda culpa, a cambio de multas que alcanzarían los 30.000 millones de dólares y garantías de que las empresas se atendrán a unas prácticas mejores".
¿A qué se debe la prisa por alcanzar un acuerdo? Por lo que yo sé, se están presentando dos argumentos básicos a favor de que se perdone a los bancos. El primero es la afirmación de que resolver rápidamente el desastre de las hipotecas es la clave para que el mercado inmobiliario se recupere. El segundo, expresado de un modo menos explícito, es la afirmación de que ponerse duros con los bancos debilitaría unas posibilidades más amplias de recuperación.
Ninguno de estos argumentos tiene mucho sentido. La afirmación de que la eliminación de la nube legal que cubre las ejecuciones hipotecarias ayudaría al mercado inmobiliario -en concreto, que contribuiría a mantener los precios de las viviendas- me deja perplejo. No haría más que acelerar las ejecuciones, y si desalojan a más familias de sus casas, habría más casas en venta, o sea, un aumento de la oferta. Un aumento de la oferta de un bien, por lo general, hace que baje el precio de dicho bien, no que suba. ¿Por qué en el caso de la vivienda iba a darse ese efecto en sentido contrario?
Se podría señalar el alivio de la deuda hipotecaria que supuestamente se obtendría como parte del acuerdo. Pero si el alivio hipotecario es tan crucial, ¿por qué no se está esforzando más la Administración en reactivar su Programa de Modificación para Viviendas Asequibles, que solo ha gastado una pequeña parte del dinero que tenía? O, si hacer que ese programa realmente funcione es difícil, ¿por qué deberíamos creer que cualquier programa instaurado como parte de un acuerdo sobre los abusos hipotecarios tendría que funcionar mejor?
Lo siento, pero el argumento de que perdonar a los bancos ayudaría al mercado inmobiliario carece de lógica. ¿Y qué hay del argumento de que ponerse duros con los bancos amenazaría la economía en general? En este caso, la pregunta es: ¿qué es lo que está frenando la economía?
No es el estado de los bancos. Es cierto que los temores sobre la solvencia bancaria afectaron a los mercados financieros a finales de 2008 y principios de 2009. Pero hace mucho que esos mercados han vuelto a la normalidad después de aquello, en gran parte porque ahora todo el mundo sabe que los bancos serán rescatados si se meten en líos.
El gran lastre de la economía en estos momentos es el exceso de deuda familiar, originado en gran medida por los 5,6 billones de dólares en deuda hipotecaria que las familias asumieron durante los años de la burbuja. Un alivio de la deuda hipotecaria serio podría hacer mella en ese problema; un pago de 30.000 millones por parte de los bancos, aun cuando resultase ser más efectivo que el programa de modificación del Gobierno, no.
De modo que cuando los funcionarios les digan que debemos apresurarnos a alcanzar un acuerdo con los bancos por el bien de la economía, no les crean. Debemos hacer esto bien, y obligar a los banqueros a rendir cuentas de sus actos.
Profesor de Economía en Princeton y premio Nobel de Economía 2008.*
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