Por Gregory Elich*
Uno nunca puede tener demasiado dinero. En los EE.UU., el uno por ciento de la población recauda casi un cuarto del ingreso nacional y goza de un 40 por ciento de la riqueza. Para esa clase, el problema es que con eso no basta.
Para los trabajadores comunes, la recesión sólo trajo dificultades económicas. Sin embargo, para las corporaciones norteamericanas, significó otra cosa: una oportunidad. Para ellas, fue la oportunidad de moldear de forma permanente la economía en algo que se aproxima al modelo del tercer mundo: una enorme riqueza y privilegios para los más ricos y desempleo, caída de los salarios y servicios sociales inadecuados o inexistentes para el resto de la sociedad.
Aunque la recesión terminó hace dos años, más de nueve por ciento de la población aún está desempleada. Si tomamos en cuenta a los trabajadores desalentados y a los trabajadores a tiempo parcial que desean un puesto a tiempo completo, casi una sexta parte de la fuerza laboral está subempleada. Para las personas de ascendencia africana, la situación es aún más grave, con una tasa de desempleo que se acerca al doble. Sin embargo, los legisladores no han pensado siquiera en un programa de empleo.
En cambio, la tendencia ha sido a la reducción en los beneficios en un momento de mayor necesidad, al mismo tiempo que se exigen más recortes de impuestos para los ricos. Los déficits creados por el gobierno de George W. Bush y el presidente Barack Obama le han dado a la derecha un garrote para imponer su voluntad y disciplinar a los trabajadores. El presidente Obama no hubiera necesitado los votos del Congreso si hubiera estado dispuesto a dejar expirar simplemente los recortes fiscales de Bush. Al insistir en una imposible continuación parcial de esos recortes, Obama se aseguró de que la totalidad del paquete siguiera en vigor. En un momento en que la recesión ha provocado una caída en los ingresos fiscales, privando al gobierno de los fondos cuando más se necesitan, a la población se le está cobrando peaje para acceder al bienestar, y se ha abierto la puerta para el recorte de los beneficios. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la continuación de los recortes fiscales de Bush hasta el año 2020 agregará $3,300 billones ($3,300,000,000,000,000) a la deuda nacional. Este es dinero podría ser utilizado en la prestación de muy necesarios servicios sociales y en poner en marcha un programa de empleo real, asumiendo, por supuesto, que existiera la voluntad política de hacerlo – cosa que ha estado notablemente ausente.
Añadamos el hecho de que las guerras en Irak y Afganistán de la Administración Bush están costando la friolera de $1,2 billones, principalmente de fondos prestados. Consideremos también que con los costes asociados, el precio total de las guerras de Irak y Afganistán se elevaron a por lo menos $3,2 billones, según el proyecto Cost of War. Y esas guerras continúan devorando recursos; pero, como si eso no fuera suficiente, ahora el presidente Obama ha añadido una tercera guerra, la de Libia. No hay final a la vista al aventurerismo militar, y el presupuesto de defensa sigue siendo intocable. Este departamento permanece inmune ante todos los discursos de recortes presupuestarios. De hecho, la Cámara de Representantes votó recientemente para aumentar el ya inflado presupuesto de defensa en $ 17 mil millones.
Lo que tenemos en lugar de una política fiscal responsable y progresiva o el recorte del presupuesto de defensa es el constante bombardeo de mensajes de pánico por la deuda, con grandes exigencias de la necesidad de recortar los servicios sociales, reducir las pensiones y el salario y, por extraño que parezca, ofrecer reducciones de impuestos para los ricos. Este pánico de la deuda se ha convertido en el argumento de todos los ataques contra los trabajadores. Se está librando una guerra de clases, y al sentirse cerca de la victoria, la clase dominante no está dispuesta a tomar prisioneros.
Las políticas actuales ya marginan de la recuperación económica a los trabajadores. En el transcurso de los dos años de la recuperación, los salarios de los trabajadores siguen esencialmente estáticos, mostrando, de hecho, una ligera disminución. Mientras tanto, la remuneración promedio de los CEOs se disparó un 27 por ciento sólo en 2010, llegando a unos simpáticos $ 9 millones. Las ganancias corporativas antes de impuestos fueron aún mejores, con un crecimiento de casi 37 por ciento en 2010 y mantienen su ritmo de nueve por ciento de crecimiento adicional en el primer trimestre de 2011. De hecho, tan unilateral ha sido la recuperación que los beneficios empresariales representan hoy el 92 por ciento del crecimiento de la renta nacional desde el inicio de la recuperación.
Estos son tiempos de auge para las corporaciones. Y en gran medida, esto se ha logrado a costa de sus trabajadores. Cuando los trabajadores son despedidos, los que permanecen en el trabajo deben asumir la carga adicional. Después de eliminar millones de empleos durante la recesión, el mundo empresarial siguió reacio a contratar trabajadores a tiempo completo durante la recuperación. La mitad de los nuevos empleos creados están en las agencias de ayuda temporal, y muchos de los nuevos puestos de tiempo completo carecen de beneficios. Más del 90 por ciento de crecimiento de la producción se ha debido al aumento de la productividad. Los trabajadores que todavía tienen la suerte de tener un puesto de trabajo están obligados a trabajar más, a poner más horas y a asumir más tareas sin ningún tipo de pago adicional. En términos sencillos, la explotación en el trabajo es cada vez mayor.
Los trabajadores están comprensiblemente temerosos. Con una tasa de desempleo tan alta, y con los millones de desempleados para los que es difícil o imposible encontrar otro trabajo, nadie está dispuesto a arriesgarse. Las circunstancias hacen que los trabajadores sientan que tienen que soportar cualquier condición que sus gerentes opten por imponer. El actual clima de miedo ha eliminado la acción sindical. Sin duda, esta es una continuación de una tendencia de larga data. Durante la década de 1970, miles de trabajadores participaron en un promedio de 269 paros laborales por año. Bajo el ataque de Reagan de los años ochenta, el promedio se redujo a 69 por año, y luego a 34 por año en la década de los noventa. Pero incluso estas cifras han sido ampliamente superadas en los últimos tres años. En 2009, hubo sólo cinco paros importantes, de lejos el total más bajo desde que comenzaron los registros en 1947. El año pasado hubo sólo once huelgas y, al ritmo de lo que va del 2011, no se alcanzará ni siquiera esa cifra. La recesión ha producido un sueño hecho realidad para el mundo empresarial, con una plantilla que está esencialmente de-sindicalizada.
Pero a pesar de las medidas de aceleración, los recortes de beneficios y la baja de los salarios, las empresas de EE.UU. siguen exportando empleos al extranjero. ¿Por qué pagar un trabajador estadounidense $ 8 la hora, cuando se puede conseguir a alguien en Indonesia, por ejemplo, que haga el mismo trabajo por 50 centavos la hora? En la década previa a 2009, las corporaciones multinacionales estadounidenses recortaron 2,9 millones de empleos. Al mismo tiempo, se añadió 2,4 millones de empleados en el extranjero. Esta cifra representa solamente la contratación directa y no toma en cuenta la subcontratación de empresas extranjeras, que suele ser el medio utilizado para mover una fabricación a talleres clandestinos (sweatshops).
Entonces, ¿qué conclusión se puede extraer de todo esto? Si usted escucha a los expertos y a los políticos, la necesidad urgente ahora es acabar con los “privilegios” de los trabajadores del gobierno. Destruir los sindicatos de empleados del gobierno, reducir las pensiones o eliminarlas por completo, reducir los sueldos y despedir trabajadores. Tiempos económicos difíciles exigen sacrificio compartido. Al escucharlos esto, se podría pensar que el pueblo estadounidense está pidiendo a gritos el fin de los beneficios decentes para todos los trabajadores: todos debemos que compartir el dolor. El presidente Obama ya congeló los salarios de los empleados federales por durante dos años - en la práctica, la aplicación de un recorte salarial. Y él fue citado recientemente diciendo: “En el sector público, lo cierto es que algunos de los planes de pensiones y los beneficios de salud que han estado en vigor están tan fuera de proporción con lo que está sucediendo en el sector privado que una gran cantidad de contribuyentes comienzan a sentir resentimiento... Lo que esto significa es, es que todos nosotros vamos a tener que hacer algunos ajustes”. Es decir, todos menos los ricos, que pueden seguir la fiesta.
La filosofía de la derecha es profundamente anti-gobierno. A sus ojos, la única función propia del gobierno es servir a los ricos e idear nuevas formas de permitirles enriquecerse aún más. Y para ello, hacen incesantes esfuerzos para convencer al resto de nosotros de que todas las funciones gubernamentales son esencialmente ilegítimas y deben ser reducidas o abolidas. La única otra tarea urgente del momento es cómo ofrecer más recortes de impuestos para las corporaciones, a pesar de que dos tercios de las empresas ahora no pagan nada por concepto de impuesto a la renta federal, y la mayoría de las compañías Fortune 500 pagan un menor porcentaje en impuestos federales sobre sus ingresos que los trabajadores ordinarios.
Se nos dice que lo único que impide la creación de empleo son los impuestos excesivos. El refrán es que debemos liberar el poder del mercado reduciendo los impuestos a las corporaciones. Sin embargo, estas mismas corporaciones ya están sentadas sobre una pila de $ 1,9 billones de dólares de reservas en efectivo, a las que se aferran como una cobertura contra la inseguridad económica. La adición de otro billón más o menos a esta pila no las va a animar a construir nuevas planta de fabricación para aumentar la producción cuando los consumidores están siendo golpeados con tanta fuerza que no hay suficientes compradores para los productos que ya están en el mercado. La premisa de la creación de empleo, por supuesto, es una cortina de humo para conseguir la aceptación pública de canalizar aún más dinero hacia los bolsillos de los ricos. Es desalentador oír al presidente Obama repitiendo estos mitos, como en un comentario que hizo a finales de junio de que “tiene sentido” considerar “otros incentivos fiscales para la inversión empresarial que podrían marcar una gran diferencia en cuanto a la creación de más puestos de trabajo”.
Uno de los planes más prominentes es el de una amnistía a la repatriación del impuesto a las corporaciones. Hoy en día, las multinacionales estadounidenses no pagan impuestos federales sobre el dinero ganado en el extranjero hasta que - y sólo si – dicho dinero es repatriado a los EE.UU. Muchas tienen establecidas sedes ficticias en lugares como las Bermudas, y los fondos son desviados a través de subsidiarias en el extranjero, todo con el fin de eludir las leyes fiscales. Cisco Systems, por ejemplo, redujo sus impuestos en $ 7 mil millones al registrar casi la mitad de sus ganancias en una pequeña filial en Suiza.
Grupos de presión empresariales están ganando considerable apoyo para la propuesta de amnistía fiscal entre senadores y congresistas. En lugar de pagar una tasa máxima del 35 por ciento, la exoneración temporal de impuestos permitiría a las empresas transferir esos fondos a los EE.UU. a una tasa máxima de poco más de cinco por ciento. Este plan, se nos dice, podría generar $ 1,000 billones y así fomentar la inversión y la creación de empleo. El único problema es que esta propuesta se ha intentado antes, cuando se impuso una amnistía dos años al impuesto por la repatriación concedida en 2004 para el mismo objetivo. En esa ocasión, las multinacionales estadounidenses aprovecharon la oportunidad para transferir $ 400 mil millones a los EE.UU., y utilizaron ese dinero para pagar deudas, ofrecer dividendos a los accionistas, y dar bonificaciones a los directivos, en fin, todo excepto la creación de puestos de trabajo. Es improbable que una repetición produzca un resultado diferente. De hecho, la aprobación de dicho plan sería una señal más para las empresas de que deben exportar una mayor parte de su producción al extranjero, ya que solo tendrían que esperar otra ocasión para disfrutar de la siguiente amnistía de impuestos y pagar menos impuestos de lo que tendrían que pagar si mantienen sus plantas en los EE.UU.
La recesión redujo drásticamente los ingresos fiscales para los gobiernos estatales en todo el territorio, pero con 29 gobernadores republicanos a la cabeza, las deficiencias han otorgado una oportunidad para atacar a los trabajadores en el ámbito estatal e introducir recortes en los servicios sociales en casi todos los estados.
En Nueva Jersey, por ejemplo, el gobernador Chris Christie eliminó los fondos para planificación familiar, redujo la asistencia médica para la atención domiciliaria y residencias de ancianos, acabó con la financiación de los programas legales de la Universidad de Rutgers que ayuda a los pobres, y en recortó en 40 por ciento la financiación de servicios legales para los necesitados. No le dio dinero al programa de Zona Empresarial Urbana, que había sido diseñado para fomentar el desarrollo económico en los barrios pobres. También retiró el financiamiento de programas después de la escuela, mientras que los cambios a las reglas de elegibilidad causarían que más de 50.000 personas pobres pierdan el acceso a la cobertura de salud.
Estos recortes se considera necesarios en razón de los inadecuados ingresos estadales, pero al mismo tiempo, Christie concedió las empresas $ 180 millones en recortes de impuestos.
La Corte Suprema de Nueva Jersey revocó los recortes a la educación de Christie por $ 1,000 millones el año pasado, ordenando que el estado gaste la mitad de esa cantidad en sus escuelas más pobres en el año fiscal en curso. Sin embargo, Christie considera esto sólo un revés momentáneo. Irremisiblemente hostil a la concepción de la educación pública, Christie prevé la completa privatización de la educación en su estado, y para ayudar a impulsar los esfuerzos en esa dirección, nombró Comisionado de Educación a Christopher Cerf, ex presidente de Edison Schools Incorporated,. La sustitución de la educación pública con un sistema de bonos ha estado durante mucho tiempo en la agenda de la derecha. Los ricos, que envían a sus hijos a escuelas privadas, resienten tener que pagar impuestos para apoyar la educación pública. Con su rechazo narcisista del concepto de bien público, sólo se preocupan de sus propios intereses personales. A sus ojos, las bellezas del sistema de cupones son múltiples. Las familias pobres no serían capaces de pagar la diferencia de los montos de los cupones, con el resultado de que sus hijos estarían condenados a asistir las escuelas de menos fondos. La “chusma”, en otras palabras, estaría fuera de la vista. Por otro lado, sin embargo, los ricos pagarían menos de lo que pagan actualmente a las escuelas privadas, por el monto del vale. Y lo mejor de todo en la mentalidad de libre mercado, sería la eliminación de los sindicatos de maestros de escuela y la oportunidad para las empresas privadas de manejar las escuelas, donde la calidad de la educación estaría en un distante segundo lugar después del afán de lucro.
Para poner otro ejemplo, el gobernador de Ohio John Kasich ha desempeñado un papel especialmente destacado en el ataque a los trabajadores. Incluso antes de asumir el cargo, anunció que iba a matar al incipiente programa para llevar el muy necesario servicio de tren para unir las ciudades de Cincinnati, Columbus y Cleveland, donde la mayor base poblacional carece de dicho servicio. El servicio de tren que iba a llevar finalmente al ferrocarril de alta velocidad resultó impopular con el nuevo gobernador, ya que sería de propiedad pública.
A pesar de las persistentes manifestaciones en oposición, Kasich logró fácilmente la aprobación de un proyecto de ley que elimina los derechos de negociación colectiva para los trabajadores estatales. Mediante esfuerzos decididos por el movimiento obrero, se reunieron 1,300,000 firmas para una iniciativa de ley para derogar la ley, y el resultado de esa batalla aún está por verse. Aunque los resultados de la encuesta son inicialmente alentadores, las grandes sumas de dinero en publicidad que seguramente se dedicarán a la campaña convencerán a los votantes a rechazar la medida.
En su primera conferencia de prensa tras la victoria electoral, Kasich prometió aplicar un recorte de impuestos de cuatro por ciento. Al asumir el cargo, proclamó que hay que reducir los servicios sociales porque no había suficiente dinero en las arcas del Estado. En el presupuesto estatal recientemente aprobado, Kasich cumplió su promesa de aplicar la reducción fiscal. En el presupuesto, se redujo el apoyo a los gobiernos locales por $ 630 millones, lo que sin duda se traducirá en un efecto adverso en los servicios sociales locales. Cinco prisiones serán privatizadas, y hay planes de privatizar la autopista de peaje de Ohio, con lo que se espera que se aumente fuertemente las tarifas a los usuarios. Los distintos condados se están otorgando la capacidad de vender edificios de propiedad de los gobiernos locales, para luego arrendarlos de los nuevos propietarios, como una especie de regalo para los intereses de los ricos. También se incluye en el presupuesto un plan para ayudar a las pequeñas empresas, que se espera que reduzca los ingresos del Estado en $ 100 millones cada dos años. También está programada la eliminación del impuesto al patrimonio a partir de 2013, lo que reduciría los ingresos para los gobiernos locales en $ 250 millones al año. Y en otro regalo a los intereses corporativos, el presupuesto de Kasich prohíbe las ciudades intentar regular el uso de grasas trans en las comidas en restaurantes.
No se equivoquen. Lo peor aún está por venir. La Cámara de Representantes en manos de los republicanos, continuará empujando al presidente Obama hacia la derecha. Y está claro en qué dirección irán las elecciones de 2012. Cabe señalar que muchos trabajadores, preocupados por el desempleo y la disminución de los niveles de vida, están expresando su voluntad de votar una candidatura republicana, con la ilusión de que una victoria republicana beneficiará a los trabajadores. Las corporaciones están planeando inundar la próxima temporada de campaña con publicidad política, y en una cultura donde la mayoría de personas depende de la televisión para su visión del mundo, este tipo de publicidad tiene un efecto.
Los grupos de presión empresariales están sitiando Washington, todos empujando las mismas propuestas. Y los think tanks de derecha están operando en sobremarcha, produciendo una cantidad alarmante recomendaciones de política que reciben mucha atención en el Capitolio. Estos esfuerzos determinan, en gran medida, los límites del discurso y las cuestiones que se consideren dignos de atención. Como resultado, las preocupaciones de los trabajadores quedan fuera del espacio de debate, manteniéndose sobre la mesa sólo la agenda de las corporaciones.
No hay mucha variación en las políticas por las que abogan que los cabilderos corporativos y los grupos de reflexión de derecha. Dondequiera que uno mire, se observa el mismo conjunto de recomendaciones. Así, es suficiente considerar un solo ejemplo, el del Cato Institute, como típico de la naturaleza de las propuestas para reducir el tamaño del gobierno federal.
El seguro de desempleo, afirma Cato, distorsiona la economía y debe ser reformado. En un momento en que millones de estadounidenses son incapaces de encontrar trabajo, Cato quiere reemplazar el seguro de desempleo con un sistema de ahorro personal. Según Cato, el seguro de desempleo causa desempleo, ya todas esas personas que reciben los pagos, que son insuficientes para cubrir sus gastos, están disfrutando de la experiencia, y optan por no buscar trabajo. Los trabajos están por ahí, dice, para quienes se molestan en buscarlos. Esto es tan extraordinariamente disparatado que desafía la comprensión. Los trabajadores sólo deben ahorrar para cubrir los posibles períodos de desempleo, recomienda Cato. No importa si la mayoría de trabajadores gana apenas lo suficiente para pagar sus cuentas, y que los jóvenes trabajadores que pierden sus puestos de trabajo no hayan tenido mucho tiempo para ahorrar. Otra alternativa sugerida por Cato es poner toda la operación al nivel de los estados, lo que les permitiría a los estados “ser libres para pasar a un sistema más orientado al mercado”, y “derogar las leyes que impiden a las compañías de seguros ofrecer pólizas privadas de seguro de desempleo”. Aquí llegamos al meollo de la recomendación del Cato Institute: bajo el sistema actual, las empresas privadas no tienen vela en ese velorio. ¿De qué sirve el seguro de desempleo si las corporaciones no pueden beneficiarse directamente de él?
No es sorprendente que el Departamento de Trabajo atraiga la ira de Cato. Los servicios de empleo y de formación deben ser eliminados, porque “no cumplen con ninguna necesidad crítica que los mercados privados no satisfagan”. El Congreso “debe reducir el tamaño de las actividades de reglamentación del Departamento de Trabajo”. Cato luego se queja de que “la Administración de Seguridad y Salud, la División de Horas y Salarios, y otras agencias imponen una densa red de normas relativas a los empleadores de Estados Unidos. El tema principal no es el costo del presupuesto federal de estos organismos, sino el “daño a la economía causado por reglamentos innecesarios, tales como el salario mínimo federal”. Desde el punto de vista de las corporaciones, es el momento de deshacerse de las molestas normas que ayudan a proteger a los trabajadores de condiciones inseguras, y de eliminar cualquier limitación a la capacidad de las empresas de reducir los salarios. Estas “normas innecesarias” se interponen con la capacidad de las empresas de aumentar sus ingresos.
La lectura de la filosofía de Cato en cuanto a los sindicatos es una experiencia alucinante. Es difícil creer que incluso los gerentes corporativos puedan tomar esto literalmente, y que estén tan agudamente conscientes de sus intereses de clase, y tan en desacuerdo con los intereses de clase de los trabajadores. Tal vez las declaraciones de posición de Cato están destinados a convencer a aquellos trabajadores que no tienen consciencia de clase de actuar contra sus propios intereses. “Las principales intervenciones federales a favor de la sindicalización”, tales como la National Labor Relations Act de 1935, razona Cato, “se basan en la falsa idea de que la gestión empresarial y el trabajo son enemigos naturales. De hecho, tanto la patronal como la laboral son empleadas por los consumidores al producir bienes y servicios, y por lo tanto no tiene sentido suponer que haya una gran diferencia entre estos grupos”. Hay que estar fuera de contacto con la realidad para hacer una afirmación tan descabellada en estos tiempos económicos difíciles. Además, el objetivo de las empresas es producir ganancias, y los bienes que producen son sólo el medio de hacerlo.
“Es importante que las autoridades reexaminen las leyes sindicales y que deroguen aquellas leyes que son perjudiciales para el crecimiento económico e incompatibles con una sociedad libre”, sugiere amablemente Cato. Y los legisladores están respondiendo a estas propuestas, y se están realizando esfuerzos en varios estados para prohibir que los sindicatos recaben membresías a través de deducciones de nómina. Los trabajadores se verían obligados a escribir un cheque a nombre del sindicato cada mes. La intención es obvia: hacer más difícil que los sindicatos perciban derechos, y así mutilar sus operaciones. Los derechos de negociación colectiva de los empleados estatales están bajo asedio en varios estados. Las empresas no están contentas con sus ventajas, desde ya desequilibradas. Están buscando la victoria total, por la que los trabajadores se quedarían sin medios de defender sus derechos.
Cato quiere que se deroguen todas las leyes favorables a los trabajadores. Una de sus prioridades es la eliminación de la prohibición a la contratación libre de sindicalización. “Una regla que requeriría que los trabajadores permanezcan libres de sindicatos como parte de la descripción del trabajo”, explica Cato, “y el trabajador es libre de aceptar o rechazar la oferta de trabajo”. ¿Cuán libres seríamos, en un mundo de libre mercado de ensueño, en el que el resultado inevitable sería que casi todos los empleadores impondrían el requisito de no afiliación como condición de empleo. El trabajador tendría la libertad de elección: o bien firma tal contrato o pasa hambre.
Entre las “reformas importantes” que Cato insta al Congreso a aprobar están la eliminación de la representación exclusiva, en otras palabras, la autorización de la multiplicidad de sindicatos; la aprobación de una ley de derecho al trabajo, que permitiría a las empresas a contratar permanentemente a trabajadores de reemplazo; y permitir a las empresas negarse a seguir empleando a los representantes sindicales. A Cato también le gustaría ver un proyecto de ley que permita los sindicatos de empresas, ya que, como dice, “la prohibición actual a la cooperación... no tiene sentido económico”.
Las recomendaciones de Cato para el Departamento de Salud y Servicios Humanos no son menos draconianas. “Medicare reduce la libertad individual”, proclama el grupo de análisis. Cato resucita esa vieja y cansada cantaleta de que Medicare es una “pirámide que le permite a cada generación aprovecharse de la siguiente”. Cato se pregunta por qué la gente joven tendría que someterse a la imposición de tener que apoyar a los ancianos. No importa que las personas mayores ya hayan abonado al sistema. Una vez más, se evidencia la muy común hostilidad sociopática de la derecha hacia el bien común. “El Congreso debe reducir el gasto de Medicare”, exige Cato, ya que “los ancianos son más prósperos que nunca antes”. El Congreso debería poner fin a Medicare y ofrecer a los jubilados un bono para adquirir un seguro de salud. Esa es la solución de Cato. Después de todo, ¿cuál es el beneficio de un programa del que las empresas no pueden obtener ganancias? Cabría preguntarse, sin embargo, cuántas compañías de seguros estarían dispuestas a asegurar a una persona mayor, y si es así, ¿a qué precios lo harían?
Cato alaba la reforma de los programas de apoyo social de 1996 del presidente Clinton por haber reducido en dos tercios la lista de personas elegibles. Pero se puede hacer más. “El objetivo final de la reforma,” Cato explica, “debe ser la eliminación de todo el sistema de ingresos de bienestar para las personas en condiciones de trabajar. Esto significa que la eliminación de no sólo los cupones TANF, sino también los cupones alimentos, la vivienda social y otros programas. Las personas que no están dispuestas a mantenerse a sí mismas a través del mercado de trabajo tendrían que depender del apoyo de la familia, la iglesia, la comunidad o la caridad privada”. Es el modelo perfecto del Tercer Mundo, esperando ser importado a los EE.UU. Tal vez Cato no se ha dado cuenta, pero el mercado laboral no ha funcionado tan bien para emplear a personas dispuestas, incluso ansiosas, de trabajar. Y no todos tienen parientes a los que puedan recurrir, ni tampoco todas las familias a las que les va bien económicamente pueden asumir cargas adicionales. Hay que preguntarse cómo espera Cato que las organizaciones de beneficencia y las iglesias asuman la tarea de mantener a las millones de personas que lo necesitan. No hay suficientes albergues para darles cabida a todos. Pero no importa, porque “la caridad privada es superior a la asistencia social del gobierno”. Y todavía hay un montón de bancos en los parques donde se puede dormir, y puentes bajo los cuales instalarse.
Cato guarda una especial hostilidad para el Departamento de Transporte. “La Administración Federal de Tránsito debe ser eliminada”, debido a su apoyo al ferrocarril. La pérdida de los subsidios de tránsito federales obligaría a los gobiernos locales a abrir “los mercados de transporte a operadores privados”. El control del tráfico aéreo debería ser “eliminado del presupuesto federal” y las operaciones gestionadas por una empresa privada. Amtrak también debería ser privatizada. Y la Administración Federal de Carreteras debe ser eliminada, lo que alentaría a los gobiernos estatales a “mirar hacia el sector privado para ayudar en el financiamiento y operación de carreteras”, incluyendo los peajes electrónicos, todo ello con magníficas utilidades, naturalmente. Imagine una vida en la que para conducir por las carreteras conllevara repetidos cobros y donde el ferrocarril como un servicio de transporte alternativo seguro, rápido y más amigable con el medioambiente haya sido permanentemente eliminado… esa es una pequeña muestra de algunas de las maravillas que nos puede traer este libre mercado de ensueño.
Estos no son sólo algunos de los conceptos descabellados, aunque ciertamente dan esa impresión. Los grupos de presión y de análisis sienten que el momento ha llegado, y están llevando a cabo estos objetivos con abandono. Los gobiernos estatales ya se están avanzando para poner en práctica algunos de estos objetivos políticos, y los republicanos de la Cámara Baja han introducido una serie de proyectos de ley en este sentido. De hecho, la propuesta de Presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara, Paul Ryan, refleja las recomendaciones de organismos como Cato e incluye muchas de las mismas ideas. Mientras que la propuesta de Ryan no tiene ninguna posibilidad de pasar a ley sin cambios, lo cierto es que tarde o temprano, algunos elementos encontrarán un espacio en la ley.
Los Republicanos de la Cámara proponen que se privatice Amtrak. En efecto, eso significaría la venta del corredor noreste a una empresa privada que opere la línea, cobrando tarifas más altas a los usuarios. Y ya que la rentabilidad de esa línea ayuda a apoyar el servicio de trenes para el resto de la nación, es improbable que las demás líneas encuentren compradores, lo que resultaría en su cierre. China se ha embarcado en un programa de $ 1,000 millones para la construcción de un ferrocarril de alta velocidad, infraestructura y carreteras, mientras que en los EE.UU. ese tipo de dinero está reservado para las aventuras militares y las reducciones de impuestos. En vez de eso, nos ofrecen planes de transporte basados en la privatización, la eliminación de las alternativas al automóvil e infraestructura deteriorada. El senador de Illinois, Mark Kirk, ha presentado un proyecto de ley que tipifica este enfoque, llamando a la inversión privada en carreteras y aeropuertos, y la “comercialización” de los descansos en las carreteras.
Por como van las cosas, estas ideas sólo ganarán más tracción con la elección de un presidente republicano. Los trabajadores se enfrentan a una elección poco envidiable en las elecciones de 2012: votar por el Presidente Obama, que podemos estar seguros seguirá sirviendo a los intereses corporativos, o votar por el candidato republicano, que hará lo mismo, sólo que de una manera más dura.
En los próximos meses, podemos estar seguros de que veremos más recortes salvajes de las pensiones y los servicios sociales, así como intentos de socavar la Seguridad Social. Los jueces en dos casos judiciales, en Colorado y Minnesota, han descartado los desafíos legales presentados por trabajadores estatales jubilados a quienes se les ha eliminado los ajustes por costo de vida de sus pensiones. Estas decisiones son ampliamente vistas como una luz verde para que otras legislaturas estatales recorten las pensiones, y desde ya el gobernador Christie de Nueva Jersey ha firmado una ley que recorta severamente las pensiones y los beneficios de salud de los trabajadores estatales. Y Christie dice que ha recibido llamadas de los gobernadores de otros estados, pidiéndole asesoramiento sobre la forma en que pueden replicar su acción.
Con el bajo nivel de solidaridad entre trabajadores, la lucha es desigual. Pero los sindicatos, debilitados como están, siguen enfrascados en una oposición enérgica a los ataques contra los trabajadores. Siguen siendo la mejor arma para defendernos, y merecen todo nuestro apoyo. El mundo granempresarial está realizando agresivamente su programa. No deberíamos ser menos militantes en la defensa de nuestros derechos.
Miembro de la Junta Directiva del Jasenovac Research Institute y del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad de Corea.*
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