La realidad tuvo que mostrar su cara más amarga. Barack Obama fue elegido por una amplia mayoría para inaugurar una era de cambio. Y en la rueda de prensa que ofreció el 25 de Noviembre, afirmó que su decisiva victoria le había dado un mandato para cambiar la dirección que había tomado América. Pero sus recientes nombramientos en economía y en política exterior dejan claro que cuando eligió la palabra “cambio” como su eslogan de campaña no se refería a los sectores inmobiliario, financiero o de seguros, ni tampoco a la política exterior. Aquí es donde los intereses creados concentran su poder y riqueza. Y es aquí donde el cambio ya se ha acelerado. Lamentablemente, su dirección ha sido la de aumentar la parte de las ganancias en riqueza del 1% más rico de la población americana del 37% hace diez años hasta el 57% hace cinco años, para terminar rondado 70% hoy en día.
El cambio del que Obama habla es absolutamente marginal para dicha riqueza, sin entrar en su fundamento económico o su dirección. No hay duda de que traerá cambios en las relaciones raciales, las regulaciones ambientales y un mayor respeto por las normas del estado de derecho. Y probablemente ofrecerá a los asalariados un recorte fiscal (que les permitirá seguir pagando sus deudas bancarias). Y en relación con los ricos, ellos prefieren no tener ingresos. Los impuestos gravan los ingresos, así que sus ganancias las prefieren en forma de ganancias de capital. Y tratar de evitar pérdidas es lo que hoy está de moda en medio de la actual debacle financiera.
Allí donde las pérdidas no puedan ser evitadas, el Gobierno rescatará las inversiones financieras de los ricos, pero no las deudas de los asalariados. Ese viernes por la noche del pasado mes de Octubre, cuando Obama y McCain celebraron su último debate, Obama se mostró totalmente comprometido con los rescates. Y el nombramiento esta semana del equipo de “Yeltsin” que patrocinó los masivos regalos en forma de privatizaciones de Rusia a mediados de los noventa (Larry Summers y sus protegidos del famoso régimen de Robert Rubin bajo la presidencia de Clinton) nos muestra que sabe estar en su lugar cuando se trata de conservar las buenas relaciones entre un candidato político y sus principales contribuyentes. Se trata en primer lugar de proteger los intereses creados, mientras se confunde la atención de los votantes con políticas cuyo atractivo principal es su habilidad para distraer la atención sobre el hecho que ningún cambio real está siendo realizado en los fundamentos de la economía y sus relaciones de poder. Esto no es lo que mucha gente esperaba. Pero sus esperanzas eran tan fuertes que era más fácil satisfacer los propios sueños y poner su propia fe al servicio de un príncipe que mirar al fondo de los problemas sistémicos que necesitaban ser reestructurados para que ocurriera un cambio real. Los individuos no determinan quién debe que a quién, quién está empleado por quién o qué leyes tegulan su trabajo y sus inversiones. La clave son las estructuras institucionales políticas y económicas. Y de alguna manera, el centro de atención ha estado en la política de las personalidades, y no en las fuerzas económicas existentes.
Ello es tan cierto en el extranjero como en los Estados Unidos. Hace dos semanas estaba en una reunión económica sobre la “financiarización” de Alemania. Muchos de los asistentes con los que hablé tenían la esperanza (una especie de convicción petulante) de que Obama fuera como Gorbachov en Rusia: un hombre que vio la necesidad de una reforma estructural profunda pero esperó el momento oportuno, aparentando llevarse bien con el sistema y jugar en el mismo tablero que el resto, pero introduciendo un programa de reformas revolucionarias una vez elegido.
Lejos de eso, tras emular al Presidente Carter con una brillante carrera para el nombramiento demócrata (¿será la administración de Obama tan decepcionante como la de Carter?), a quien más se parece Obama es a Boris Yeltsin, el paraguas político de unos cleptócratas a quienes se regaló, sin obtener nada a cambio, toda la economía pública y décadas de estado del bienestar.
Los lazos de Obama con la administración de Yeltsin no pueden ser más estrechos. Ha nombrado como asesores económicos al mismo equipo hostil al mundo del trabajo y amigo del mundo de las finanzas que llevó a los cleptócratas al poder en Rusia a mediados de los noventa. Su asesor Robert Rubin ha conseguido colocar a sus protegidos en puestos clave de la administración de Obama: Larry Summers, que como presidente del Banco Mundial forzó la privatización a precios de regalo para los cleptócratas; Geithner, de la reserva federal de Nueva York y un monetarista de Berkeley, tan de derechas como la propia Universidad de Chicago. Esos son los perros guardianes de los intereses creados de América.
Para un multimillonario, su primera preocupación es simplemente la de preservar su riqueza, evitar tener que asumir ninguna pérdida en el valor de sus intereses financieros en la economía, intereses en el pago de créditos e inversiones, así como intereses y dividendos, y suficientes ganancias de capital para compensar el precio de la inflación que erosiona el poder adquisitivo de los que ingresan mucho menos.
Este año ha cambiado el tradicional mito sobre el bienestar financiero ante la realidad del pinchazo de las burbujas financieras. Tradicionalmente, los pelotazos empresariales culminan en una ola de bancarrotas que aniquilan malas deudas (así como los ahorros que han sido invertidos en el lado de los activos de los balances). Este año, todo eso ha cambiado. Las malas deudas siguen estando en los balances, pero transferidas desde los bancos hacia el gobierno federal, principalmente la Reserva Federal y el Tesoro. Los rescates bancarios han buscado no tanto proteger a los bancos en sí, como permitirles pagar las malas deudas que contrajeron con los fondos hedge de cobertura y otros inversores institucionales en el mercado de derivados.
Para participar en un fondo hedge, uno necesita demostrar que puede asumir perder su dinero y no sufrir grandes consecuencias en términos de nivel de vida. Así que los 306 mil millones de dólares en garantías federales de los paquetes de hipotecas basura vendidos por Citibank y los 135 mil millones para el rescate de los contratos de seguro suscritos por A.I.G para evitar pérdidas en dichos contratos podrían haberse evitado sin mucho quebranto económico.
En efecto, reevaluar esos derechos acreedores financieros sobre la economía habría dejado el camino expedito para reevaluar las cargas deudores que lastran a la economía. Si se hubiera permitido que las subprimes y otras deudas hipotecarias cayeran hasta los cerca de 22 céntimos de dólar a los que se estaban negociando, eso habría hecho posible la reevaluación de las deudas para acompasarlas con el precio al que los tenedores hipotecarios habían comprado los préstamos. Pero lo que han hecho los programas de rescate federal de este año es evitar la erosión de los desembolsos financieros de riqueza norteamericana “ahorrados” en forma de derechos de los acreedores sobre los endeudados propietarios de vivienda, sobre las empresas industriales y sobre compañías aseguradoras de basura como A.I.G.
Bloomberg ha estimado el monto del conjunto de programas de rescate, con un resultado global de 7,7 billones de dólares, casi la mitad del PIB de un año entero. Actuando para apoyar al mercado por causa de sus nefastos créditos hipotecarios (no por sus actividades inmobiliarias), la serie aparentemente inacabable de planes de rescate de Paulson busca mantener el valor de la deuda de hoy intacto, en lugar de incorporar en los respectivos balances el valor real, depreciado. Las cargas por los servicios de esa deuda lo que harán será divertir los ingresos de la gente, transfiriéndolos del consumo hacia el pago a los acreedores. Se beneficiarán, pues, a los inversores financiero; no el trabajo o la industria. Mantendrá elevados los costes de la vida y los costes empresariales, lo que impedirá a la economía norteamericana escapar del endeudamiento y volverse otra vez competitiva.
Con todos esos billones de dólares para rescatar a los más opulentos, uno puede fácilmente olvidar preguntarse qué es lo que se deja de lado. Por lo pronto, a la Corporación de Garantía sobre Beneficio de las Pensiones (CGBP) del gobierno, cuyos 25.000 millones de déficit no han sido rescatados. Este año, los planes de pensiones privados infradotados deberían supuestamente alcanzar la plena financiación para poder proteger a la CGBP, de acuerdo con una ley aprobada por el Congreso hace dos años. Si los infradotados planes no alcanzan el previsto 92% de cobertura este año, deberán usar sus reservas hasta cubrir el 100% de la financiación. La caída de la bolsa ha hecho añicos sus esperanzas de poder hacerlo. El resultado será que muchas compañías industriales se verán en un serio aprieto financiero.
En el frente del automóvil, la administración de Bush ha presionado para que las tres grandes compañías de Detroit se declararan en bancarrota para así anular los planes de pensiones dependientes de los beneficios de esas compañías, sin plan alguno para rescatar el dinero debido a los trabajadores y restablecer la solvencia de la CGBP. Los planes de pensiones estatales y locales están prácticamente infradotados, y están sometidos incluso a mayor riesgo al declinar sus ingresos fiscales como consecuencia de la caída del pago de impuestos sobre las casas y edificios comerciales cuyas hipotecas han sido ejecutadas.
Y hablando de finanzas estatales y locales, ¿qué papel jugarán los gobiernos locales en la promesa de Obama de reconstruir infraestructuras, encabezadas por las de transporte? Dada su precaria situación financiera, ya se oye hablar de grandes planes de Wall Street para gastar sumas enormes. Mientras que el actual equipo económico de Obama hizo en su día ricos a los cleptócratas rusos dándoles activos del sector público ya existentes, los equivalentes norteamericanos de éstos en los EEUU deberán hacerse ricos construyendo nuevos proyectos. En ese caso, los beneficios serán tan grandes como el total de dinero gastado, pero no de la manera que la gente lo entiende a bote pronto. Los contratos de construcción para nuevos sistemas de transporte público, puentes y carreteras y la modernización rural y urbana podrían realizarse de forma completamente honrada y a un precio justo. Pero es la característica de “doble producto” de dichas inversiones lo que crea una suma en beneficios igual o incluso mayor en forma de concesiones a la explotación, es decir, ganancias masivas caídas del cielo para inmobiliarias bien establecidas.
Aquí es donde la experiencia política de Chicago de Obama resulta tan útil. Es en realidad un juego hecho a la medida de su equipo. Con la gentrificación de una vivienda pública notoriamente destinada a familias de bajos ingresos, pero oportunísimamente localizada en el centro de la ciudad de Chicago, se ganaron cientos de millones de dólares. Esos desarrollos, patrocinados por los mentores de Obama, la familia Pritzker, la Universidad de Chicago y un puñado de reverendos del sector inmobiliario, abrieron un vasto territorio de nuevos emplazamientos, contando con apoyo público inicial. (La casa dónde yo crecí en Hyde Park-Kenwood, más o menos una cuadra de distancia de la casa de Obama, fue demolida junto al resto de viviendas de la misma cuadra urbana en cumplimiento de un programa de renovación urbana de fines de los cincuenta lanzado por el alcalde Daley luego de que los cazadores de bloques de la Universidad degradaran el vecindario para que luego unos aterrorizados blancos vendieran a los negros a unos precios de extorsión y con unos tipos hipotecarios altos, terminando todo en el derribo de esas casas a las que habían ido a vivir los negros. Es un viejo truco del mundo inmobiliario que se aprende enseguida en la política de Chicago.) Como observó en su día Thorstein Veblen, el mejor modo de entender la vida política de cualquier ciudad norteamericana es verla como un desarrollo inmobiliario.
Las ganancias que se sacan de suministrar mejores infraestructuras de transporte son normalmente tan grandes, que las inversiones en transportes pueden autofinanciarse tasando esas ganancias, es decir, recuperando el valor añadido de renta en forma de unos impuestos a la propiedad como caídos del cielo.
La ampliación del metro de Londres hacia Canary Wharf, por ejemplo, le costó a la ciudad 8.000 millones de libras, pero, en el proceso, el valor inmobiliario aumentó por valor de 13 mil millones. La ciudad podría haber financiado el proyecto entero emitiendo bonos que podrían haber sido pagados gracias a los impuestos recaudados en las grandes ganancias creadas por esa inversión pública.
Análogamente en la ciudad de Nueva York, en donde la autoridad de transporte acaba de anunciar que las tarifas del metro y del autobús van a aumentar (añadiendo nada menos que 10 dólares al abono mensual) al tiempo que se reducen drásticamente los servicios. El alcalde Bloomberg acaba de parar las obras en la línea de metro de la segunda avenida; su terminación añadirá por lo menos tanto al valor de la propiedad del Upper East Side como todo el costo del ferrocarril metropolitano. La ciudad podría por lo tanto financiar su construcción mediante la emisión de bonos pagaderos por la ciudad y por los contribuyentes, además de las tarifas pagadas por los usuarios. Los contribuyentes no deberían desembolsar nada, y los usuarios podrían disfrutar de tarifas subvencionadas simplemente con los impuestos pagados por los propietarios inmobiliarios.
Pero no veo ninguna perspectiva de que las cosas vayan a ir por ahí. Bienes raíces: tal sigue siendo el nombre del juego, porque sigue constituyendo la mayor categoría de activos en cualquier economía de nuestros días, como bajo el feudalismo. La diferencia con el feudalismo es que mientras los terratenientes recibían hace siglos rentas por el valor de sus tierras, los propietarios inmobiliarios adquieren hoy la propiedad no a través de conquistas militares (como en la invasión Normanda de Inglaterra en 1066), sino tomando prestado de los bancos. Para un banquero que vende hipotecas, un proyecto empresarial o una inmobiliaria son un cliente de primer nivel, el bastión del balance de un banco. Es difícil de imaginar un nuevo programa de infraestructuras norteamericano que no se convierta en una nueva ola de ganancias para las inmobiliarias. Los propietarios de inmobiliarias bien situados venderán a los compradores a crédito, creando un nuevo y provechoso mercado de crédito para los bancos. La espiral de la deuda continuará.
El hecho de que los presupuestos locales y estatales estén demasiado dañados para asumir el gasto de infraestructuras por sí mismos llevará a su privatización desde el principio. Probablemente, los famosos partenariados público-privados de Londres (una finezza laborista más thatcherista que lo que Margaret Thatcher hubiera podido siquiera imaginar) se convertirá probablemente en el modelo básico. Los usuarios pagarán tarifas más altas en lugar de disfrutar del subsidio o del típico acceso libre en infraestructuras públicas que caracterizó a la Progressive Era norteamericana. El principal objetivo de una empresa pública entonces era el de mantener los precios bajos para servicios básicos, disminuyendo el coste de la vida y generando negocio en Norteamérica. Pero hoy, en cambio, lo que hay que esperar es que el gasto en infraestructuras sea tan solo un elemento más a añadir a la elevada deuda norteamericana para hacer su economía aún menos competitiva en relación con las extranjeras de lo que ya lo es hoy.
Moraleja: la próxima vez que un candidato prometa cambio, pregúntenle qué tipo de cambio tiene en mente. Durante el debate presidencial, sólo Dennis Kucinich salió a explicar todas y cada una de las leyes específicas que llevaría al Congreso para desarrollar todos y cada uno de los cambios que prometió. Pero la mayoría del público no quería saber los detalles; se contentaban con escuchar la palabra “cambio”.
Aquí van algunos cambios estrictamente fiscales y financieros que un futuro candidato presidencial debería en mi opinión proponer, cambios de los que no espero oír hablar en los próximos cuatro años. Simplemente para mantener vivo el debate, no veo el motivo por el que cambios puramente marginales dentro del sistema actual no pueden ser desarrollados ahora mismo por un candidato presidencial que aún presume de su “mandato por cambio“:
- Con relación a la política fiscal, reintroducir el impuesto sobre bienes inmuebles, en consonancia con el esquema de la etapa fiscalmente progresista de Clinton.
- Gravar las ganancias de capital al mismo nivel que los salarios y los beneficios, en lugar de a la mitad. Y hacer pagar esos impuestos en el momento de venta de los activos inmobiliarios o de otra clase, no diferidos de forma infinita si las ganancias son reinvertidas en aún más riqueza.
- Exigir un análisis coste-beneficio en cada gasto en infraestructuras apoyado por el sector público para captar todas las “economías externas” (como las grandes ganancias inmobiliarias) como un primer paso para financiar dicha inversión.
- Gravar el préstamo corporativo usado simplemente para pagar dividendos bursátiles, o para recomprar sus propias acciones, por lo menos al 50%.
- Acabar con las operaciones en paraísos fiscales, e iniciar procesos penales contra empresas contables que dan apoyo a esas prácticas.
- Dejar que un edificio se deprecie sólo una vez, no repetidamente, para evitar el pago de impuestos.
- Redirigir la imposición estatal y local hacia el impuesto sobre la propiedad, recordando que cualquier suma que no se recaude está simplemente liberada par ser pagada a los bancos en forma de interés.
- En el ámbito de la deuda bancaria basura, cuando una agencia gubernamental interviene un banco o una empresa en pérdidas, los propietarios de sus acciones deben ser desposeídos puesto que sus acciones ya no valen nada. Los propietarios de bonos deben permanecer en fila tras el gobierno en caso de insolvencia.
- Revalorizar las deudas hipotecarias en función de la capacidad de los propietarios endeudados para que paguen el actual precio del mercado. Los bancos que hicieron préstamos a esos propietarios deben asumir la responsabilidad por haber asumido que los créditos iban a ser devueltos. Aún mejor, aplicar la existente Fraudulent Conveyance Law del estado de Nueva York, que simplemente anula los créditos que han sido concedidos por encima de la capacidad económica de los deudores.
Ninguna de las cosas sobredichas supone un verdadero cambio estructural. Lo que se gana es, simplemente, una mayor eficiencia económica bajo las leyes y prácticas existentes (cosas como hacer cumplir la ley ambiental, las leyes anti-fraude y anti-crimen, y atenerse a los objetivos originales de nuestra legislación fiscal). Es un pequeño paso atrás hacia la Progressive Era de hace un siglo, la era que enseñó a los EEUU el camino de la prosperidad que hizo del XX “el siglo de América”.
AUTOR:Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.
FUENTE: SIN PERMISO.
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