Una reforma a prueba de idiotas

La Casa Blanca confía en que el Senado aprobará pronto un proyecto de ley de regulación financiera. Yo no estoy tan seguro, dada la oposición de los líderes republicanos a cualquier reforma real. Pero en cualquier caso, ¿hasta qué punto es buena la legislación que está sobre el tapete, el proyecto de ley preparado por el senador por Connecticut Chris Dodd?

No lo bastante buena. Es un intento de buena fe de hacer lo que es necesario hacer, pero crearía un sistema enormemente dependiente de la sabiduría y las buenas intenciones de los funcionarios del Gobierno. Y como demuestra la historia de la última década, confiar en las cualidades de los funcionarios puede ser peligroso para la salud de la economía.

Es verdad que es imposible idear un régimen regulador que verdaderamente esté hecho a prueba de idiotas (cualquiera que piense lo contrario subestima el poder de la estupidez). Pero uno puede tratar de crear un sistema que sea relativamente resistente a los idiotas. Por desgracia, el proyecto de ley de Dodd no lo consigue.

Como afirmaba en mi última columna, aunque casi toda la atención se ha centrado en el problema de lo demasiado grande para quebrar -y aunque los grandes bancos se merecen todo el oprobio de que son objeto-, el problema esencial de nuestro sistema financiero no es el tamaño de las mayores instituciones financieras. En realidad, es el hecho de que el sistema actual no restringe el comportamiento arriesgado de los bancos en la sombra, instituciones -como Lehman Brothers- que desempeñan funciones bancarias, que son perfectamente capaces de generar una crisis bancaria, pero que, debido a que emiten deuda en lugar de aceptar depósitos, están sometidos a una supervisión mínima.

El proyecto de ley de Dodd trata de llenar este enorme agujero del sistema permitiendo que los reguladores federales impongan "normas estrictas sobre el capital, el apalancamiento, la liquidez, la gestión del riesgo y otros requisitos a medida que las empresas crecen en tamaño y complejidad". También confiere a los reguladores poder para embargar empresas financieras con problemas, y exige que las empresas grandes y complejas remitan planes fúnebres que faciliten relativamente la tarea de acabar con ellas.

Todo eso está bien. En la práctica, impone a la banca en la sombra algo parecido al régimen regulador que ya tenemos para la banca convencional.

¿Pero qué habrá realmente en esas normas estrictas sobre el capital, la liquidez y demás? El proyecto no lo dice. En lugar de eso, se deja todo al criterio del Consejo de Supervisión para la Estabilidad Financiera, una especie de grupo de trabajo del que forman parte el presidente de la Reserva Federal, el secretario del Tesoro, el interventor de la moneda y los directores de otros cinco organismos federales.

Mike Konczal, del Instituto Roosevelt, cuyo blog se ha convertido en una lectura esencial para cualquiera que esté interesado en la reforma financiera, ha señalado cuál es el problema: simplemente plantéense quién habría estado en ese Consejo en 2005, que probablemente fue el año cumbre de los préstamos irresponsables.

Pues bien, en 2005 el presidente de la Reserva Federal era Alan Greenspan, que hizo caso omiso de las advertencias sobre la burbuja inmobiliaria y que en octubre de 2005 afirmó que "instrumentos financieros cada vez más complejos han contribuido al desarrollo de un sistema financiero mucho más flexible, eficiente y, por tanto, resistente".

Mientras tanto, el secretario del Tesoro era John Snow, que... En realidad, no creo que nadie recuerde nada sobre Snow, aparte del hecho de que Karl Rove le trataba como a un chico de los recados.

El interventor de la moneda era John Dugan, que sigue ocupando el mismo cargo. Hace poco ha sido objeto de una semblanza publicada en The New York Times que señalaba su costumbre de bloquear los intentos por parte de los Estados de castigar severamente los préstamos para el consumo abusivo, basándose en que la autoridad sobre los bancos nacionales la tiene él y no los Estados (sólo que él casi nunca toma medidas para proteger a los consumidores).

Ah, y sobre el tema de la protección de los consumidores: el proyecto de ley de Dodd crea un organismo más o menos independiente para proteger a los consumidores de los préstamos abusivos, aunque alojado en la Reserva Federal. Eso es algo bueno. Pero otorga al consejo de supervisión la potestad de saltarse las recomendaciones del organismo.

La cuestión es que el proyecto de Dodd entregaría a un gobierno decidido a apretarle las riendas a las finanzas desbocadas los instrumentos que necesita para hacer el trabajo, pero no haría gran cosa para espolear a un gobierno menos decidido. Por el contrario, haría que a los futuros reguladores les fuese más fácil mirar para otro lado mientras se hinchase otra burbuja.

Así que lo que la legislación necesita son normas explícitas, reglas que obliguen a actuar incluso a reguladores que no estén especialmente deseosos de hacer su trabajo. Por ejemplo, debería haber un nivel máximo preestablecido de apalancamiento permitido (la reforma financiera que ya ha aprobado la Cámara de Representantes lo fija en 15-1, y el Senado debería hacer lo mismo). Debería haber normas estrictas que establezcan cuándo tienen los reguladores que embargar una empresa financiera con problemas. Debería haber normas inflexibles que exijan que los derivados financieros complejos se comercialicen de forma transparente. Y así sucesivamente.

Sé que lograr introducir esos elementos en el proyecto de ley será difícil desde el punto de vista político: cuando la legislación de la reforma se presente en el pleno del Senado, habrá presiones para hacerla más blanda, no más dura, con la esperanza de atraer los votos republicanos. Pero yo instaría a los dirigentes del Senado y al Gobierno de Obama a que no se conformen con un proyecto de ley débil con tal de poder afirmar que han aprobado una reforma financiera. Necesitamos una reforma con buenas posibilidades de funcionar de verdad.

AUTOR : Paul Krugman es profesor de Economía en Princeton y premio Nobel de Economía 2008.
FUENTE : EL PAIS