Por Dean Baker *
Hay un dato muy importante del que no se suele dar cuenta en buena medida en la cobertura del caso de agresión sexual contra Dominique Strauss-Kahn, ex-director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, hasta hace muy poco, favorito entre los candidatos a convertirse en el próximo presidente de Francia. La limpiadora de hotel a la que presuntamente atacó está afiliada a un sindicato.
La razón por la cual se trata de una parte importante de la historia es que no parece probable que la presunta víctima de Strauss-Kahn se hubiera sentido segura a la hora de seguir adelante en ese trance de no haber estado protegida por un contrato sindical. La ingente mayoría de los trabajadores del sector hotelero en los Estados Unidos, al igual que la mayoría de los trabajadores del sector privado, no disfrutan de esta protección.
Esto tiene su importancia, puesto que de acuerdo con las leyes de los EE. UU., un patrono puede despedir a un trabajador en cualquier momento por casi cualquier motivo. Es ilegal que un patrono despida a un trabajador por informar de una agresión sexual. Si un trabajador cualquiera puede demostrar que ésta es la razón por la que le han despedido, tendrán que readmitirle y probablemente indemnizarle (las penas tienden a ser nimias, de modo que la indemnización retroactiva no es, por desgracia, ninguna broma).
No obstante, es completamente legal que un patrono despida a un trabajador que informa de una agresión sexual por haber llegado tarde el martes pasado o cualquier otra falta. Puesto que los patronos conocen las leyes, no van a decir nunca que están echando a un trabajador por informar de una agresión sexual. Pueden despedir a los trabajadores que informan de agresiones sexuales por otras infracciones en el puesto de trabajo, reales o inventadas.
En esto se diferencian los EE. UU. de la mayoría de los demás países ricos. Por ejemplo, todos los países de Europa Occidental otorgan a los trabajadores cierto grado de protección en el empleo, de acuerdo con la cual los patronos deben presentar un motivo para despedir a los trabajadores. Los trabajadores pueden impugnar el despido si piensan que el motivo no es válido, a diferencia de los Estados Unidos, donde no existe ese recurso.
Imaginemos la situación de la trabajadora del hotel, de no haber estado protegida por un contrato sindical. Se trata de una joven inmigrante que necesita ese empleo para mantener a su familia. Según las noticias, parece que desconocía la identidad de Strauss-Kahn en el momento en que informó de la agresión, pero sin duda se dio cuenta de que quien se encontraba en la suite de 3.000 euros la noche era persona rica e importante. En estas circunstancias, ¿qué posibilidades hubiera tenido de presentar a sus superiores un caso de agresión sexual?
Las limpiadores se hallan entre las trabajadoras peor pagadas del sector hotelero y por lo común ganan poco más que el sueldo mínimo. Se trata de un trabajo con una gran tasa de movimiento, lo que significa que es probable que se tenga a cualquier limpiadora por fácilmente reemplazable. Si esta trabajadora no disfrutara de la protección de un contrato sindical, ¿es posible que hubiera podido contar con que sus superiores se pusieran de su parte en contra de un huésped importante del hotel. ¿Habría estado ella dispuesta a arriesgar su puesto de trabajo por reivindicar su caso?
Nunca sabremos cómo hubiera respondido, si no, esta mujer en particular, dado que, por fortuna, gozaba de la protección de un sindicato. Sin embargo, es probable que no se informe de muchos otros casos semejantes porque las víctimas comprendan que no pueden arriesgar su empleo por seguir adelante con su demanda. Sencillamente han de aceptar el acoso y hasta las agresiones sexuales como "parte del trabajo".
Esta situación es especialmente irónica, dado el carácter del puesto que desempeñaba Dominique Strauss-Kahn. El FMI, junto a otros pilares del sistema económico, lleva impulsando desde hace mucho la reducción de derechos de los trabajadores en su puesto de trabajo. En concreto, ha animado a países de todo el mundo a adoptar medidas que socavan el poder de los sindicatos. El FMI también ha urgido a los países de Europa Occidental a eliminar o menoscabar la legislación que impide a los empleadores despedir a los trabajadores a voluntad. Estas leyes se consideran, al igual que los sindicatos, como "rigideces del mercado laboral" que impiden que los mercados laborales funcionen de modo eficiente.
En ese mundo de ensueño de las medidas que contienen los libros de texto de los economistas, todos los patronos dispondrían de la posibilidad de despedir a sus empleados a voluntad. No existiría una legislación destinada a protegerlos ni sindicato alguno que se interpusiera en su camino. En ese mundo de ensueño de los economistas, por tanto, los ejecutivos poderosos podrían estar bien seguros de tener licencia para acosar con impunidad a las trabajadoras de hotel.
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