Por Vicenc Navarro
El New York Times ha ido publicando una
serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como
el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de
Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en
Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco
de Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo
estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del
Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su
enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto
último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha
citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario
más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de
suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre
el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el
caso Emilio Botín.
Una discusión importante de tales
artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia
de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca
suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000
millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades
tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo,
despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los
nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza,
sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos
que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes
nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el
padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).
Según el New York Times, esta práctica
es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran
banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia
Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos
grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español
(incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por
cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de
España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es
decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar
(sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con
dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y
que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las
causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado
por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su
influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la
gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia
Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo
fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria
del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de
autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas
de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión
realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la
Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín
no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César
Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó
de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el
Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez,
ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su
presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los
fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la
investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español,
el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los
ricos no pagan impuestos en España”.
Tal tolerancia por parte del Estado con
el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de
que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son
limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de
los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico,
pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es
nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme
concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en
Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son
mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000
millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte
del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público
social que el Estado español está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New
York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe
en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a
Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que
trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio
el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios
comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la
financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios
comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador
Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el
actual, donde los medios están en una situación financiera muy
delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a
publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times
y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que
llaman “libertad de prensa”.
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