Por Daniel Munevar
CADTM
En un periodo caracterizado por el creciente poder económico y político del sistema financiero a nivel global, el uso de recursos públicos para el rescate de entidades bancarias en problemas se ha terminado convirtiendo en un lugar común. Ya sea en Chipre, Grecia, el Reino Unido o Estados Unidos, los rescates bancarios de instituciones involucradas en casos de corrupción, fraude y especulación son justificados una y otra vez bajo el argumento que dichas entidades son demasiado grandes para fallar (Too Big to Fail). Según esta línea de razonamiento, la bancarrota de grandes bancos representa una amenaza para la estabilidad financiera y económica del país donde este reside, por lo cual se hace necesario utilizar los recursos públicos para evitar su colapso.
A fuerza de ser repetido una y
otra vez por todos los medios posibles esta justificación ha terminado,
lastimosamente, por convertirse en un elemento aceptado del discurso
político en buena parte del mundo. Por esta razón no sorprende ya
escuchar a un funcionario público en España, Portugal o Irlanda señalar
que no existe alternativa a la implementación de recortes significativos
del gasto público en aras de asegurar la solvencia y estabilidad de los
bancos. Sin embargo, para añadir daño al insulto, recientemente se está
empezando a descubrir que no solo no es suficiente transferir recursos
públicos a los bancos sino que además es necesario proteger a estos y a
sus ejecutivos de las consecuencias legales y jurídicas derivadas del
accionar ilegal y criminal que caracteriza a muchos de estos. Es decir,
hoy en día los bancos no solo son muy grandes para fallar sino también
muy grandes para encarcelar.
El punto clave de la nueva doctrina para darle un pase libre a los bancos, independiente del tipo de actos ilegales en los cuales han estado involucrados así como las consecuencias sociales de estos, fue resumido por Eric Holder, Fiscal General de los Estados Unidos. Al ser cuestionado en el Senado de los Estados Unidos sobre la posición de la Fiscalía General respecto a la judicialización de bancos norteamericanos y sus ejecutivos por actos de corrupción y fraude, Holder señalo que: “el tamaño de estas instituciones es tan grande que hace difícil judicializarlos, toda vez que al intentar hacerlo se nos indica que si efectivamente se persiguen cargos criminales, ello puede tener repercusiones negativas para la economía nacional, e inclusive la economía global” |1|.
La implicación de esta posición es bastante clara. No importa que los excesos y especulación financiera hayan causado la peor crisis económica del último siglo. Es irrelevante que dichos excesos hayan estado asociados con una epidemia de fraudes |2| a todos los niveles de operación de las entidades financieras. Tan solo es un detalle menor que a consecuencia de las prácticas fraudulentas de los bancos, al menos 495 mil personas en Estados Unidos han sido expulsadas de sus hogares de manera ilegal |3| y los fondos de pensiones de los países desarrollados perdieron cerca de 5,4 millones de millones de dólares |4|. Aparentemente, el rol de los bancos es tan importante e imprescindible que su funcionamiento está por encima de los requerimientos legales y constitucionales de cualquier sociedad moderna. Por esta razón, la justicia debe mirar hacia otro lado ante bancos y ejecutivos responsables de actos de corrupción y fraude para evitar que estos puedan pasar un solo día en la cárcel. Al fin y al cabo como se puede judicializar a un ejecutivo de una institución bancaria que “solo está haciendo el trabajo de Dios” |5|, como señalo Lloyd Blankfein (CEO de Goldman Sachs).
Los anteriores argumentos serian graciosos sino fuera por el hecho que las consecuencias prácticas de la doctrina de muy grande para encarcelar se están dejando ver de manera regular a lo largo de los últimos meses en varios casos judiciales de alto perfil en ambos lados del océano. Caso tras caso, la justicia se conforma con imponer multas que representan en la mayoría de las situaciones tan solo una fracción de las ganancias obtenidas producto de actividades ilegales, al mismo tiempo que ningún ejecutivo ha sido obligado a enfrentar la justicia por cargos criminales. Tres ejemplos bastan para mostrar el absurdo de la situación actual: el juicio sobre desahucios ilegales en Estados Unidos, HSBC en el juicio sobre lavado de dinero para carteles de la droga, también en Estados Unidos, y el juicio sobre la manipulación de la tasa LIBOR en el Reino Unido.
En el primer ejemplo, en Enero de 2013, Bank America, junto a otros 9 bancos (entre ellos Citigroup, J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs), llegaron a un acuerdo con reguladores federales en los Estados Unidos para pagar una multa por un valor de 9,3 millardos de dólares (US$ 9 300 000 000) para cerrar la responsabilidad legal de los bancos ante desahucios ilegales |6|. El caso en contra de las citadas instituciones financieras se basó en la incapacidad de estas en mostrar los documentos requeridos para justificar el desahucio de un propietario atrasado en los pagos del crédito hipotecario. La inexistente regulación y el alto volumen de créditos de este tipo generados en el periodo previo a la crisis llevo a los bancos a contratar personas para firmar cientos de documentos al día aprobando los desahucios sin llevar a cabo el procedimiento legal requerido. Esta situación se presentó en al menos 450 mil casos, donde los bancos se apropiaron de hogares sin tener la justificación económica o legal para llevar a cabo dicha acción. A pesar del masivo daño causado por las prácticas fraudulentas de los bancos, la multa impuesta equivale a un pago de menos de 300 dólares por hogar afectado |7|. Es importante señalar que a pesar de las evidencias no se produjo un solo arresto o cargo criminal, al mismo tiempo que el acuerdo elimino la responsabilidad de los bancos de responder financiera o legalmente por cargos similares ocurridos en el periodo previo.
El segundo ejemplo de la doctrina de muy grande para encarcelar operando en la práctica se refiere al banco HSBC. A lo largo de la última década, HSBC colaboro con carteles de la droga de México y Colombia, así como otras organizaciones terroristas, en el lavado de activos por un monto cercano a los 880 millardos de dólares |8|. Las relaciones comerciales del banco británico con los carteles de droga perduraron en el tiempo a pesar de cientos de notificaciones y advertencias realizadas por parte Departamento de Justicia de Estados Unidos. A pesar de esta situación, los beneficios obtenidos no solamente llevaron a HSBC a ignorar las advertencias, sino que incluso indujeron al banco a establecer ventanillas especiales en sus locales en México a través de las cuales los narcotraficantes podían depositar cajas llenas de efectivo para facilitar el proceso de lavado de dinero |9|. No obstante la actitud abiertamente desafiante ante la ley de HSBC, las consecuencias para el banco de su colaboración directa con organizaciones criminales fueron prácticamente inexistentes. Este se vio forzado a pagar una multa de 1,2 millardos de dólares para cerrar el caso por lavado de activos. Para poner esta cifra en contexto, dicha suma representa el equivalente a una semana de ingresos del banco. Ni un solo ejecutivo o empleado del banco tuvo que enfrentar cargos criminales, a pesar que la colaboración con organizaciones terroristas o participación en activadas relacionadas con el narcotráfico conllevan penas de al menos 5 años en la cárcel. Al parecer lo único que hace falta para participar en el tráfico de drogas y evitar ser perseguido por la justicia es un carnet de empleado de cualquiera de los grandes bancos del mundo.
El ultimo y tercer ejemplo está relacionado con la manipulación por parte de un grupo de 18 bancos de la tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate). La tasa LIBOR representa la tasa de interés base sobre la cual se calculan las tasas de retorno de 700 millones de millones de dólares de activos y derivados financieros, lo cual la convierte tal vez en la tasa de referencia más importante del mundo. Esta se calcula con base a la información suministrada por 18 bancos de sus costos individuales de financiamiento en los mercados interbancarios. En 2012 salió a la luz pública evidencia que demostró la colusión por parte de grandes bancos, como UBS y Barclays, para manipular la tasa LIBOR de acuerdo a sus necesidades. Como en los casos anteriores, el resultado fue predecible. Ningún cargo criminal en contra de las personas responsables y multas risibles teniendo él cuenta la escala de la manipulación por un total de 450 millones de dólares para Barclays, 1500 millones para UBS y 615 millones para RBS |10|.
Aunque los bancos en cuestión aceptaron los cargos de manipulación, y por ende las sanciones impuestas por la justicia británica, la justicia norteamericana opino de manera diferente. El 29 de Marzo, la Juez Naomi Buchwald del Circuito de Cortes de Nueva York, libero a los bancos involucrados en el escándalo de cualquier responsabilidad legal ante personas e instituciones afectadas por la manipulación de la tasa LIBOR |11|. Su argumento para proteger a los bancos de posibles demandas por cargos de colusión y prácticas monopólicas, se basó en la idea que la fijación de la tasa LIBOR no parte del principio de competencia. De esta manera los bancos pueden acordar la fijación de la tasa sin que ello involucre una violación de las leyes anti trust en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta la estructura similar de fijación de tasas que operan en los mercados de Swaps y CDS, por medio del envío de tasas por parte de los participantes que terminan siendo promediadas para obtener un resultado final, el dictamen crea un peligroso precedente que abre las puertas para la manipulación abierta por parte de grandes instituciones financieras de precios y tasas clave que rigen el funcionamiento de los mercados financieros globales.
Teniendo en cuenta los anteriores casos, resulta claro que los bancos y otras grandes instituciones financieras con presencia global han evolucionado a un nivel completamente desconocido de cinismo y abuso del poder. En el mundo de hoy no basta con que los recursos públicos deben ser puestos a la disposición de entidades financieras cada vez que sus apuestas especulativas salen mal. Ahora también la ley se ajusta para proteger a los responsables de dichas entidades y justificar después del hecho cualquier conducta ilegal o criminal en la cual hayan incurrido. Un contexto de este tipo, donde prima la impunidad, solo incentiva mayores abusos y toma de riesgos por parte de ejecutivos de firmas financieras. Estos se enfrentan a un escenario en el cual en el mejor de los casos aumentan el monto de sus bonos al incrementar los ingresos del banco, independiente si los orígenes de estos recursos son ilegales o producto de la más arriesgada especulación financiera. En el peor, si son descubiertos, solo deben retirarse de la entidad sin tener que enfrentar la justicia y manteniendo intactos en sus cuentas bancarias los beneficios obtenidos. Mientras este tipo de incentivos perversos se mantenga, los abusos y el pillaje de los recursos públicos por parte del sistema financiero solo pueden seguir creciendo en el tiempo.
El punto clave de la nueva doctrina para darle un pase libre a los bancos, independiente del tipo de actos ilegales en los cuales han estado involucrados así como las consecuencias sociales de estos, fue resumido por Eric Holder, Fiscal General de los Estados Unidos. Al ser cuestionado en el Senado de los Estados Unidos sobre la posición de la Fiscalía General respecto a la judicialización de bancos norteamericanos y sus ejecutivos por actos de corrupción y fraude, Holder señalo que: “el tamaño de estas instituciones es tan grande que hace difícil judicializarlos, toda vez que al intentar hacerlo se nos indica que si efectivamente se persiguen cargos criminales, ello puede tener repercusiones negativas para la economía nacional, e inclusive la economía global” |1|.
La implicación de esta posición es bastante clara. No importa que los excesos y especulación financiera hayan causado la peor crisis económica del último siglo. Es irrelevante que dichos excesos hayan estado asociados con una epidemia de fraudes |2| a todos los niveles de operación de las entidades financieras. Tan solo es un detalle menor que a consecuencia de las prácticas fraudulentas de los bancos, al menos 495 mil personas en Estados Unidos han sido expulsadas de sus hogares de manera ilegal |3| y los fondos de pensiones de los países desarrollados perdieron cerca de 5,4 millones de millones de dólares |4|. Aparentemente, el rol de los bancos es tan importante e imprescindible que su funcionamiento está por encima de los requerimientos legales y constitucionales de cualquier sociedad moderna. Por esta razón, la justicia debe mirar hacia otro lado ante bancos y ejecutivos responsables de actos de corrupción y fraude para evitar que estos puedan pasar un solo día en la cárcel. Al fin y al cabo como se puede judicializar a un ejecutivo de una institución bancaria que “solo está haciendo el trabajo de Dios” |5|, como señalo Lloyd Blankfein (CEO de Goldman Sachs).
Los anteriores argumentos serian graciosos sino fuera por el hecho que las consecuencias prácticas de la doctrina de muy grande para encarcelar se están dejando ver de manera regular a lo largo de los últimos meses en varios casos judiciales de alto perfil en ambos lados del océano. Caso tras caso, la justicia se conforma con imponer multas que representan en la mayoría de las situaciones tan solo una fracción de las ganancias obtenidas producto de actividades ilegales, al mismo tiempo que ningún ejecutivo ha sido obligado a enfrentar la justicia por cargos criminales. Tres ejemplos bastan para mostrar el absurdo de la situación actual: el juicio sobre desahucios ilegales en Estados Unidos, HSBC en el juicio sobre lavado de dinero para carteles de la droga, también en Estados Unidos, y el juicio sobre la manipulación de la tasa LIBOR en el Reino Unido.
En el primer ejemplo, en Enero de 2013, Bank America, junto a otros 9 bancos (entre ellos Citigroup, J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs), llegaron a un acuerdo con reguladores federales en los Estados Unidos para pagar una multa por un valor de 9,3 millardos de dólares (US$ 9 300 000 000) para cerrar la responsabilidad legal de los bancos ante desahucios ilegales |6|. El caso en contra de las citadas instituciones financieras se basó en la incapacidad de estas en mostrar los documentos requeridos para justificar el desahucio de un propietario atrasado en los pagos del crédito hipotecario. La inexistente regulación y el alto volumen de créditos de este tipo generados en el periodo previo a la crisis llevo a los bancos a contratar personas para firmar cientos de documentos al día aprobando los desahucios sin llevar a cabo el procedimiento legal requerido. Esta situación se presentó en al menos 450 mil casos, donde los bancos se apropiaron de hogares sin tener la justificación económica o legal para llevar a cabo dicha acción. A pesar del masivo daño causado por las prácticas fraudulentas de los bancos, la multa impuesta equivale a un pago de menos de 300 dólares por hogar afectado |7|. Es importante señalar que a pesar de las evidencias no se produjo un solo arresto o cargo criminal, al mismo tiempo que el acuerdo elimino la responsabilidad de los bancos de responder financiera o legalmente por cargos similares ocurridos en el periodo previo.
El segundo ejemplo de la doctrina de muy grande para encarcelar operando en la práctica se refiere al banco HSBC. A lo largo de la última década, HSBC colaboro con carteles de la droga de México y Colombia, así como otras organizaciones terroristas, en el lavado de activos por un monto cercano a los 880 millardos de dólares |8|. Las relaciones comerciales del banco británico con los carteles de droga perduraron en el tiempo a pesar de cientos de notificaciones y advertencias realizadas por parte Departamento de Justicia de Estados Unidos. A pesar de esta situación, los beneficios obtenidos no solamente llevaron a HSBC a ignorar las advertencias, sino que incluso indujeron al banco a establecer ventanillas especiales en sus locales en México a través de las cuales los narcotraficantes podían depositar cajas llenas de efectivo para facilitar el proceso de lavado de dinero |9|. No obstante la actitud abiertamente desafiante ante la ley de HSBC, las consecuencias para el banco de su colaboración directa con organizaciones criminales fueron prácticamente inexistentes. Este se vio forzado a pagar una multa de 1,2 millardos de dólares para cerrar el caso por lavado de activos. Para poner esta cifra en contexto, dicha suma representa el equivalente a una semana de ingresos del banco. Ni un solo ejecutivo o empleado del banco tuvo que enfrentar cargos criminales, a pesar que la colaboración con organizaciones terroristas o participación en activadas relacionadas con el narcotráfico conllevan penas de al menos 5 años en la cárcel. Al parecer lo único que hace falta para participar en el tráfico de drogas y evitar ser perseguido por la justicia es un carnet de empleado de cualquiera de los grandes bancos del mundo.
El ultimo y tercer ejemplo está relacionado con la manipulación por parte de un grupo de 18 bancos de la tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate). La tasa LIBOR representa la tasa de interés base sobre la cual se calculan las tasas de retorno de 700 millones de millones de dólares de activos y derivados financieros, lo cual la convierte tal vez en la tasa de referencia más importante del mundo. Esta se calcula con base a la información suministrada por 18 bancos de sus costos individuales de financiamiento en los mercados interbancarios. En 2012 salió a la luz pública evidencia que demostró la colusión por parte de grandes bancos, como UBS y Barclays, para manipular la tasa LIBOR de acuerdo a sus necesidades. Como en los casos anteriores, el resultado fue predecible. Ningún cargo criminal en contra de las personas responsables y multas risibles teniendo él cuenta la escala de la manipulación por un total de 450 millones de dólares para Barclays, 1500 millones para UBS y 615 millones para RBS |10|.
Aunque los bancos en cuestión aceptaron los cargos de manipulación, y por ende las sanciones impuestas por la justicia británica, la justicia norteamericana opino de manera diferente. El 29 de Marzo, la Juez Naomi Buchwald del Circuito de Cortes de Nueva York, libero a los bancos involucrados en el escándalo de cualquier responsabilidad legal ante personas e instituciones afectadas por la manipulación de la tasa LIBOR |11|. Su argumento para proteger a los bancos de posibles demandas por cargos de colusión y prácticas monopólicas, se basó en la idea que la fijación de la tasa LIBOR no parte del principio de competencia. De esta manera los bancos pueden acordar la fijación de la tasa sin que ello involucre una violación de las leyes anti trust en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta la estructura similar de fijación de tasas que operan en los mercados de Swaps y CDS, por medio del envío de tasas por parte de los participantes que terminan siendo promediadas para obtener un resultado final, el dictamen crea un peligroso precedente que abre las puertas para la manipulación abierta por parte de grandes instituciones financieras de precios y tasas clave que rigen el funcionamiento de los mercados financieros globales.
Teniendo en cuenta los anteriores casos, resulta claro que los bancos y otras grandes instituciones financieras con presencia global han evolucionado a un nivel completamente desconocido de cinismo y abuso del poder. En el mundo de hoy no basta con que los recursos públicos deben ser puestos a la disposición de entidades financieras cada vez que sus apuestas especulativas salen mal. Ahora también la ley se ajusta para proteger a los responsables de dichas entidades y justificar después del hecho cualquier conducta ilegal o criminal en la cual hayan incurrido. Un contexto de este tipo, donde prima la impunidad, solo incentiva mayores abusos y toma de riesgos por parte de ejecutivos de firmas financieras. Estos se enfrentan a un escenario en el cual en el mejor de los casos aumentan el monto de sus bonos al incrementar los ingresos del banco, independiente si los orígenes de estos recursos son ilegales o producto de la más arriesgada especulación financiera. En el peor, si son descubiertos, solo deben retirarse de la entidad sin tener que enfrentar la justicia y manteniendo intactos en sus cuentas bancarias los beneficios obtenidos. Mientras este tipo de incentivos perversos se mantenga, los abusos y el pillaje de los recursos públicos por parte del sistema financiero solo pueden seguir creciendo en el tiempo.
Notas
|1| Ver, “Holder admits some Banks too big to jail”, disponible en: http://www.huffingtonpost.com/2013/...|2| Un reciente estudio sobre las prácticas de entrega de créditos por parte de bancos en Estados Unidos señala que a pesar de la heterogeneidad de estos, la utilización de un grado significativo de irregularidades y falsedades está presente en todas las instituciones financieras analizadas. Ver, “Asset Quality Misrepresentation by Financial Intermediaries: Evidence from RMBS Market”, disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers....
|3| Ver, “Banks to pay $8,5 billion to speed up housing relief”, disponible en: http://dealbook.nytimes.com/2013/01...
|4| Ver, OECD (2010) “The Impact of the Financial Crisis on Defined Benefit Plans and the Need for Counter-Cyclical Funding Regulations”, disponible en: http://www.oecd.org/insurance/priva...
|5| Ver, “Goldman Sachs Blankfein: Doing Gods work”, disponible en: http://blogs.wsj.com/marketbeat/200...
|6| Ver, “The Top 12 Reasons Why You Should Hate The Mortgage Settlement”, disponible en: http://www.huffingtonpost.com/yves-...
|7| Ver, “The Banks penalty to put robbosining behind them: 300 dollars per person”, disponible en: http://www.zerohedge.com/news/2013-...
|8| Ver, “Elizabeth Warren Savaged A Treasury Official During A Hearing On HSBC’s International Money Laundering Scandal” disponible en: http://www.businessinsider.com/eliz...
|9| Ver, “Ganster Bankers: Too Big to Jail”, disponible en: http://www.rollingstone.com/politic...
|10| Ver, “Everything is rigged: The biggest price fixing scandal ever”, disponible en: http://www.rollingstone.com/politic...
|11| Ver, “Judge dismisses antitrust claims in LIBOR suits” disponible en: http://online.wsj.com/article/SB100...
Daniel Munevar Miembro de la Red CADTM AYNA.
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