Por Joseph Stiglitz
PROJECT SYDICATE
La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a deliberar recientemente en un caso que resalta una cuestión tremendamente problemática relacionada con los derechos de propiedad intelectual. La Corte debe responder la siguiente pregunta: Los genes humanos –sus genes–, ¿pueden patentarse? Dicho de otro modo, ¿debe permitirse esencialmente a alguien poseer el derecho, digamos, a evaluar si usted tiene un conjunto de genes que implica una probabilidad mayor al 50 % de desarrollar cáncer de mama?
Para quienes están fuera del arcano mundo de los derechos de propiedad intelectual, la respuesta parece obvia: No. Usted
es dueño de sus genes. Una empresa puede poseer, como mucho, la
propiedad intelectual subyacente a una prueba genética; y, como la
investigación y el desarrollo necesarios para diseñar la prueba pueden
haber costado cantidades considerables, la firma puede justamente cobrar
por administrarla.
Pero una empresa con base en Utah, Myriad Genetics, reclama más que eso. Reclama los derechos por todas
las pruebas que evalúan la presencia de dos genes críticos asociados
con el cáncer de mama –y ha hecho valer ese derecho despiadadamente, aún
cuando su evaluación es inferior a otra, que la Universidad de Yale
estaba dispuesta a proporcionar con un costo mucho menor. Las
consecuencias han sido trágicas: las pruebas rigurosas y asequibles que
identifican pacientes de alto riesgo salvan vidas. Limitar esas pruebas
cuesta vidas. Myriad es un ejemplo de una corporación estadounidense
para la cual los beneficios están por encima de todos los demás valores,
incluido el de la propia vida humana.
Este
es un caso particularmente penoso. Normalmente los economistas hablan
sobre las disyuntivas: unos derechos de propiedad intelectual más
débiles, se sostiene, socavarían los incentivos a la innovación. La
ironía aquí es que el descubrimiento de Myriad se hubiese logrado de
todas formas, debido a un esfuerzo internacional con financiamiento
público para decodificar el genoma humano completo, que constituyó un
logro extraordinario de la ciencia moderna. Los beneficios sociales del
descubrimiento apenas más temprano de Myriad han sido eclipsados por los
costos que impuso a través de su insensible búsqueda de beneficios.
En
términos más amplios, hay un reconocimiento creciente de que el sistema
de patentes, según su diseño actual, no solo impone costos sociales
inefables, sino que además es incapaz de maximizar la innovación –como
lo demuestran las patentes genéticas de Myriad. Después de todo, Myriad
no inventó las tecnologías utilizadas para analizar los genes. Si esas
tecnologías hubiesen sido patentadas, es posible que Myriad no hubiese
efectuado sus descubrimientos. Y su férreo control sobre el uso de sus
patentes ha inhibido el desarrollo por terceras partes de pruebas
mejores y más precisas para detectar la presencia del gen. La cuestión
es simple: Todas las investigaciones se basan en
investigaciones previas. Un sistema de patentes mal diseñado –como el
actual– puede inhibir la investigación basada en avances previos.
Por
eso no permitimos que se patenten los descubrimientos básicos en
matemática. Y por eso la investigación muestra que patentar los genes en
realidad reduce la producción del nuevo conocimiento sobre
ellos: el insumo más importante en la producción del nuevo conocimiento
es el conocimiento anterior, y las patentes impiden el acceso a él.
Afortunadamente,
lo que motiva los avances más significativos del conocimiento no son
los beneficios, sino la búsqueda del conocimiento en sí. Esto se ha
verificado en todos los descubrimientos e innovaciones transformadores:
ADN, transistores, láseres, Internet, etc.
Otro
caso legal estadounidense ha destacado uno de los mayores peligros del
poder monopólico impulsado por patentes: la corrupción. Con precios que
exceden por mucho el costo de la producción, pueden obtenerse, por
ejemplo, enormes beneficios a través de la persuasión de farmacias,
hospitales o médicos para que desplacen las ventas hacia los productos
propios.
El fiscal federal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York acusó recientemente
al gigante farmacéutico suizo Novartis de hacer exactamente eso al dar
sobornos, honorarios y otros beneficios ilegales a médicos –exactamente
lo que prometió no hacer cuando resolvió un caso similar tres
años atrás. De hecho, Public Citizen, un grupo estadounidense para la
protección de los consumidores, ha calculado
que tan solo en EE. UU. la industria farmacéutica ha pagado miles de
millones de dólares como resultado fallos judiciales y acuerdos
financieros entre los fabricantes farmacéuticos y los gobiernos
estatales y federal.
Tristemente,
EE. UU. y otros países avanzados han presionado para instaurar
regímenes de propiedad intelectual más duros en todo el mundo. Esos
regímenes limitarían el acceso de los países pobres al conocimiento que
necesitan para su desarrollo –y les negarían drogas genéricas capaces de
salvar vidas a cientos de millones de personas que no pueden pagar los
precios monopólicos de las empresas farmacéuticas.
La
cuestión está llegando a un punto álgido en las negociaciones en curso
de la Organización Mundial del Comercio. El acuerdo sobre propiedad
intelectual de la OMC, llamado TRIPS, originalmente previó la extensión
de «flexibilidades» para los 48 países menos desarrollados, donde el
ingreso anual promedio per cápita se encuentra por debajo de los 800 dólares. El acuerdo original parece sorprendentemente claro: la OMC extenderá
esta «flexibilidades» ante la solicitud de los países menos
desarrollados. Si bien esos países han efectuado la solicitud, EE. UU. y
Europa se muestran vacilantes a la hora de cumplir.
Los derechos de propiedad intelectual son reglas que nosotros
creamos –supuestamente para mejorar el bienestar social. Pero los
regímenes desequilibrados de propiedad intelectual dan como resultado
ineficiencias –incluidos beneficios monopólicos y la incapacidad de
maximizar el uso del conocimiento– que obstaculizan el avance de la
innovación. Y, como lo demuestra el caso Myriad, pueden incluso llevar a
la pérdida innecesaria de vidas.
El
régimen de propiedad intelectual estadounidense –y el régimen que
EE. UU. ha contribuido a endilgarle al resto del mundo mediante el
acuerdo TRIPS– está desequilibrado. Esperemos que, con su decisión sobre
el caso Myriad, la Corte Suprema contribuya a la creación de un marco
de trabajo más sensato y humano.
Joseph Stiglitz es Premio Nobel de Economia, y profesor de la Universidad de Columbia.
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