FALTA DE VOLUNTAD POLITICA E IMPUESTO A LAS SOBREGANANCIAS

Continúa la bonanza de los precios internacionales de las materias primas. Según Trevor Turnbull, funcionario del Scotia Capital de Canadá, el precio del oro se dispararía a US$ 1,500/onza en setiembre, debido a que los inversionistas y especuladores lo usan como valor de refugio ante la continua depreciación del dólar. También contribuye el aumento de su uso para la joyería, la fuente más importante de su demanda, en India y China.
El costo de producción del oro (CdP) está muy, pero muy por debajo de su precio actual de US$ 918/onza (en el 2002, el precio era US$ 309/onza). En el 2006, en el Perú, dicho CdP, para las minas Yanacocha y Barrick fue de US$ 267 y US$ 202 por libra, respectivamente. Esta definición incluye todos los costos de producción, tales como costo de mina, costo de planta, gastos generales y gastos de venta. También incluye la depreciación y amortización de las inversiones realizadas.
Como se aprecia, la diferencia entre el CdP y el precio del oro es enorme, lo que origina la sobreganancia. Después de las elecciones del 2006, el gobierno dijo que no podía cobrar un impuesto a la sobreganancia porque eso vulneraría los contratos de estabilidad tributaria firmados con las empresas (que, además figuran en el Art. 62 de la Constitución de Fujimori, algo que no está en ningún otro país de la región).
Aceptemos por un momento el argumento de que no puede haber retroactividad. De allí se infiere que, en adelante, los nuevos contratos mineros deberían tener algún tipo de cláusula que haga participar al país de la sobreganancia. Ciertamente, ya no hay nada, absolutamente nada, que lo impida.
En ese caso, hay varias maneras de participación, las que existen en casi todos los países del mundo, salvo el Perú. Una modalidad bastante usada en África y los ex países socialistas consiste en que el gobierno se ponga de acuerdo con la empresa en la tasa de rentabilidad que esta espera obtener por su inversión.
Normalmente, una rentabilidad adecuada está alrededor del 18 al 20%. Pues bien, hasta que se alcance esa rentabilidad, la empresa paga sus regalías y la tasa normal del impuesto a la renta. Si la rentabilidad sube al 25%, aumentan las regalías y/o el impuesto a la renta hasta un porcentaje A, a negociarse. Cuando la rentabilidad sube al 30%, el porcentaje aumenta de A a B. Y así sucesivamente.
Aquí la cuestión es, simplemente, que el Estado tenga acceso a los costos de la empresa para que el cálculo de la rentabilidad sea transparente. Esto es normal y aceptado en todo el mundo por las empresas que cotizan en Bolsa. Incluso las que no lo hacen están sujetas, obligatoriamente, a la fiscalización tributaria que realiza la Sunat.
También se puede fijar una tasa del impuesto a la renta progresiva, es decir que aumenta con los precios de los minerales. Lo mismo se puede hacer con la regalía. Volvemos a señalar que no se están cambiando las reglas de juego, porque el juego recién está empezando, con nuevas reglas. ¿No es eso lo que decía el APRA?
Otra modalidad consiste en que el Estado se asocie con la empresa en un determinado porcentaje. Recordemos que las empresas se asocian entre ellas, como en Yanacocha (Newmont, Buenaventura y el Banco Mundial) y Antamina (BHP Billiton, Teck Cominco, XStrata y Mitubishi). No hay ningún problema en que el Estado sea uno de los socios (ver los ejemplos de Argentina, Botswana, Ghana y Zambia en" ¿ Por qué el Estado no se asoció con Chinalco?", www.cristaldemira.com, 9/5/08).
Para terminar, tampoco hay problema para que el Estado aplique un impuesto a la sobreganancia minera, como lo dijo ayer, William Smith de la canadiense BMO Nesbitt Burns, "ya que en el mundo hay mucho dinero, hay mucho minero en el mercado minero" (Andina, 22/5/08). El problema es, simplemente, que no hay voluntad política para que el Estado tenga los ingresos extras que le corresponden –los recursos naturales son de la Nación- para financiar la inversión en infraestructura y los programas sociales. El Estado se ha convertido en el perro guardián del hortelano minero. Esa es la triste realidad.

AUTOR: HUMBERTO CAMPODONICO
DIARIO LA REPUBLICA,5/23/2008

CAMISEA: EL PODER ECONOMICO Y EL PODER POLITICO

Lo que está pasando con Camisea, en sus diferentes componentes, debiera llevarnos a sacar lecciones sobre lo que sucede cuando representantes del poder económico de los grupos empresariales llegan a los más altos cargos del poder político. Pedro Pablo Kuczynski, que hoy se ve forzado a aceptar una auditoría internacional para el ducto de líquidos de Camisea, hasta ayer sugería que "no podía descartarse que la rotura fuera producto de un sabotaje". Trataba, así, de desviar la atención sobre las responsabilidades de Techint, que lidera el consorcio constructor del ducto (ver cuadro). Durante el 2003 y el 2004, PPK fue director de Tenaris, empresa argentina-italiana, poseedora del 100% de las acciones de Tecpetrol y Tecgas, como consta en su Hoja de Vida publicada por FONAFE (www.fonafe.gob.pe). PPK renunció a Tenaris cuando reasumió la cartera del MEF en febrero del 2004. También PPK fue asesor de Hunt Oil en el 2003 y 2004, lo que no aparece en la Hoja de FONAFE. Además, ha sido miembro del Directorio de Southern, en el 2003 y 2004. Antes, de 1996 a 1999, fue presidente del Directorio de Edelnor. Salta a la vista que existe un notable conflicto de intereses entre las relaciones empresariales y los cargos de ministro de Economía y Finanzas (de julio del 2001 a julio del 2002 y de febrero del 2004 a agosto del 2005) y, luego, presidente del Consejo de Ministros (desde agosto del 2005 hasta la fecha). Por eso, es legítimo preguntarse acerca de la actitud de PPK en el conflicto Edelnor/Sunat, por una acotación en el 2001 (recordemos que se opuso, irrumpiendo en el Congreso, con otros ministros). También nos preguntamos por qué se promulgó el DS 046-2002-EM, que nos aumentó las tarifas eléctricas para que cofinanciemos la construcción del ducto de Camisea a Lima (cuando ese pago recién estaba previsto que comience en el II semestre del 2004), por US$ 100 millones anuales. En el 2005, el recientemente fallecido congresista del Apra, Dr. Luis Heysen, acusó a PPK de crear la figura del ‘Defensor del Contribuyente’ desde el MEF, para impedir que la Sunat litigue en el Poder Judicial una acotación contra Barrick (Pierina) por impuestos no pagados por US$ 140 millones, debido al ilegal uso del DS 120 94 EF. Podríamos seguir, por ejemplo, con la acusación que le hiciera Manuel Dammert, sobre sus vínculos con el Latin America Enterprise Fund y los intereses chilenos en el puerto del Callao, así como en el "anillo energético". O con el congresista Javier Diez Canseco que acusó a PPK de incompatibilidad en la asunción de responsabilidades ministeriales, debido a la nacionalidad norteamericana de PPK. No existen compartimientos estancos entre la economía y la política. El poder económico siempre querrá influenciar (y, si es posible, tomar) al poder político para beneficio propio. Eso es "normal" para los mercantilistas que se disfrazan de liberales. Es lo que no puede permitirse y debe terminar.

AUTOR: HUMBERTO CAMPODONICO
CRISTAL DE MIRA,3/7/2006