Sacar de un supermercado nueve carros de la compra con productos alimentarios de primera necesidad sin pasar por caja para dárselo a quienes más lo necesitan parece ser constitutivo de delito; vulnerar derechos laborales, pagar un precio de miseria a los productores agrícolas y acabar con el campesinado local… queda impune ante la Ley.
Ésta es la conclusión que podemos sacar de la acción llevada a cabo por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), cuando este martes 7 de agosto entraron en dos supermercados, un Mercadona en Écija (Sevilla) y un Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz), recogieron alimentos básicos, salieron del primero por la puerta sin pagar y se los entregaron a colectivos necesitados.
Tras esta acción, el ministro de interior Jorge Fernández Díaz ha dado orden de “busca y captura” para los sindicalistas que la llevaron a cabo, afirmando que “todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios”. Aunque para Fernández Díaz sí hay medios que son justificados por determinados fines. Los sindicalistas del SAT no pueden sacar alimentos de un supermercado para dárselos a quienes más lo necesitan, pero el gobierno del PP sí puede recortar la prestación de empleo, el salario de los funcionarios, subir el IVA… con el “hipotético” fin de “sacarnos de la crisis”. Está claro que lo que vale para unos, no vale para otros.
