Me ha sorprendido la reciente cobertura en la prensa estadounidense de los precios de la gasolina y sus efectos en la política. Los analistas políticos están de acuerdo con que los índices de aprobación presidenciales están muy relacionados con los precios del combustible: cuando los precios suben, los índices de un presidente en las encuestas bajan. Pero, en vista de la larga historia de los Estados Unidos de abandono de la seguridad y la capacidad de resistencia energética, la idea de que la administración de Barack Obama es responsable del aumento de precios de la gasolina tiene poco sentido.
Han pasado cuatro décadas desde la crisis del precio del petróleo de los 70. Hemos aprendido mucho de esa experiencia. El impacto a corto plazo -como siempre ocurre cuando los precios del petróleo suben rápidamente- fue reducir el crecimiento al reducir el consumo de otros bienes, porque el consumo de petróleo no se ajusta tan más rápido como el de otros bienes y servicios.
Pero,
con el tiempo, las personas pueden responder, y de hecho lo hacen,
reduciendo su consumo de petróleo. Compran automóviles y
electrodomésticos que hacen un uso más eficientes del combustible ,
aíslan térmicamente sus hogares, y a veces hasta usan el transporte
público. El impacto a largo plazo es, pues, diferente y mucho menos
negativo. Mientras mayor sea la propia eficiencia energética, menor es
nuestra vulnerabilidad a la volatilidad de los precios.
Por
el lado de la oferta, hay una diferencia similar entre los efectos a
corto plazo y a más largo plazo. A corto plazo, la oferta puede ser
capaz de responder en la medida que haya capacidad de reserva (no hay
mucha ahora). Sin embargo, el efecto mucho mayor y más largo plazo
proviene del aumento de la exploración y la extracción petroleras,
debido al incentivo de los mayores precios.
Todo
esto toma tiempo, pero, a medida que ocurre, reduce el impacto
negativo: las curvas de demanda y oferta cambian en respuesta a precios
más altos (o en previsión del aumento de los precios).
En
términos de política, hubo una iniciativa prometedora a fines la década
de 1970. Se legisló sobre los estándares de eficiencia de uso de
combustible para automóviles y los fabricantes los implementaron. De una
manera más fragmentada, los estados establecieron incentivos para la
eficiencia energética en edificios residenciales y comerciales.
