Por Vicent Boix *
Si hay un negocio que tiene el futuro garantizado, no
es otro que el de la alimentación. Se puede prescindir de todos los
objetos que nos rodean y que supuestamente nos hacen la vida mejor, sin
embargo, llenar el estómago siempre será una obligación. Así lo han
entendido esas pocas multinacionales que controlan el comercio de
alimentos y los inversionistas que han volcado su dinero en los mercados
agrícolas.
Pero en la búsqueda frenética de oportunidades dentro
del agronegocio, se ha extendido el “acaparamiento de tierras”, en el
que inversores, empresarios, estados, etc. están adquiriendo millones de
hectáreas en diferentes países, sobre todo en los africanos, desde los
subsaharianos hasta los mediterráneos. Algunos buscan especular con las
tierras, otros sembrar agrocombustibles para los países ricos, y otros
aprovechar el agua y la tierra ajena para cultivar alimentos y luego
exportarlos a sus naciones.
Sea como sea, algunos cálculos ya establecen que en
África se han tramitado proyectos por una extensión total de 67 millones
de hectáreas (la superficie conjunta de Italia y Alemania).1
Los atropellos se han sucedido sin parar y aquellos maravillosos
beneficios que gozarían los pueblos que se amoldarían a la nueva
inversión agrícola, se han quedado en papel mojado. De esta forma, las
personas desalojadas de sus tierras se cuentan por decenas de miles.
Además se han reportado expulsiones violentas, encarcelamientos,
procesos judiciales contra campesinos, precariedad laboral en los nuevos
proyectos agrícolas, acaparamiento de otros recursos naturales como el
agua, deforestación de bosques, alteración de cauces en ríos, etc.
Los muchos discursos de la FAO
La FAO,2
como buena hija de Naciones Unidas, acoge todo tipo de ideas por muy
contradictorias que puedan ser entre ellas. Por ejemplo, ante la
reciente crisis alimentaria en Sudán del Sur, el responsable de este
organismo en el país africano manifestaba que “Hay que lograr que las
familias tengan en primer lugar acceso rápido a alimentos inocuos y
nutritivos, así como a otras necesidades básicas (…) Podemos hacerlo
ayudando a la gente a retomar las actividades agrícolas, ganaderas y de
otro tipo en las que basan sus medios de subsistencia”.3
La realidad es que si se quiere ayudar a la gente a
retomar sus actividades agrícolas, habrá que garantizar las tierras, las
aguas y los recursos económicos. Por eso este escenario propuesto por
el responsable de la FAO en Sudán del Sur, choca de frente con el masivo
acaparamiento de tierras en el continente, que está ayudando a la gente
a abandonar las actividades agrícolas, ganaderas y de otro tipo en las
que basan sus medios de subsistencia.
Sin embargo y a pesar de la gravedad de los hechos,
la FAO también apoya sin titubeos el acaparamiento de tierras. Junto al
Banco Mundial o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, trabaja
en los “Principios para una inversión agrícola responsable”. Como se
desprende del propio título, para estos organismos el acaparamiento de
tierras es una inversión que para las naciones empobrecidas deparará,
supuestamente, ciertos beneficios como puestos de trabajo, transferencia
tecnológica, infraestructuras rurales, seguridad alimentaria, etc. En
general, el brazo filantrópico y propagandístico de la nueva inversión
agrícola, no ofrece nada que no se haya escuchado mil veces para
justificar la inversión extranjera en general, y nada que no se
escuchará por ejemplo hace un siglo, cuando ciertas transnacionales
fruteras transformaron estados independientes centroamericanos en
“repúblicas bananeras”. A día de hoy y como se decía antes, los
atropellos y las expulsiones se imponen a las benevolencias.
Y hablando de benevolencias, dejen que les cuente un caso. En 2009, la empresa suiza Addax Bioenergy arrendó 20.000 hectáreas en Sierra Leona para cultivar caña de azúcar y generar bioetanol.4
Se ha denunciado que las comunidades no fueron consultadas para ver si
accedían a arrendar sus tierras y el acuerdo fue secreto entre la
compañía y el consejo de la aldea. Las cosechas de algunos campesinos
fueron destruidas y la indemnización recibida fue tres veces inferior al
precio real. Los agricultores han revelado que ahora tienen que
recorrer varios kilómetros hasta llegar a las nuevas tierras que les
asignaron y se ha constatado que la empresa no está cumpliendo sus
compromisos sociales (empleo, mejora agricultura local, etc.). Estos
datos fueron recabados por miembros del Consejo de Iglesias de Sierra
Leona y por un activista de derechos humanos, que además estuvieron
acompañados en el terreno por una ONG local. El Observatorio del Derecho
a la Alimentación y la Nutrición tomó estas reseñas y las incluyó en un
informe sobre acaparamiento de tierras que publicó en 2010.5
Se explica esto porque en marzo, la FAO hizo públicas
una serie de noticias sobre el “Proyecto sobre la bioenergía y
criterios e indicadores para la seguridad alimentaria” (BEFSCI, por sus
siglas en inglés). Este proyecto es financiado por el Ministerio Federal Alemán de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor, y según la información contenida en la web de la FAO, pretende desarrollar “…
una serie de criterios, indicadores, buenas prácticas y opciones
políticas sobre el desarrollo de la bioenergía moderna que promueve el
desarrollo rural y la seguridad alimentaria…”.6
Huelga decir que este proyecto es un espaldarazo
claro al desarrollo de los agrocombustibles y al acaparamiento de
tierras. Demagógicamente relaciona el cultivo energético con la
seguridad alimentaria, obviando la tragedia de un continente, África,
que debe importar decenas de millones de toneladas de alimentos básicos.
Sin ir más lejos Sierra Leona, el país donde desarrolla sus actividades
Addax Bioenergy, ha llegado a destinar el 24% de su PIB para importar comida.7
La cuestión es que en uno de los materiales de
BEFSCI, titulado “Buenas prácticas socio-económicas en la producción
moderna de bioenergía”, se menciona el caso de Addax Bioenergy como
un ejemplo de nitidez, participación ciudadana, solidaridad, etc. Las
benevolencias de la compañía suiza que se mencionan en este manual
fueron aportadas por productores locales, aunque sin ser contrastadas
por la FAO. No hay duda de que algunos lugareños se han podido
beneficiar de los proyectos de Addax Bioenergy, pero no se
entiende que una organización de Naciones Unidas se olvide de la otra
cara de la moneda, de los otros testimonios y de las injusticias. No se
entiende que un proyecto de la FAO utilice este controvertido ejemplo
como un modelo a seguir, sin comprobar los hechos. Incluso llegó a
utilizar en sus informes una fotografía que aparece en la web de Addax Bioenergy, en la que se ve a acaparados y acaparadores dándose la mano amigablemente.8
Este hecho no tendría la menor importancia si se hubiera indicado el
origen de la instantánea. Pero no hacerlo y además reconocer que no se
contrastó la información, permite pensar que los datos fueron
recopilados de una sola fuente, sin valorar las graves irregularidades
que algunas organizaciones han desvelado.
Las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tierra
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO
(CSA) fue reformado en 2009 para proporcionarle más versatilidad, peso
específico y capacidad de decisión para la creación de políticas
relacionadas con la seguridad alimentaria. El logro más importante de
esta reforma fue el espacio de participación que se proporcionó a las
partes interesadas, especialmente a las que se ven más afectadas por la
inseguridad alimentaria.
Desde hace tres años, se vienen discutiendo y
consensuando en el seno del nuevo CSA, las directrices voluntarias sobre
la gobernanza responsable de la tierra. Estas directrices pretenden
salvaguardar el acceso a la tierra y a otros recursos naturales para los
sectores de la sociedad más vulnerables, y ayudarán a que los estados
que se ven afectados por el acaparamiento de tierras puedan legislar
para garantizar estos derechos.
El pasado 11 de mayo y tras muchas reuniones, las
directrices fueron aprobadas por los estados, el sector privado y los
colectivos sociales que habían participado en su elaboración dentro del
CSA. Las primeras reacciones de las organizaciones sociales involucradas
-que representaban en algunos casos a millones de campesinos y
agricultores- han sido positivas porque por una parte se han aprobado
unas pautas que pueden ayudar a frenar la impunidad reinante hasta el
momento, y por otra, consolida el CSA reformado como un espacio de
participación y toma de decisiones.
No obstante, algunos colectivos sociales también han
manifestado que las directrices se quedan cortas en muchos aspectos,
siguen legitimando el acaparamiento de tierras y pueden entenderse de
manera desigual dependiendo de los actores. Todo, porque la acción de
ciertos estados y sobre todo del sector privado, obligó a consensuar
ciertas posiciones ambiguas y muy generales, y por eso al final,
tuvieron el mismo peso los intereses de aquellos que se juegan el poder
comer y trabajar, que los intereses de aquellos que si no invierten en
agrocombustibles en África lo harán en factorías chinas de alpargatas y
bolígrafos. Muy democrático sí, pero muy asimétrico también.
NOTAS
1
INTERMON OXFAM: “Intermón Oxfam advierte de que la actual compra
masiva de tierra está sumiendo a miles de personas en la pobreza”, 22
de septiembre de 2011.
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
3 FAO: “Elevada inseguridad alimentaria en Sudán del Sur”, Juba/Roma, 8 de febrero de 2012.
5
“Hambre y acaparamiento de tierra en Sierra Leona”, en el informe “El
acaparamiento de tierras y la nutrición, desafíos para la gobernanza
mundial”, Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición,
2010
7 MARTÍN, M.A.: La agricultura africana, Los libros de la Catarata y Casa África, Madrid, España, 2012, pag. 83.
8 BEALL, E. y ROSSI, A.: “Buenas prácticas socioeconómicas en la producción moderna de bioenergía”, FAO, Roma, Italia, año 2011, pag. 3. http://www.fao.org/docrep/015/i2507s/i2507s00.pdf
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