Un nuevo frente contra la desigualdad salarial

El líder del Partido Conservador, el recién estrenado primer ministro británico, tiene una idea para acabar con los abusos salariales en el sector público. ¿Debieran echarse a temblar los directivos con sueldos exorbitados del sector privado en los Estados Unidos?

Los conservadores siempre han disfrutado arremetiendo contra los empleados públicos y sus nóminas. Así que a nadie debiera sorprenderle que David Cameron, el recién estrenado primer ministro británico, acabe de lanzar una importante ofensiva mediática contra los más altos salarios de los funcionarios del gobierno en el Reino Unido.

Pero pudiera ser que esta nueva ofensiva termine en algo más que una cínica maniobra política para explotar las frustraciones de los contribuyentes.

De hecho, el ataque de Cameron pudiera desencadenar − sin haberlo pretendido− un avance importantísimo en la lucha contra la desigualdad de ingresos en el Reino Unido, y en cualquier otro lugar allí dónde los ejecutivos de las corporaciones se agencien unos sueldos que representan una burrada de múltiplos por encima del salario de sus propios trabajadores.

¿Pero un político conservador provocando un logro importante en post de la igualdad? En los Estados Unidos, este concepto parecería simplemente ridículo. Pero el británico David Cameron se hace llamar un tipo de conservador distinto. De hecho, está enmarcando su conservadurismo de menos-gastos-gubernamentales como un antídoto a la creciente brecha de salario y riqueza en la sociedad británica.

"¿Quién podría francamente afirmar que el concepto del 'Gran Gobierno' funciona?" preguntó este pasado abril "¿cuando la desigualdad social aumenta y la movilidad se estanca?"

En su tiempo, Cameron prometió que si alguna vez llegaba a ser primer ministro "investigaría las desigualdades salariales en el sector público". Ahora se está dedicando al cumplimiento de su promesa, y promoviendo un patrón de justicia salarial para el sector público que muchos progresistas británicos ven como un interesante precedente para una posterior ofensiva contra las enormes desigualdades del sector privado.

El criterio base es el siguiente: los múltiplos salariales. Ningún ejecutivo del sector público, dice Cameron, debería "ganar 20 veces más que la persona con el salario más bajo" en la misma agencia pública de ese directivo.

Durante la campaña electoral británica de la pasada primavera, Cameron aducía que establecer un salario máximo como éste para el sector público "abordaría políticas de pago injustas" al tiempo que "beneficiaría la cohesión y elevaría la moral".

Ciertamente, existen "políticas de pago injustas" en el sector público británico. Más de 170 funcionarios del gobierno británico reciben en la actualidad nóminas por encima de las 150.000 libras anuales, unos 220.000 dólares, según datos revelados por Cameron esta misma semana.

El ejecutivo público mejor pagado de toda Gran Bretaña, según datos recientes, recibe una cantidad por encima de los 270.000, unos 400.000 dólares, casi el doble de las 142.500 libras destinadas el primer ministro Cameron.

Los conservadores ortodoxos de línea dura en el Reino Unido dieron su beneplácito a la reciente publicación de datos como una oportunidad histórica de acabar con "el chollo del sector público". Pero los activistas de izquierdas que trabajan en el campo de la igualdad también recibieron esos informes con los brazos abiertos.

Cualquier discusión seria sobre los abusos salariales en los servicios del gobierno, piensan los activistas, provocará que no dentro de mucho, los irritados contribuyentes empiecen a cuestionar las abusivas compensaciones que tienen lugar en el mundo de la corporación privada en el Reino Unido.

Y eso ya está empezando a suceder. De hecho, existen varios informes que señalan que muchos de los directivos del sector público con pagas excesivas llegaron a sus posiciones desde otros puestos de directivos en el sector privado que "empujaron hacia arriba" sus pagas en el gobierno.

Y los grupos de contribuyentes se están percatando de que el problema de los sueldos va más allá de los oficiales que trabajan directamente a nómina del gobierno británico. Están apuntando que los altos directivos de empresas de propiedad semipública −como es la organización que administra la vivienda pública− puede que técnicamente estén situados a cierta distancia del Estado, pero estos ejecutivos reciben "enormes cantidades de dinero del contribuyente, y deberían rendir cuentas por ello".

Los progresistas británicos ocupados en el tema de la igualdad están llamando la atención sobre esta idea. Todos aquellos directivos que se embolsan "enormes cantidades del dinero del contribuyente" argumentan, "deberían rendir cuentas", y eso incluye al gran número de directivos de corporaciones privadas, cuyas compañías se benefician de los contratos del gobierno o que han recibido un rescate del mismo.

La ofensiva del gobierno de Cameron contra los pagos abusivos, tal y como aseguraba la semana pasada el director de la One Society, una organización pro- igualdad, "no resultaría adecuado del todo si el gobierno se olvidara de tomar medidas para el sector privado".

"Porque es ahí", añade Malcolm Clark de One Society, "donde se originan los inductores reales del incremento salarial directivo".

La One Society, un nuevo grupo de apoyo que trabaja para que la desigualdad se convierta en un asunto político de primer orden en el Reino Unido, pretende que el gobierno de Cameron "extienda el concepto del 'ratio salarial' a todos los sectores de la economía".

Un primer paso en esa dirección podría consistir en denegar los contratos gubernamentales a cualquier compañía privada que compensara a sus ejecutivos 20 veces por encima de la paga de sus trabajadores, el ratio que Cameron ha decidido como el apropiado −y necesario− para un sector público más eficiente.

Pero hasta el momento, el conservador Cameron no ha inaugurado ninguna medida en ese respecto, y este aparente desinterés por aplicar la reglas de las "20 veces" al sector privado podría con el tiempo resultarle políticamente incomodo al primer ministro, sugiere Jonathan Bartley, co-director de Ekklesia, un grupo de expertos religiosos londinense.

Seguramente, los ciudadanos quisieran saber, apunta Bartley "¿cómo es que un conjunto de principios resulta aceptable y ético para el sector público, pero no para el privado?".

AUTOR : Sam Pizzigati
Traducción María Argueta
FUENTE : Sam Pizzigati edita Too Much, el boletín informativo online sobre excesos y desigualdad publicado por el instituto de Estudios Políticos de Washington DC.

¿Hay que gravar fiscalmente los beneficios empresariales excesivos?

El gasto público financiado con déficit no es sino la contraparte contable del ahorro privado. Lo que hace el gasto público financiado con déficit es permitir que el sector privado alcance el nivel deseado de ahorro. Cuando ese nivel cambia, el gasto público debe ajustarse en sentido opuesto para compensar (a menos que la balanza por cuenta corriente haga ya el trabajo).

Pero piénsese lo que ocurrirá, si unos de los tres sectores importantes de la economía –en este caso, el sector empresarial— ahorra muy por encima de lo que requieren la reinversión y el crecimiento de la producción en la economía.

Si se atiende a casos recientes en los que el sector empresarial mantuvo una condición de ahorrador neto, saltan a la vista las experiencias de Japón y Canadá. Aún hoy, el sector empresarial japonés sigue siendo el principal bastión del ahorro no público, y sin embargo, el crecimiento del empleo es prácticamente inexistente. Análogamente, durante los 80 y el primer lustro de los 90, en Canadá, el sector compuesto por los hogares fue un prestador neto, mientras que el sector empresarial fue un prestatario neto. De modo que el mayor ajuste que se produjo en Canadá a través del boom exportador significó un enorme incremento del ahorro del sector empresarial durante los años de la austeridad fiscal impulsada por Paul Martin. Pero ese ahorro no derivó en enérgicas inversiones en la economía productiva, y a través de ellas, en la creación de empleo.

Como ha observado recientemente el profesor Mario Seccareccia, de la Universidad de Ottawa, en el segundo lustro de los 90 y en la década siguiente el sector empresarial en Canadá empezó a actuar como los rentistas económicos de Keynes ("The Role of Public Investment in a Coordinated "Exit Strategy" to Promote Long-Term Growth: The Keynes Legacy" [El papel de la inversión pública en una estrategia de promoción del crecimiento a largo plazo: el legado de Keynes]). De su análisis se infiere que, aun si las empresas privadas logran acumular un ahorro masivo, como ahora mismo están haciendo en Japón (y como hicieron en el Canadá de mediados de los 90), no puede obviarse la cuestión siguiente: si esos beneficios no se reinvierten para crear un ulterior crecimiento del empleo, ¿no deberían los gobiernos gravarlos fiscalmente, a fin de usar los ingresos así recaudados por la hacienda pública para promover políticas en esa dirección?

Como bien observa Seccareccia en el contexto canadiense, un gigantesco acúmulo de flujo de caja puede facilitar, y de hecho facilitó, todo tipo de desmanes: zaitech a la japonesa [ingeniería financiera], fraudes contables y fraude de control:

“Esa inversión de la posición prestador/prestatario registrada en los sectores privados de las empresas y de los hogares tiene una importancia crucial a la hora de entender la evolución del capitalismo financiero en la última década, en la que el grueso de la deriva especulativa ha sido alimentada por el creciente ahorro del sector empresarial. Ha sido el comportamiento rentista del sector empresarial --cada vez más lucrativo en sus adquisiciones financieras— lo que ha llevado, y por mucho, al abandono de la inversión productiva desde los 90.”

En ese contexto, el conjunto de la economía se financiariza y, por lo mismo, se hace menos productiva y más pronta al fraude y un desempleo creciente. Pero sirve a los intereses de los rentistas económicos. Eso es exactamente lo que pasó en Canadá y lo que ha pasado en todo el mundo en la pasada década:

Es verdad: gravar fiscalmente a los rentitas empresariales no necesariamente llevará, por sí propio, a un mayor gasto en la economía. Y desde la perspectiva de la Teoría Monetaria Moderna (TMM), es verdad también que el Estado no “necesita” los llamados recursos fiscales para gastar. Los Estados no están nunca restringidos por los recursos per se, y podrían fácilmente arreglárselas con independencia de la recaudación fiscal procedente de los impuestos a las empresas.

Al hacer esta concesión, lo que quiero decir no es tanto que los impuestos a las empresas son necesarios para el gasto público, cuanto que la amenaza de los impuestos podría inducir al sector empresarial a desempeñar algunas de las más arduas tareas del sector público en el frente de la creación de empleo. Hay ventajas políticas en esto, porque, como se está viendo ahora mismo, no faltan fuerzas poderosas y profundas movilizadas contra el gasto público con el espurio argumento de la “sostenibilidad fiscal”.

Aprovechémonos, pues, de su farol.

Hay beneficios sociales adicionales derivables de esta propuesta. Si el Estado grava fiscalmente el exceso de ahorro empresarial, éste tendrá menos oportunidades para embarcarse en la ingeniería financiera, ene l fraude del control, etc., y por lo mismo, habrá mayor estabilidad en una economía menos pronta a la financiarización. Un bien social puro.

En efecto, se trata de un impuesto explícitamente concebido para los rentistas empresariales que no reinvierten sus superbeneficios en equipo tangible de capital, salvo en burbujas tecnológicas y de telecomunicaciones, o en esquemas de pseudoinversión en China. Y sirve al propósito ideológico de: a) forzar a los capitalistas no financieros a ser capitalistas, no especuladores; y b) obligar a las iniciativas de reducción del déficit (que, como hemos dicho ya muchas veces, son patológicas y suicidas, pero que, de todas formas, se abren paso) a hacer pagar a los rentistas su “parte equitativa”.

Los halcones del déficit han ganado un impulso político significativo, pero nosotros necesitamos hacer las llaves de jiujitsu que hagan falta para apuntar a la fuente real del llamado “exceso de ahorro”, que no es sino falta de reinversión empresarial, salvo en zaitech, ingeniería financiera, dividendos y otras delicias del capitalismo de casino. Tenemos que desmitificar lo que significa tener a todo el sistema engranado con el exclusivo propósito de servir a los “valores de los accionistas”, y tenemos que demostrar que los capitalistas son un fracaso en punto a cumplir su papel: habrá que pasar por aquí antes de poder reconstruir, a partir de las ruinas de Austeria, un amplio consenso a favor de iniciativas pública y público-privadas de inversión.

Ello es que el masivo acúmulo de flujos de caja facilita todo tipo de trapacerías; ingeniería financiera, fraudes contables, fraude de control, etc. Y eso ocurrió en la época en la que los sistemas modernos de remuneración empezaron a cambiar, ligando cada vez más las bonificaciones de los ejecutivos al precio de las acciones. Por eso se ve hoy a empresas que “invierten” sus ingresos en la recompra masiva de sus propias acciones.

En Canadá, la inversión que se dio en la posición prestador/prestatario de empresas y hogares resulta crucial para entender la evolución del capitalismo financiero en la última década, en la que buena parte del impulso especulativo se alimentó del creciente ahorro del sector empresarial. Fue el comportamiento rentista del sector empresarial --cada vez más lucrativo en sus adquisiciones financieras— lo que levó, y por mucho, al abandono de la inversión productiva desde los 90.

Cuando una economía se financiariza, y por lo mismo, se hace harto menos productiva, resulta también más pronta al fraude, a una mayor inestabilidad financiera y mayores tasas de desempleo. Pero sirve a los intereses de los rentistas. Minsky llevaba razón: se necesita una “gran Estado” para que actúe a modo de baluarte estabilizador frente a la financiarización de la economía. Gravar fiscalmente los ingresos empresariales retenidos es, claramente, otra forma de lidiar con los estragos del capitalismo del mercado monetario.[1].

NOTA T.: [1] En su famosa “hipótesis sobre la financiarización de la economía”, Hyman Minsky habló ya en los 80 del “capitalismo del mercado monetario” como de una “etapa emergente del capitalismo”. En esa nueva etapa, las fuerzas financieras tendrían aún mayor alcance a causa del predominio de los fondos de Wall Street, gestionados conforme al exclusivo criterio del máximo retorno a corto plazo. Minsky advirtió premonitoriamente de que con el crecimiento del préstamo no bancario, los bancos centrales iban perdiendo contacto cotidiano con los mercados en los que se desarrollaban operaciones. La consecuencia de lo cual es que las rápidas oscilaciones en el precio y en la disponibilidad del efectivo se harían aún más pronunciadas, a pesar de las intervenciones reguladoras tendentes a estabilizar precios y flujos, lo que a su vez requeriría nuevas formas de intervención pública reguladora para prevenir la reaparición de recurrentes episodios de crecimiento especulativo sin brida seguidos de recesiones profundas y socialmente costosas.

AUTOR : Marshall Auerback
Traducción Casiopea Altisench
FUENTE : SIN PERMISO