viernes, 25 de junio de 2010

Un nuevo frente contra la desigualdad salarial




El líder del Partido Conservador, el recién estrenado primer ministro británico, tiene una idea para acabar con los abusos salariales en el sector público. ¿Debieran echarse a temblar los directivos con sueldos exorbitados del sector privado en los Estados Unidos?

Los conservadores siempre han disfrutado arremetiendo contra los empleados públicos y sus nóminas. Así que a nadie debiera sorprenderle que David Cameron, el recién estrenado primer ministro británico, acabe de lanzar una importante ofensiva mediática contra los más altos salarios de los funcionarios del gobierno en el Reino Unido.

Pero pudiera ser que esta nueva ofensiva termine en algo más que una cínica maniobra política para explotar las frustraciones de los contribuyentes.

De hecho, el ataque de Cameron pudiera desencadenar − sin haberlo pretendido− un avance importantísimo en la lucha contra la desigualdad de ingresos en el Reino Unido, y en cualquier otro lugar allí dónde los ejecutivos de las corporaciones se agencien unos sueldos que representan una burrada de múltiplos por encima del salario de sus propios trabajadores.

¿Pero un político conservador provocando un logro importante en post de la igualdad? En los Estados Unidos, este concepto parecería simplemente ridículo. Pero el británico David Cameron se hace llamar un tipo de conservador distinto. De hecho, está enmarcando su conservadurismo de menos-gastos-gubernamentales como un antídoto a la creciente brecha de salario y riqueza en la sociedad británica.

"¿Quién podría francamente afirmar que el concepto del 'Gran Gobierno' funciona?" preguntó este pasado abril "¿cuando la desigualdad social aumenta y la movilidad se estanca?"


En su tiempo, Cameron prometió que si alguna vez llegaba a ser primer ministro "investigaría las desigualdades salariales en el sector público". Ahora se está dedicando al cumplimiento de su promesa, y promoviendo un patrón de justicia salarial para el sector público que muchos progresistas británicos ven como un interesante precedente para una posterior ofensiva contra las enormes desigualdades del sector privado.

El criterio base es el siguiente: los múltiplos salariales. Ningún ejecutivo del sector público, dice Cameron, debería "ganar 20 veces más que la persona con el salario más bajo" en la misma agencia pública de ese directivo.

Durante la campaña electoral británica de la pasada primavera, Cameron aducía que establecer un salario máximo como éste para el sector público "abordaría políticas de pago injustas" al tiempo que "beneficiaría la cohesión y elevaría la moral".

Ciertamente, existen "políticas de pago injustas" en el sector público británico. Más de 170 funcionarios del gobierno británico reciben en la actualidad nóminas por encima de las 150.000 libras anuales, unos 220.000 dólares, según datos revelados por Cameron esta misma semana.

El ejecutivo público mejor pagado de toda Gran Bretaña, según datos recientes, recibe una cantidad por encima de los 270.000, unos 400.000 dólares, casi el doble de las 142.500 libras destinadas el primer ministro Cameron.

Los conservadores ortodoxos de línea dura en el Reino Unido dieron su beneplácito a la reciente publicación de datos como una oportunidad histórica de acabar con "el chollo del sector público". Pero los activistas de izquierdas que trabajan en el campo de la igualdad también recibieron esos informes con los brazos abiertos.

Cualquier discusión seria sobre los abusos salariales en los servicios del gobierno, piensan los activistas, provocará que no dentro de mucho, los irritados contribuyentes empiecen a cuestionar las abusivas compensaciones que tienen lugar en el mundo de la corporación privada en el Reino Unido.

Y eso ya está empezando a suceder. De hecho, existen varios informes que señalan que muchos de los directivos del sector público con pagas excesivas llegaron a sus posiciones desde otros puestos de directivos en el sector privado que "empujaron hacia arriba" sus pagas en el gobierno.

Y los grupos de contribuyentes se están percatando de que el problema de los sueldos va más allá de los oficiales que trabajan directamente a nómina del gobierno británico. Están apuntando que los altos directivos de empresas de propiedad semipública −como es la organización que administra la vivienda pública− puede que técnicamente estén situados a cierta distancia del Estado, pero estos ejecutivos reciben "enormes cantidades de dinero del contribuyente, y deberían rendir cuentas por ello".

Los progresistas británicos ocupados en el tema de la igualdad están llamando la atención sobre esta idea. Todos aquellos directivos que se embolsan "enormes cantidades del dinero del contribuyente" argumentan, "deberían rendir cuentas", y eso incluye al gran número de directivos de corporaciones privadas, cuyas compañías se benefician de los contratos del gobierno o que han recibido un rescate del mismo.

La ofensiva del gobierno de Cameron contra los pagos abusivos, tal y como aseguraba la semana pasada el director de la One Society, una organización pro- igualdad, "no resultaría adecuado del todo si el gobierno se olvidara de tomar medidas para el sector privado".

"Porque es ahí", añade Malcolm Clark de One Society, "donde se originan los inductores reales del incremento salarial directivo".

La One Society, un nuevo grupo de apoyo que trabaja para que la desigualdad se convierta en un asunto político de primer orden en el Reino Unido, pretende que el gobierno de Cameron "extienda el concepto del 'ratio salarial' a todos los sectores de la economía".

Un primer paso en esa dirección podría consistir en denegar los contratos gubernamentales a cualquier compañía privada que compensara a sus ejecutivos 20 veces por encima de la paga de sus trabajadores, el ratio que Cameron ha decidido como el apropiado −y necesario− para un sector público más eficiente.

Pero hasta el momento, el conservador Cameron no ha inaugurado ninguna medida en ese respecto, y este aparente desinterés por aplicar la reglas de las "20 veces" al sector privado podría con el tiempo resultarle políticamente incomodo al primer ministro, sugiere Jonathan Bartley, co-director de Ekklesia, un grupo de expertos religiosos londinense.

Seguramente, los ciudadanos quisieran saber, apunta Bartley "¿cómo es que un conjunto de principios resulta aceptable y ético para el sector público, pero no para el privado?".

AUTOR :
Sam Pizzigati
Traducción María Argueta
FUENTE :
Sam Pizzigati edita Too Much, el boletín informativo online sobre excesos y desigualdad publicado por el instituto de Estudios Políticos de Washington DC.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario