Se sabe que la inflación golpea más a los sectores de menores ingresos y, sobre todo, a los pobres. Esa regla es general. Pero hay particularidades que determinan diferentes niveles de impacto del aumento de los alimentos. Así, por ejemplo, en EEUU el peso de los alimentos en la canasta promedio de las familias es de 16%. La cosa es distinta en los países africanos, donde ese mismo peso es 70 a 75%. Por tanto, si bien el alza de alimentos preocupa a los norteamericanos, para los africanos el problema es, literalmente, de vida o muerte.
¿Y cómo está América Latina? Veamos. En el Perú el peso de los alimentos es el 47.5% de la inflación que mide el INEI, sobre la base de un ingreso de S/. 1,200 soles mensuales para una familia de 5 personas. Este 47.5% es enormemente alto comparado con Brasil, Argentina, México, Venezuela, Chile y Colombia (ver cuadro), donde el peso de los alimentos en la canasta promedio es muchísimo menor (*).
Esto no se debe a que los alimentos en el Perú sean más caros que en los otros países, pues el nivel promedio de precios de los alimentos es parecido. La cuestión es que en el Perú la pobreza es más alta y el salario es más bajo, por lo que se destina una mayor porción de los ingresos en alimentos. A lo que se agregan tres elementos que agravan la situación: 1) que para los sectores pobres D y E de Lima, según cálculos de Apoyo, el peso de los alimentos en la canasta es de 55 y 59%, respectivamente.
2) Que la inflación que considera el BCR de 3.9% es solo la de Lima. Pero la inflación "del Perú que no es Lima" es mucho mayor: según el INEI fue de 4.94% (en Arequipa fue 8.7%, en Huancayo 6.1%). Y el poder adquisitivo "en provincias" es menor que el de Lima, porque el nivel de pobreza es mayor. 3) el Perú es un país importador neto de alimentos, como resultado del abandono de las políticas de soberanía alimentaria.
En el Perú, entonces, la inflación de alimentos "se siente" más porque hay más pobreza y se gana poco y a que la legislación vigente es antitrabajador, como es ampliamente conocido. Por ejemplo, a diferencia de Argentina, Colombia y Chile no está institucionalizado el aumento anual del salario mínimo. Además, muy pocos trabajadores están en planilla, por lo que casi no tienen beneficios laborales. A lo que se agrega que el DL 1086, Ley MYPE, ahora establece que la "pequeña empresa" abarcará hasta 100 trabajadores, lo que implica el recorte de salarios y de derechos sociales.
Es el resultado de los extremos de la política neoliberal, por lo que urge poner el péndulo al medio en las relaciones entre Estado y mercado. Así van las cosas en este país que crece con cifras de dos dígitos, pero que no reparte sus frutos de manera igualitaria. Es eso lo que explica y legitima la protesta social del Paro del 9 de julio.
(*) La información proviene de un trabajo reciente presentado al Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, por el economista Hugo Perea, del BBVA.
AUTOR : HUMBERTO CAMPODONICO
CRISTAL DE MIRA, 07/07/2008
