Por Claudio Katz
La intervención de YPF y la introducción de una gestión estatal de la
empresa son medidas necesarias para comenzar a revertir la depredación
energética. Pero constituyen tan solo un punto de partida para recuperar los
recursos petroleros.
Durante una década REPSOL lideró el vaciamiento de pozos, reservas e
instalaciones pre-existentes. Extrajo lo máximo posible sin invertir y expatrió
ganancias en forma escandalosa. Esta conducta no irritó a ninguno de los
críticos neoliberales de la expropiación en curso. Ahora cuestionan la
"violación del orden jurídico", olvidando el total incumplimiento de
los contratos por parte de la firma. Esta doble vara es congruente con su
habitual aprobación de los atropellos contra los derechos de los asalariados o
jubilados. Nunca extienden a estos sectores los principios de la seguridad
jurídica.
Falacias neoliberales
Los derechistas están recreando los fantasmas del 2001-2005 y repiten
los mismos argumentos que difundieron luego del default. Advierten contra las
terribles consecuencias de "aislarse del mundo", omitiendo su récord
de pronósticos fallidos.
Algunos exculpan a REPSOL afirmando que sufrió un castigo de precios
desfavorables. Pero silencian los sucesivos ajustes de los últimos años, la
autorización para liquidar divisas en el exterior y el permiso para exportar a
costa del auto-abastecimiento. Las objetadas retenciones móviles a las ventas
externas fueron una tenue compensación del terrible drenaje que sufrió el país.
Tampoco recuerdan que la falta de inversiones se remonta a los años 90, cuando
el combustible era muy caro en dólares.
Los voceros locales de REPSOL afirman que la expropiación ahuyentará las
inversiones, que se necesitan para recomponer la producción. Pero el desarrollo
petrolero de Argentina nunca provino de los capitales foráneos. Fue un
resultado de la propiedad estatal del crudo y del equilibrio entre exploración
y explotación de pozos, que se logró mediante un sistema integrado de
extracción, refinación y comercialización. Este régimen fue demolido con la
privatización y debería ser recompuesto para reconstruir el abastecimiento.
Cualquier paso en esa dirección es visto por la derecha como una
expresión de "populismo, caja o demagogia nacionalista". Pero con su
sostén de la privatización ya demostraron cómo conciben el ideal opuesto de
conductas republicanas, maduras y responsables.
Los defensores más descarados de REPSOL alertan contra el inminente
conflicto entre argentinos y españoles que suscitará la expropiación, como si
la firma afectada fuera la representación del pueblo ibérico. En realidad es
una empresa privada de dudosa propiedad hispana, puesto que el grueso de su
capital se encuentra distribuido en varios centros financieros del mundo. Como
se especializa, además, en localizar sociedades en paraísos fiscales, potencia
la evasión impositiva que ha deteriorado las finanzas españolas, precipitando
el brutal ajuste que padece ese país.
REPSOL es naturalmente defendida por una monarquía y un gobierno reaccionario,
que continúan desplegando soberbia neo-colonial con creciente despiste. La
repetición local de esa diatriba es particularmente chocante. Como la firma
recurrirá a sus aliados de Europa y el G 20 para generar un conflicto jurídico
internacional, es imperioso que Argentina se retire del CIADI. Ese tribunal ya
tiene preparado un fallo a favor de la petrolera.
¿Empresa mixta o estatal?
Los principales problemas de la nueva YPF no se ubican en el flanco
externo. Es evidente que el gobierno decidió la expropiación por necesidad y no
por convicción. Estaba acuciado por la caída de la producción y la consiguiente
obligación de financiar importaciones con los pocos recursos que tiene la
Tesorería. Presionado por esas circunstancias introdujo un giro de 180 grados
en su idilio previo con la empresa afectada. Negoció sin resultados un
compromiso de mayor inversión y finalmente optó por el choque con sus viejos
socios. La expropiación no forma parte de una estrategia prevista, ni obedece
al gran caudal de votos logrado en los últimos comicios.
La reconstrucción de YPF se encuentra ahora en manos de quienes
participaron en su destrucción. Gran parte de la elite actual de funcionarios
protagonizó el desguace menemista de la empresa y el remate de sus acciones. Su
responsabilidad en el descalabro energético de los últimos ocho años es
inocultable. De Vido es la antítesis de Mosconi. Por su despacho pasaron todas
las autorizaciones requeridas para convalidar el aniquilamiento de YPF.
La iniciativa de expropiación es positiva, pero sus reales efectos
dependerán de las próximas medidas. Una decisión clave se juega en el manejo de
la indemnización. No se puede pagar por lo que es nuestro, ni premiar con
mayores fondos a quienes descapitalizaron la empresa. Todavía hay que averiguar
cuáles fueron las ganancias reales que acumuló REPSOL con la distribución de
utilidades a costa de los activos energéticos y con la expansión internacional
de la compañía, utilizando los recursos del subsuelo nacional.
Antes de hablar de cualquier valuación de la empresa (por cotización
bursátil, contable o patrimonial) hay ver los resultados de una auditoría, que
esclarezca el estado de los pozos y de los daños ambientales. Si se utilizan
los fondos del ANSES, las reservas del Banco Central o la emisión de nueva
deuda para pagarle a REPSOL, se repetirá la vieja historia de un estado bobo
que se hace cargo de las pérdidas ocasionadas por ex concesionarios.
La nueva YPF es concebida como una sociedad anónima, siguiendo un modelo
de empresa mixta muy distante de la vieja compañía íntegramente estatal. Esta
decisión es errónea y conspira contra el proyecto de reconstrucción energética.
No es casual que existan tantos ejemplos internacionales de manejo totalmente
público de un recurso vital. Ese modelo de propiedad pública mantuvo la tasa de
exploración requerida en el pasado para un país como Argentina, que tiene
reservas limitadas y de costosa extracción.
La necesidad de un largo proceso de inversión no es compatible con los
idealizados esquemas de compañías mixtas, que ya fueron ensayados en la primera
etapa de privatización de YPF. Un test próximo de los problemas que enfrenta
este modelo, saldrá a flote cuando deba resolverse la situación del grupo
Eskenazi. Esta familia quedó como socia minoritaria de la nueva YPF, luego de
haber perpetrado un fraude superior a las tropelías cometidas por REPSOL.
Compró su participación sin poner un solo peso, recurriendo a un crédito a
pagar con la distribución de utilidades. Su permanencia está en duda, desde el
momento que deberá cancelar ese préstamo con su propio dinero. Si se concreta
su deserción: ¿Quién se hará cargo de ese paquete? ¿El estado mediante pérdidas
adicionales? ¿O habrá una transferencia a otros "capitalistas amigos"
(Bulgheroni, Cristóbal López, Lázaro Báez, Eurekian), que ya se quedaron con
varias áreas sin realizar ninguna
Gestión, legislación y
propiedad
El gobierno promete una administración profesional de la nueva YPF. Pero
esta meta exige no sólo conocimientos técnicos, sino también gran independencia
del lobby petrolero. Si las firmas privadas participan del directorio,
aumentará el peligro de repetir los vicios del pasado (endeudamiento indebido
de la compañía) o incurrir en nuevos desaciertos (uso de los recursos para
financiar el bache de importaciones). Es evidente la trascendencia de definir
cómo se administrará la compañía y ENARSA brinda un mal antecedente inmediato.
Resulta imprescindible dotar a YPF de un genuino control social, popular y de
los trabajadores.
Pero el mayor problema radica en lo que sucederá con el 70% de la
actividad petrolera que actualmente se desarrolla fuera de YPF. El gobierno no
ha definido qué tipo de modificaciones se introducirán, en un sector regido por
principios neoliberales de libre disponibilidad del crudo por parte de los
concesionarios.
La revisión de los contratos suscriptos con esas normas recién ha
comenzado y en su gran mayoría afectó a pozos marginales. El proyecto de ley en
curso no aclara qué ocurrirá con el marco legal que habilitó la atomización del
sector y la proliferación de una gran variedad de gravosos convenios. Aquí se
impone la inmediata recuperación de la atribución del estado para controlar
toda la comercialización interna y externa, fijando las condiciones y los
precios de extracción y procesamiento.
La propiedad provincial del subsuelo constituye otro impedimento para
alcanzar esa meta. Mantiene el poder discrecional de los gobernadores para
manejar un recurso de toda la nación. El compromiso de sindicatura común que se
ha establecido con las provincias para el manejo de YPF, no se extiende al
resto del sector y sólo pospone la necesidad de reintroducir la propiedad
nacional. Marginar a las provincias no petroleras de la nueva conducción de YPF
no contribuye a esa recomposición.
Con la expropiación se abre un nuevo capítulo de historia petrolera. Hay
condiciones nacionales e internacionales muy favorables para reconstruir
nuestro cimiento energético, avanzando hacia una empresa totalmente pública.
Sólo este esquema permitirá equilibrar los costos de extracción con los precios
requeridos para el desarrollo industrial. Este manejo es indispensable para
diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de los hidrocarburos
y evitar un mayor deterioro del medio ambiente.
El logro de estos objetivos exige afectar los intereses capitalistas que
hasta ahora protegió el gobierno y adoptar una actitud soberana frente a las
presiones externas. La movilización popular con banderas propias es el gran
instrumento para esta acción.
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