Por Will Hutton *
Vamos a suponer que el gobierno británico supiera que un
accionista clave de Centrica, nuestra última gran empresa energética británica,
propietaria de British Gas, iba a vender su participación a Gazprom,
verificando con ello su traspaso en propiedad al Estado ruso. Yo esperaría que,
ante esta situación, el gobierno ampliara las disposiciones de la Enterprise
Act [Ley sobre empresas], que permite a Gran Bretaña bloquear adquisiciones que
van contra el interés nacional, para incluir el gas y la energía nuclear (la
ley se limita en la actualidad a la defensa, servicios financieros y medios de
información). Tengo fundadas certezas de que el presidente de Centrica, Sir
Roger Carr, presidente también de la CBI [Confederation of British Industry, la
patronal británica], comparte la misma opinión. Ningún país puede mostrarse
indiferente a la propiedad de activos estratégicos y, por tanto, al uso que se
haga de ellos. Su obligación primera se encuentra en el bienestar de sus
ciudadanos.
El gobierno argentino tuvo justo que enfrentarse a este
dilema la semana pasada. YPF es su empresa nacional de petróleo y gas, que
vendió a la petrolera española Repsol por 15.000 millones en 1999 como parte de
su esfuerzo privatizador. No ha resultado un gran acuerdo para ninguna de las
partes. La producción argentina de petróleo y gas se ha desplomado, se ha
detenido la exploración de nuevas reservas y este país rico en petróleo tiene
ahora que importarlo, con Repsol acusada de saquear la empresa y traicionar sus
obligaciones.
La excusa de Repsol es que los controles de precios
argentinos son absurdamente severos. Lleva queriendo vender desde hace algún
tiempo su participación y en julio pasado encontró un comprador potencial: la
compañía de petróleos estatal china Sinopec. El lunes, temiendo que el acuerdo
estuviera a punto de cerrarse, el gobierno argentino se quedó con la parte del
león de las acciones de Repsol para hacerse con el control de la mayoría. Mejor
que YPF sea propiedad del gobierno argentino que del Partido Comunista Chino es
su razonamiento.
Muchos gobiernos habrían hecho lo mismo. La propiedad
importa. Sin embargo, Argentina ha sido rotundamente condenada: la UE, España,
México, y hasta Gran Bretaña han echado su cuarto a espadas. The Economist
truena diciendo que las travesuras de la presidenta Cristina
Fernández no deben quedar sin castigo: la nacionalización es un pecado
irredimible. Se deduce que debería haberse permitido a Repsol disponer
libremente de sus acciones a cualquier comprador y al mayor precio que pudiera
conseguir. Argentina y sus ciudadanos no tienen derecho a intervenir.
