jueves, 2 de agosto de 2012

Río+20: no todo está perdido

 Por Martin Khor


La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible conocida como Río+20, que conmemoró el vigésimo aniversario de la Cumbre para la Tierra celebrada en 1992, finalizó con manifestaciones de decepción por parte de amplios sectores de los medios de comunicación y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) medioambientales, para quienes el documento final aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno y sus representantes de alto nivel contenía escasos compromisos nuevos de acción.
Su descontento era comprensible, pues la Conferencia Río+20, la mayor reunión internacional de dirigentes mundiales que ha tenido lugar este año, había generado grandes expectativas. En efecto, se esperaba que las graves crisis económicas y ambientales que afronta el mundo llevaran a la adopción de medidas decisivas que estuvieran a la altura del vigésimo aniversario de la Cumbre para la Tierra, conocida oficialmente como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

El hecho de que los cientos de jefes de Estado y de Gobierno presentes en Río de Janeiro (Brasil) hubieran sido incapaces de tomar medidas decisivas o de que no se les hubiera pedido hacerlo generó frustración y desengaño. Reinaba la impresión de que los discursos, las mesas redondas y los debates de los grupos de expertos llevados a cabo en el imponente centro de conferencias de Río formaban parte de los actos ceremoniales de los dirigentes políticos, pero que las decisiones importantes que las crisis requerían habían sido eludidas o pospuestas.
Sin embargo, hay razones para hacer una evaluación más positiva de Río+20. En primer lugar, se logró un resultado concertado, algo cada vez más raro en las reuniones multilaterales de alto nivel. En segundo lugar, aunque escasamente se logró reafirmar los entendimientos previos sobre desarrollo sostenible, se mantuvieron las bases de una cooperación internacional. Por último, se encargó a los diplomáticos y funcionarios de todos los países seguir negociando y presentar dentro de uno o dos años soluciones para importantes cuestiones pendientes como los objetivos de desarrollo sostenible, la asistencia financiera y tecnológica y la creación de un foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible.
En el documento final de 53 páginas aprobado en Río+20 titulado «El futuro que queremos» se reafirman o se recuerdan las cuestiones acordadas hace veinte años en la Cumbre para la Tierra (en donde se proclamaron los Principios de Río y se aprobó el programa de acción para el desarrollo sostenible (Programa 21)) o hace diez en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (que conmemoraba el décimo aniversario de la primera cumbre, y en donde se aprobó el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo). En el documento final se insta también a continuar las negociaciones en las Naciones Unidas en Nueva York para fortalecer las instituciones dedicadas al desarrollo sostenible y al medio ambiente, a examinar la posibilidad y la manera de proporcionar recursos financieros y tecnología a los países en desarrollo y a establecer nuevos objetivos de desarrollo sostenible.
A la luz de las cuestiones apremiantes por resolver, no hubo avances significativos, pero Río+20 tampoco ha sido el fracaso que muchos dicen que fue.

Las negociaciones previas a la Conferencia disminuyeron las expectativas 

Por varias razones, quienes siguieron de cerca las negociaciones previas a la Conferencia habían reducido sus expectativas sobre Río+20. Los acalorados debates en torno a la «economía verde», un nuevo concepto en el contexto de las negociaciones multilaterales, hicieron que se estancaran las negociaciones. Los debates se centraron muy poco en analizar las lagunas graves en la aplicación de los resultados de la Cumbre de Río de 1992 o de Johannesburgo en 2001 y en particular, del compromiso de proporcionar recursos financieros y tecnología a los países en desarrollo. Sólo hacia el final de la Conferencia tuvo lugar un debate sobre los textos relativos a cuestiones específicas de desarrollo o medio ambiente como la seguridad alimentaria, el agua, los océanos, la pobreza y el comercio, y sobre los medios de aplicación (financiación y tecnología). Fue también en esta última etapa cuando se propuso un nuevo tema (los objetivos de desarrollo sostenible).
Los países desarrollados parecían estar poco dispuestos a darle un nuevo impulso a la cooperación internacional Norte-Sur, debido quizás a las repercusiones en sus países de la crisis financiera mundial y a la inseguridad que provoca en algunos el aumento de posibles rivales de los países en desarrollo. Hasta la simple reafirmación de los compromisos adquiridos en el pasado, algo usual en las conferencias de las Naciones Unidas, se convirtió en una cuestión polémica. Se repitió lo ocurrido en abril durante el 13º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD XIII), cuando los países en desarrollo tuvieron que dar una dura pelea por lograr simplemente que los países desarrollados reafirmaran el mandato que le había sido otorgado a la UNCTAD en la conferencia anterior de 2008 en Accra (Ghana). Por último, los días dedicados en los últimos dos años a las negociaciones para abarcar esta gran variedad de temas que forman parte integral del desarrollo sostenible han sido insuficientes.
Las negociaciones siguieron en un punto muerto durante la última sesión de negociación en la misma Río+20 del 13 al 15 de junio. En la noche del 15 de junio tan sólo se había llegado a un acuerdo sobre 116 párrafos de los 315 que tenía el proyecto del documento final de la Conferencia y la posibilidad de lograr compromisos en muchas de las cuestiones principales parecía remota. El Gobierno del Brasil, país anfitrión y próximo Presidente de la conferencia, asumió el liderazgo de las negociaciones. Del 16 al 18 de junio se intensificaron las negociaciones con base en un nuevo proyecto presentado por el Brasil y finalmente, el 19 de junio, los representantes de alto nivel aprobaron el proyecto final presentado por el Brasil.
Al enfrentarse a la posibilidad de un verdadero colapso, los representantes de cerca de 200 países evitaron el desastre sacando adelante un compromiso de última hora en un documento concertado justo cuando sus dirigentes políticos llegaban a Río. Ningún país o grupo de países estaba satisfecho con el proyecto final, ya que en este no se incluían algunos puntos clave para cada grupo. De ahí que un alto funcionario de Naciones Unidas comentara que como todos estaban igualmente insatisfechos, sería posible lograr un resultado. Ante todo, había una sensación de alivio de que Río+20 no hubiera finalizado sumida en el caos y sin resultados, como ocurrió en algunas reuniones ministeriales (en 1999 y en 2003) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en la Conferencia de Copenhague sobre cambio climático (en 2009). El multilateralismo en el ámbito del desarrollo sostenible fue puesto a prueba y al parecer, no todo está perdido. El documento final concertado cumple prácticamente los requisitos mínimos para ser considerado un éxito, teniendo en cuenta el estado de la cooperación internacional y las duras batallas que tuvieron que librar los países en desarrollo durante el último año para hacer valer sus ideas. Fue una batalla muchas veces frustrante y aparentemente, perdida. Pero al final, los países en desarrollo lograron imponerse en algunas cuestiones.
Si hay una razón para ser optimistas en medio de un entorno pesimista, está en el mandato para adoptar medidas de seguimiento. Durante la sesión plenaria de clausura en la noche del 22 de junio, la Presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, acogió con beneplácito el documento final y afirmó que era un paso histórico para el desarrollo sostenible. La Presidenta Rousseff dijo igualmente que se trataba de un «punto de partida» y no de un «umbral o un tope» para iniciar la hoja de ruta para el desarrollo sostenible, que debía ser ambiciosa y convertirse en un legado para las generaciones futuras. Sus palabras fueron muy apropiadas, porque si bien en el documento en sí no se prevén medidas significativas, es un comienzo para abrir el camino para la adopción de medidas importantes.

Responsabilidades comunes pero diferenciadas

La principal batalla librada durante la última semana de negociaciones en Río fue la de lograr que los países desarrollados, los Estados Unidos en particular, renovaran los principios sobre medio ambiente y desarrollo adoptados inicialmente en la histórica Cumbre para la Tierra celebrada de 1992, como los principios ambientales de precaución y el principio de quien contamina paga, y los de desarrollo y equidad; como el derecho al desarrollo y las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas reviste una importancia particular para los países en desarrollo pues implica que si bien todos los países deben tomar medidas de desarrollo sostenible, los países desarrollados deben asumir el liderazgo en la protección del medio ambiente pues son quienes más han contribuido a los problemas ambientales y deben apoyar los esfuerzos de desarrollo sostenible de los países en desarrollo mediante financiación y tecnología.
Algunos países, en especial los Estados Unidos, opusieron resistencia a reafirmar los principios de Río y en particular, el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. La reafirmación de los principios de Río y una mención al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas era necesaria para los países en desarrollo. Sin esta reafirmación la Conferencia habría sido un desastre. Los Estados Unidos cedieron in extremis. En el párrafo 15 del documento se reafirman ahora los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, incluido el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas.
En una sección sobre el cambio climático, el párrafo 191 recuerda que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) dispone que las partes deberían proteger el sistema climático «sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades». Aunque esta mención es sólo un reflejo objetivo de la CMNUCC, constituye una victoria para los países en desarrollo teniendo en cuenta que los principios de equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas brillaron por su ausencia en la decisión de la Conferencia de las Partes de la Convención en diciembre de 2011 que dispone la celebración de negociaciones sobre una nueva Plataforma de Durban bajo la CMNUCC.
Algunos países desarrollados, en especial los Estados Unidos, adujeron que la ausencia de la mención de los principios de equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas significa que todas las Partes deberán asumir niveles similares de compromisos en un futuro régimen sobre el clima, a diferencia del Protocolo de Kyoto. Por su parte, los países en desarrollo adujeron que estos principios se aplican ya que el nuevo régimen se establecerá en virtud de la Convención y el hecho de que en Río+20 se hayan «recordado» estos dos principios en relación con las medidas de protección del sistema climático refuerza su posición.

Tecnología y financiación

Para los países en desarrollo el resultado de Río+20 en relación con la provisión de recursos financieros y la transferencia de tecnología fue una gran decepción, pues se trata de los «medios de aplicación» de los que los países en desarrollo precisan para ayudarles a poner en marcha los planes de aplicación de las medidas de desarrollo sostenible y tenían gran importancia en el Programa 21. El Grupo de los 77 y China (G-77 y China) insistió en que se reafirmara el entendimiento de que los países en desarrollo necesitan estos medios de aplicación para cumplir sus obligaciones, y en que los países desarrollados cumplan sus obligaciones, especialmente teniendo en cuenta que los países en desarrollo deberán asumir nuevas obligaciones por cuenta de las cuestiones relacionadas con la economía verde y los objetivos de desarrollo sostenible que figuran en el documento.
En materia de tecnología, el G77 y China propuso un nuevo mecanismo de transferencia de tecnología para fomentar el desarrollo sostenible ya que ha habido muy poca o ninguna transferencia real de tecnología en los últimos veinte años. Sin embargo, los Estados Unidos y otros países no quisieron reafirmar siquiera sus compromisos de transferir tecnología a los países en desarrollo. Estos países insistieron en eliminar el término «transferencia» del título de la sección sobre transferencia de tecnología y en que cuando apareciera la expresión «transferencia de tecnología» debía estar acompañada por el término «voluntaria» y por la expresión «en términos y condiciones acordados mutuamente», lo que significa que la transferencia de tecnología será de carácter comercial. El delegado principal de los Estados Unidos explicó que lo hacían para evitar la imposición de licencias obligatorias y de requisitos de transferencia de tecnología por parte de los países en desarrollo.
La exigencia de los Estados Unidos era contraria a lo expresado en del Programa 21 y en el Plan de Acción de Johannesburgo de 2001 que acordaban unos principios activos de transferencia de tecnología. Tras muchas rondas de discusiones intensas, los Estados Unidos aceptaron el último día el texto del documento (párrafo 269) en el que se «recuerdan» las disposiciones sobre tecnología del Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002, incluida la transferencia de tecnología «en particular a los países en desarrollo, en condiciones favorables, inclusive en condiciones de favor y preferenciales, según arreglos mutuamente convenidos».
Las largas negociaciones sobre la manera de abordar las cuestiones de propiedad intelectual y el acceso por parte de los países en desarrollo a tecnologías ecológicamente racionales no dieron resultados inmediatos ya que los Estados Unidos rechazaron incluso unos términos muy neutros sobre «un planteamiento equilibrado respecto de la propiedad intelectual». En el documento final sólo se hace mención de la propiedad intelectual el párrafo 269 en que se recuerdan «las disposiciones relativas a la transferencia de tecnología, la financiación, el acceso a la información y los derechos de propiedad intelectual convenidas en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo».
En materia de financiación para los países en desarrollo los países desarrollados matizaron sus compromisos anteriores y se negaron esta vez a reafirmar los términos habituales de proporcionar «recursos financieros nuevos y adicionales» a los países en desarrollo en el documento de Río+20. Esta negativa refleja quizás las dificultades presupuestarias tanto de los Estados Unidos como de Europa y la disminución de la ayuda para el desarrollo el año pasado. En cambio, el documento hace referencia a obtener recursos procedentes de «diversas fuentes» y «nuevas asociaciones», lo que implica indirectamente la disminución de la importancia (y de la cuantía) de la financiación que proporcionan los países desarrollados a los países en desarrollo. El extenso párrafo 258 reconoce la importancia de respetar el compromiso de dedicar el 0,7% del producto nacional bruto (PNB) a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de los países en desarrollo.
Los países en desarrollo no lograron, como querían, destacar en el documento la importancia de la cooperación Sur-Sur como una fuente alternativa de financiación. La cooperación Sur-Sur se destaca en cambio como expresión de solidaridad y complemento en un párrafo equilibrado (260).
El G77 y China había propuesto antes de la Conferencia la creación de un nuevo fondo para el desarrollo sostenible al que se destinarían al menos 30.000 millones de dólares anuales entre 2013 y 2017 y 100.000 millones anuales a partir de 2018. (En la Cumbre de Río de 1992 la Secretaría estimó que la financiación externa que requerían los países en desarrollo era de 100.000 millones de dólares anuales para la ejecución del Programa 21). Los países desarrollados consideraron que esta propuesta era inaceptable. Los países en desarrollo estaban por lo tanto muy descontentos con el abandono de los compromisos sobre los medios de aplicación y adujeron que sin un compromiso de financiación y tecnología, los nuevos aspectos de la economía verde y de los objetivos de desarrollo sostenible del documento final no tendrían sentido.
Para evitar el colapso se acordó que habría un proceso de seguimiento en las áreas de financiación y tecnología posterior a Río+20. Con respecto a la financiación, el párrafo 225 dispone el establecimiento de un proceso intergubernamental bajo los auspicios de la Asamblea General para evaluar las necesidades de financiación, los marcos existentes y las iniciativas adicionales con miras a preparar un informe en el que se propongan opciones sobre una estrategia efectiva de financiación para el desarrollo sostenible a fin de facilitar la movilización de recursos para el desarrollo sostenible. Un comité integrado por 30 expertos designados por los grupos regionales, cuya labor concluirá en 2014, pondrá en marcha este proceso.
En cuanto a la tecnología, los países en desarrollo querían que se estableciera un mecanismo de transferencia de tecnología o al menos, que se mantuvieran discusiones con miras a lograr este objetivo. Los países desarrollados se opusieron al establecimiento de un proceso intergubernamental directo. El párrafo 273 del documento final solicita a los organismos pertinentes de las Naciones Unidas señalar opciones para crear un mecanismo de facilitación que promueva el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías limpias y ambientalmente racionales, evaluando las necesidades tecnológicas de los países en desarrollo, las opciones para atender esas necesidades y la creación de capacidad. Además, se solicita al Secretario General que haga recomendaciones sobre este mecanismo a la Asamblea General en su sexagésimo séptimo período de sesiones.
Más que de compromisos firmes se trata de medidas que deberán ejecutarse más adelante y difícilmente podrán convencer a los países en desarrollo de que recibirán los medios de aplicación (financieros y tecnológicos) para el cumplimiento de sus compromisos relativos al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Por lo tanto, los países desarrollados no han mantenido el nivel de compromisos de hace 20 o incluso 10 años ya sea en relación con los principios de desarrollo sostenible o con la financiación y la tecnología. En efecto, los países en desarrollo hicieron concesiones significativas al aceptar un texto tan matizado, lo que debe considerarse su mayor contribución al resultado de Río+20. Sin embargo, se han puesto en marcha dos procesos que mantienen viva la cuestión de la financiación y la tecnología para el desarrollo sostenible y el proceso de seguimiento ofrece la promesa de generar nuevas estrategias y mecanismos.

Objetivos de desarrollo sostenible

Un nuevo punto del documento final de Río+20 cuyo seguimiento tiene repercusiones considerables es la decisión de formular objetivos de desarrollo sostenible. El seguimiento de esta cuestión se llevará a cabo el año próximo por medio de un grupo de trabajo bajo los auspicios de la Asamblea General de las Naciones Unidas formado por 30 miembros designados por los gobiernos a través de grupos regionales. En el documento se solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que exponga sus observaciones preliminares y a los organismos de las Naciones Unidas que brinden su apoyo al grupo de trabajo, que presentará un informe el año próximo a la Asamblea General para que tome las medidas pertinentes.
La formulación de objetivos de desarrollo sostenible no formaba parte de los temas del mandato original de Río+20, pero entró en el proceso a finales de 2011 a través de una propuesta de Colombia y unos cuantos países. El apoyo a esta propuesta fue creciendo al considerarse que este podría ser un resultado concreto de la Conferencia y una especie de remplazo de la controvertida cuestión de la economía verde. Aunque establecer unos objetivos de desarrollo sostenible resultó ser un ejercicio complejo, al menos el concepto de desarrollo sostenible era aceptado por la mayoría y a diferencia de la economía verde, no era una cuestión controversial.
Los países en desarrollo lucharon por varias cosas durante las negociaciones: por que se definan correctamente los objetivos de desarrollo sostenible, por asegurar que exista un equilibrio entre los tres pilares (económico, social y ambiental) del desarrollo sostenible en los objetivos seleccionados, por que los objetivos de desarrollo sostenible se formulen mediante un proceso intergubernamental y no que, como en el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sea el Secretario General o un grupo de expertos de las Naciones Unidas quienes los impongan a los gobiernos y por último, porque el proceso de los objetivos de desarrollo sostenible interactúe con el proceso independiente del programa de desarrollo de las Naciones Unidas después de 2015 cuando expiren los ODM y no que lo remplace. Los países en desarrollo preferían igualmente que en Río+20 no se definieran objetivos específicos de desarrollo sostenible para no impedir que en la formulación de los objetivos se incorporaran los tres pilares de forma equilibrada.
En todos estos aspectos se impuso la posición de los países en desarrollo. El documento final establece que los objetivos de desarrollo sostenible se basen en el Programa 21 y en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, que respeten plenamente todos los Principios de Río, se basen en compromisos ya contraídos e incorporen de forma equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible. También deberán ser coherentes con la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad a 2015 y su formulación no debe desviar los esfuerzos de la consecución de los ODM. Los objetivos deben abordar ámbitos prioritarios bajo la orientación del documento final.
Los países desarrollados, en particular los países de la Unión Europea (UE), consideraron decepcionante que no se hubieran adoptado en Río+20 cinco objetivos específicos sobre el medio ambiente que habían presentado como objetivos iniciales y prioritarios de desarrollo sostenible. Los países en desarrollo adujeron que no había tiempo para acordar cuales serían los objetivos iniciales pues había que incluir también objetivos económicos y sociales. La formulación de los objetivos de desarrollo sostenible y su interfaz con la agenda para el desarrollo después de 2015 será una de las medidas de seguimiento más importantes a las que ha dado origen la Conferencia Río+20.

Economía verde

El documento final contiene una extensa sección dedicada a la «economía verde». De hecho, la cuestión consumió gran parte de la energía y el tiempo de las reuniones preparatorias de la Conferencia en los últimos dos años. «La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza» había sido incluida como uno de los dos temas específicos de la Conferencia (el otro era el marco institucional para el desarrollo sostenible). Sin embargo, pronto se convirtió en el meollo del desacuerdo y la controversia al ser por una parte, un tema nuevo para las negociaciones multilaterales que podría acarrear nuevas obligaciones para los Estados y por otra parte, porque el tema se estaba negociando en el terreno del «desarrollo sostenible» y había confusión respecto a su interfaz con el desarrollo sostenible en términos conceptuales y prácticos.
Desde la primera etapa de las negociaciones algunos países desarrollados, en particular los países de la UE, abogaron por un planteamiento de la economía verde orientado a la acción y basado en normas. La UE propuso formular en Río+20 una hoja de ruta de las Naciones Unidas para la economía verde en la que se incluyeran metas específicas, objetivos y plazos para cuestiones como el agua, los bosques, la agricultura y los océanos. Para muchos países en desarrollo esto era llevar el concepto demasiado lejos. A estos países les preocupaba, por ejemplo, que el concepto de «economía verde» remplace al de «desarrollo sostenible»; que sirva para justificar el proteccionismo comercial en contra de los productos de los países en desarrollo y constituya una nueva condición para que estos países puedan obtener asistencia o préstamos; que pueda usarse para crear nuevos mercados con base en una valoración económica para evaluar las funciones de la naturaleza y de las compensaciones y pagos por los servicios ambientales y por consiguiente, acarreen la mercantilización de la naturaleza. Les preocupaba igualmente que se adoptara un planteamiento único y que existieran obligaciones en relación con la «economía verde» que deban respetar todos los países sin que los países desarrollados les proporcionen a los países en desarrollo los correspondientes medios de aplicación (recursos financieros y tecnología).
Tras una batalla que duró cerca de un año, se acordó en el documento final de Río+20 que la economía verde es una de las herramientas importantes para lograr el desarrollo sostenible que brinda opciones pero no establece un conjunto rígido de normas. Las políticas de economía verde deberán guiarse por los Principios de Río. El documento final contiene asimismo 16 puntos sobre lo que debería o no ser la economía verde: deberá, entre otros, respetar la soberanía nacional de cada país, promover el crecimiento económico inclusivo, fortalecer el suministro de recursos financieros y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, no constituir una restricción encubierta del comercio internacional, contribuir a colmar la brecha tecnológica entre el Norte y el Sur, superar la pobreza y la desigualdad y promover modalidades sostenibles de consumo y producción.
Los principales puntos de acción sobre la economía verde son bastante modestos (párrafo 66). Se invita al sistema de las Naciones Unidas a que en colaboración con los donantes pertinentes realice funciones de coordinación e información en lo que respecta a la asignación a los países interesados de los asociados que mejor les presten el apoyo solicitado; a proporcionar conjuntos de instrumentos o mejores prácticas para la aplicación de políticas sobre economía verde, metodologías para evaluar las políticas y plataformas que contribuyan a este respecto.

Marco institucional para el desarrollo sostenible

El marco institucional para el desarrollo sostenible fue una de las dos cuestiones principales de Río+20 y la sección dedicada a este marco podría ofrecer los resultados más significativos. Es un hecho ampliamente reconocido que mientras que la Cumbre para la Tierra de 1992 fue un éxito, los mecanismos de seguimiento de su aplicación fueron deficientes. El órgano principal de seguimiento era la nueva Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) que durante sus primeros años funcionó bien como órgano central de reunión de ministros y representantes de alto nivel, pero sus resultados han sido poco satisfactorios en los últimos años debido principalmente a las deficiencias en su concepción. En efecto, la CDS se reúne únicamente para una sesión anual de tan solo dos a tres semanas y su secretaría dentro del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas es demasiado reducida para la gran carga de trabajo y de cuestiones que debe asumir.
La decisión más importante tomada en Río+20 es quizás la creación de un foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible en remplazo de la CDS. La idea de este foro provino inicialmente del G77 y China. Otros países, principalmente los países europeos, proponían transformar la CDS en un nuevo Consejo de Desarrollo Sostenible. El documento final acordó la creación del foro y conserva también algunas de las ideas propuestas para el Consejo. Según el documento, el foro de alto nivel podría tener 12 funciones, entre ellas: proporcionar liderazgo político, orientación y recomendaciones para el desarrollo sostenible; proporcionar una plataforma dinámica para un diálogo periódico y para la evaluación y elaboración de programas; tener una agenda específica, dinámica y orientada a la acción que tenga debidamente en cuenta los nuevos problemas relacionados con el desarrollo sostenible; seguir y examinar los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos de desarrollo sostenible; mejorar la cooperación y la coordinación de las políticas y los programas de desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y promover la coherencia y la coordinación de las políticas de desarrollo sostenible en todo el sistema.
Habida cuenta de que aún no se han definido los pormenores, se decidió en Río+20 poner en marcha un proceso intergubernamental en la Asamblea General con el objetivo de definir la estructura del foro y determinar su organización, a fin de poder convocar el primer foro de alto nivel al comienzo del sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea en 2013.
Una cuestión fundamental es saber si este foro será únicamente una serie de reuniones y mesas redondas anuales (celebradas durante el período de sesiones anual de la Asamblea General) o si tendrá una estructura sólida que se encargue de los aspectos sociales, económicos y ambientales, que se reúna regularmente durante el año y que cuente con una secretaría lo suficientemente sólida. Si el nuevo foro puede contar con un programa amplio, un mandato de acción lo suficientemente grande para poder tomar medidas, un proceso dinámico de discusión y toma de decisiones, una secretaría sólida y con un gran respaldo político, el modesto documento final de Río+20 podrá convertirse en un proceso y en una organización que logre cambios importantes.
En Río+20 también se acordó fortalecer la función del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) por medio, entre otras cosas, del establecimiento de la composición universal de su Consejo de Administración, la asignación de recursos financieros seguros, estables y suficientes y fortaleciendo su presencia regional. Esta es la única parte del documento en la que se establece un compromiso de proporcionar recursos financieros adicionales y suficientes. A estos efectos se invita a la Asamblea General a aprobar una resolución que fortalezca y eleve el PNUMA.
Esta decisión causó gran decepción en los países europeos que abogaban firmemente, al igual que los países del Grupo Africano, por que el PNUMA se convirtiera en un organismo especializado de las Naciones Unidas. Sin embargo, esta no era una propuesta aceptable para los otros principales países desarrollados como los Estados Unidos, el Japón o Rusia ni para muchos países en desarrollo, por razones diferentes.

Marco para la acción en esferas temáticas

En el documento también figura una sección extensa (sección V) sobre el marco de acción respecto de numerosas esferas temáticas como el agua, los océanos, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la agricultura, la energía, el transporte, la salud, el empleo y la protección social, las ciudades, la reducción de los riesgos de desastre, la erradicación de la pobreza y el comercio. Para algunas de estas cuestiones se formulan propuestas y promesas de acción que, en su mayoría, pueden servir de directrices para su aplicación por parte de las instituciones y los países. Por ejemplo, la sección sobre seguridad alimentaria y agricultura sostenible reafirma el derecho a los alimentos, pone de relieve la necesidad de revitalizar el desarrollo rural y la importancia de los pequeños agricultores y de las poblaciones indígenas y su necesidad de créditos y de regímenes seguros de tenencia de la tierra y promueve la agricultura sostenible; además, destaca la necesidad de abordar las causas fundamentales de la excesiva inestabilidad de los precios de los alimentos. No aborda, sin embargo, el problema clave de las subvenciones de los países desarrollados a la agricultura.

Conclusiones

Aunque eran pocas las expectativas justificadas de que Río+20 marcara un hito al hacer frente a las graves crisis actuales, el hecho de que se hubiera llegado a un documento concertado fue de por sí un resultado positivo. El entorno de la cooperación internacional se ha deteriorado recientemente, como lo demuestran el punto muerto en que se encuentran las negociaciones de Doha de la OMC, el fracaso de la conferencia de Copenhague sobre el clima y la incertidumbre que marcó la UNCTAD XIII. Río+20 también fue víctima de los reducidos compromisos de los países desarrollados en apoyo de los objetivos de desarrollo de los países en desarrollo.
Pese a algunas dificultades, los países en desarrollo lograron mantener muchas de sus posiciones y peticiones importantes conseguidas en las negociaciones. Dice mucho de la situación internacional actual el que la reafirmación de los principios establecidos hace 10 y 20 años sea una señal de éxito.
El documento final de Río+20 permite suponer que no todo está perdido para el sistema multilateral del desarrollo sostenible. Las medidas establecidas por mandato en el documento final de Río+20 en relación con el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible, la estrategia financiera y el mecanismo de facilitación para la transferencia de tecnología y los objetivos de desarrollo sostenible hacen pensar que el próximo será un año de más trabajo (y quizás de trabajo muy importante) para las Naciones Unidas. El éxito de cualquier conferencia está determinado en última instancia por la solidez de su mecanismo de seguimiento. Río+20 podría seguir siendo una conferencia decepcionante o podría convertirse en el comienzo de algo significativo. En ese sentido, Río+20 no ha terminado sino que apenas comienza, como afirmó la Presidenta del Brasil en la ceremonia de clausura de la Conferencia.


FUENTE  :  SOUTH CENTRE

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