Por Martin Khor
La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
conocida como Río+20, que conmemoró el vigésimo aniversario de la Cumbre
para la Tierra celebrada en 1992, finalizó con manifestaciones de
decepción por parte de amplios sectores de los medios de comunicación y
de las organizaciones no gubernamentales (ONG) medioambientales, para
quienes el documento final aprobado por los Jefes de Estado y de
Gobierno y sus representantes de alto nivel contenía escasos compromisos
nuevos de acción.
Su
descontento era comprensible, pues la Conferencia Río+20, la mayor
reunión internacional de dirigentes mundiales que ha tenido lugar este
año, había generado grandes expectativas. En efecto, se esperaba que las
graves crisis económicas y ambientales que afronta el mundo llevaran a
la adopción de medidas decisivas que estuvieran a la altura del vigésimo
aniversario de la Cumbre para la Tierra, conocida oficialmente como la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo.
El
hecho de que los cientos de jefes de Estado y de Gobierno presentes en
Río de Janeiro (Brasil) hubieran sido incapaces de tomar medidas
decisivas o de que no se les hubiera pedido hacerlo generó frustración y
desengaño. Reinaba la impresión de que los discursos, las mesas
redondas y los debates de los grupos de expertos llevados a cabo en el
imponente centro de conferencias de Río formaban parte de los actos
ceremoniales de los dirigentes políticos, pero que las decisiones
importantes que las crisis requerían habían sido eludidas o pospuestas.
Sin
embargo, hay razones para hacer una evaluación más positiva de Río+20.
En primer lugar, se logró un resultado concertado, algo cada vez más
raro en las reuniones multilaterales de alto nivel. En segundo lugar,
aunque escasamente se logró reafirmar los entendimientos previos sobre
desarrollo sostenible, se mantuvieron las bases de una cooperación
internacional. Por último, se encargó a los diplomáticos y funcionarios
de todos los países seguir negociando y presentar dentro de uno o dos
años soluciones para importantes cuestiones pendientes como los
objetivos de desarrollo sostenible, la asistencia financiera y
tecnológica y la creación de un foro político de alto nivel sobre
desarrollo sostenible.
En
el documento final de 53 páginas aprobado en Río+20 titulado «El futuro
que queremos» se reafirman o se recuerdan las cuestiones acordadas
hace veinte años en la Cumbre para la Tierra (en donde se proclamaron
los Principios de Río y se aprobó el programa de acción para el
desarrollo sostenible (Programa 21)) o hace diez en la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (que conmemoraba el
décimo aniversario de la primera cumbre, y en donde se aprobó el Plan de
Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo). En el documento final
se insta también a continuar las negociaciones en las Naciones Unidas en
Nueva York para fortalecer las instituciones dedicadas al desarrollo
sostenible y al medio ambiente, a examinar la posibilidad y la manera de
proporcionar recursos financieros y tecnología a los países en
desarrollo y a establecer nuevos objetivos de desarrollo sostenible.
A
la luz de las cuestiones apremiantes por resolver, no hubo avances
significativos, pero Río+20 tampoco ha sido el fracaso que muchos dicen
que fue.
Las negociaciones previas a la Conferencia disminuyeron las expectativas
Por
varias razones, quienes siguieron de cerca las negociaciones previas a
la Conferencia habían reducido sus expectativas sobre Río+20. Los
acalorados debates en torno a la «economía verde», un nuevo concepto en
el contexto de las negociaciones multilaterales, hicieron que se
estancaran las negociaciones. Los debates se centraron muy poco en
analizar las lagunas graves en la aplicación de los resultados de la
Cumbre de Río de 1992 o de Johannesburgo en 2001 y en particular, del
compromiso de proporcionar recursos financieros y tecnología a los
países en desarrollo. Sólo hacia el final de la Conferencia tuvo lugar
un debate sobre los textos relativos a cuestiones específicas de
desarrollo o medio ambiente como la seguridad alimentaria, el agua, los
océanos, la pobreza y el comercio, y sobre los medios de aplicación
(financiación y tecnología). Fue también en esta última etapa cuando se
propuso un nuevo tema (los objetivos de desarrollo sostenible).
Los
países desarrollados parecían estar poco dispuestos a darle un nuevo
impulso a la cooperación internacional Norte-Sur, debido quizás a las
repercusiones en sus países de la crisis financiera mundial y a la
inseguridad que provoca en algunos el aumento de posibles rivales de los
países en desarrollo. Hasta la simple reafirmación de los compromisos
adquiridos en el pasado, algo usual en las conferencias de las Naciones
Unidas, se convirtió en una cuestión polémica. Se repitió lo ocurrido en
abril durante el 13º período de sesiones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD XIII), cuando los
países en desarrollo tuvieron que dar una dura pelea por lograr
simplemente que los países desarrollados reafirmaran el mandato que le
había sido otorgado a la UNCTAD en la conferencia anterior de 2008 en
Accra (Ghana). Por último, los días dedicados en los últimos dos años a
las negociaciones para abarcar esta gran variedad de temas que forman
parte integral del desarrollo sostenible han sido insuficientes.
Las
negociaciones siguieron en un punto muerto durante la última sesión de
negociación en la misma Río+20 del 13 al 15 de junio. En la noche del 15
de junio tan sólo se había llegado a un acuerdo sobre 116 párrafos de
los 315 que tenía el proyecto del documento final de la Conferencia y la
posibilidad de lograr compromisos en muchas de las cuestiones
principales parecía remota. El Gobierno del Brasil, país anfitrión y
próximo Presidente de la conferencia, asumió el liderazgo de las
negociaciones. Del 16 al 18 de junio se intensificaron las negociaciones
con base en un nuevo proyecto presentado por el Brasil y finalmente,
el 19 de junio, los representantes de alto nivel aprobaron el proyecto
final presentado por el Brasil.
Al
enfrentarse a la posibilidad de un verdadero colapso, los
representantes de cerca de 200 países evitaron el desastre sacando
adelante un compromiso de última hora en un documento concertado justo
cuando sus dirigentes políticos llegaban a Río. Ningún país o grupo de
países estaba satisfecho con el proyecto final, ya que en este no se
incluían algunos puntos clave para cada grupo. De ahí que un alto
funcionario de Naciones Unidas comentara que como todos estaban
igualmente insatisfechos, sería posible lograr un resultado. Ante todo,
había una sensación de alivio de que Río+20 no hubiera finalizado sumida
en el caos y sin resultados, como ocurrió en algunas reuniones
ministeriales (en 1999 y en 2003) de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y en la Conferencia de Copenhague sobre cambio climático
(en 2009). El multilateralismo en el ámbito del desarrollo sostenible
fue puesto a prueba y al parecer, no todo está perdido. El documento
final concertado cumple prácticamente los requisitos mínimos para ser
considerado un éxito, teniendo en cuenta el estado de la cooperación
internacional y las duras batallas que tuvieron que librar los países en
desarrollo durante el último año para hacer valer sus ideas. Fue una
batalla muchas veces frustrante y aparentemente, perdida. Pero al final,
los países en desarrollo lograron imponerse en algunas cuestiones.
Si
hay una razón para ser optimistas en medio de un entorno pesimista,
está en el mandato para adoptar medidas de seguimiento. Durante la
sesión plenaria de clausura en la noche del 22 de junio, la Presidenta
del Brasil, Dilma Rousseff, acogió con beneplácito el documento final y
afirmó que era un paso histórico para el desarrollo sostenible. La
Presidenta Rousseff dijo igualmente que se trataba de un «punto de
partida» y no de un «umbral o un tope» para iniciar la hoja de ruta para
el desarrollo sostenible, que debía ser ambiciosa y convertirse en un
legado para las generaciones futuras. Sus palabras fueron muy
apropiadas, porque si bien en el documento en sí no se prevén medidas
significativas, es un comienzo para abrir el camino para la adopción de
medidas importantes.
Responsabilidades comunes pero diferenciadas
La
principal batalla librada durante la última semana de negociaciones en
Río fue la de lograr que los países desarrollados, los Estados Unidos en
particular, renovaran los principios sobre medio ambiente y desarrollo
adoptados inicialmente en la histórica Cumbre para la Tierra celebrada
de 1992, como los principios ambientales de precaución y el principio de
quien contamina paga, y los de desarrollo y equidad; como el derecho al
desarrollo y las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este
principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas reviste
una importancia particular para los países en desarrollo pues implica
que si bien todos los países deben tomar medidas de desarrollo
sostenible, los países desarrollados deben asumir el liderazgo en la
protección del medio ambiente pues son quienes más han contribuido a los
problemas ambientales y deben apoyar los esfuerzos de desarrollo
sostenible de los países en desarrollo mediante financiación y
tecnología.
Algunos países, en especial los Estados Unidos, opusieron resistencia a
reafirmar los principios de Río y en particular, el principio de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas. La reafirmación de los
principios de Río y una mención al principio de las responsabilidades
comunes pero diferenciadas era necesaria para los países en desarrollo.
Sin esta reafirmación la Conferencia habría sido un desastre. Los
Estados Unidos cedieron in extremis. En el párrafo 15 del documento se
reafirman ahora los principios de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, incluido el de las responsabilidades comunes
pero diferenciadas.
En
una sección sobre el cambio climático, el párrafo 191 recuerda que la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
dispone que las partes deberían proteger el sistema climático «sobre la
base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes
pero diferenciadas y sus respectivas capacidades». Aunque esta mención
es sólo un reflejo objetivo de la CMNUCC, constituye una victoria para
los países en desarrollo teniendo en cuenta que los principios de
equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas brillaron
por su ausencia en la decisión de la Conferencia de las Partes de la
Convención en diciembre de 2011 que dispone la celebración de
negociaciones sobre una nueva Plataforma de Durban bajo la CMNUCC.
Algunos
países desarrollados, en especial los Estados Unidos, adujeron que la
ausencia de la mención de los principios de equidad y de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas significa que todas las
Partes deberán asumir niveles similares de compromisos en un futuro
régimen sobre el clima, a diferencia del Protocolo de Kyoto. Por su
parte, los países en desarrollo adujeron que estos principios se aplican
ya que el nuevo régimen se establecerá en virtud de la Convención y el
hecho de que en Río+20 se hayan «recordado» estos dos principios en
relación con las medidas de protección del sistema climático refuerza su
posición.
Tecnología y financiación
Para
los países en desarrollo el resultado de Río+20 en relación con la
provisión de recursos financieros y la transferencia de tecnología fue
una gran decepción, pues se trata de los «medios de aplicación» de los
que los países en desarrollo precisan para ayudarles a poner en marcha
los planes de aplicación de las medidas de desarrollo sostenible y
tenían gran importancia en el Programa 21. El Grupo de los 77 y China
(G-77 y China) insistió en que se reafirmara el entendimiento de que los
países en desarrollo necesitan estos medios de aplicación para cumplir
sus obligaciones, y en que los países desarrollados cumplan sus
obligaciones, especialmente teniendo en cuenta que los países en
desarrollo deberán asumir nuevas obligaciones por cuenta de las
cuestiones relacionadas con la economía verde y los objetivos de
desarrollo sostenible que figuran en el documento.
En
materia de tecnología, el G77 y China propuso un nuevo mecanismo de
transferencia de tecnología para fomentar el desarrollo sostenible ya
que ha habido muy poca o ninguna transferencia real de tecnología en los
últimos veinte años. Sin embargo, los Estados Unidos y otros países no
quisieron reafirmar siquiera sus compromisos de transferir tecnología a
los países en desarrollo. Estos países insistieron en eliminar el
término «transferencia» del título de la sección sobre transferencia de
tecnología y en que cuando apareciera la expresión «transferencia de
tecnología» debía estar acompañada por el término «voluntaria» y por la
expresión «en términos y condiciones acordados mutuamente», lo que
significa que la transferencia de tecnología será de carácter comercial.
El delegado principal de los Estados Unidos explicó que lo hacían para
evitar la imposición de licencias obligatorias y de requisitos de
transferencia de tecnología por parte de los países en desarrollo.
La
exigencia de los Estados Unidos era contraria a lo expresado en del
Programa 21 y en el Plan de Acción de Johannesburgo de 2001 que
acordaban unos principios activos de transferencia de tecnología. Tras
muchas rondas de discusiones intensas, los Estados Unidos aceptaron el
último día el texto del documento (párrafo 269) en el que se «recuerdan»
las disposiciones sobre tecnología del Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002, incluida la
transferencia de tecnología «en particular a los países en desarrollo,
en condiciones favorables, inclusive en condiciones de favor y
preferenciales, según arreglos mutuamente convenidos».
Las
largas negociaciones sobre la manera de abordar las cuestiones de
propiedad intelectual y el acceso por parte de los países en desarrollo a
tecnologías ecológicamente racionales no dieron resultados inmediatos
ya que los Estados Unidos rechazaron incluso unos términos muy neutros
sobre «un planteamiento equilibrado respecto de la propiedad
intelectual». En el documento final sólo se hace mención de la propiedad
intelectual el párrafo 269 en que se recuerdan «las disposiciones
relativas a la transferencia de tecnología, la financiación, el acceso a
la información y los derechos de propiedad intelectual convenidas en el
Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo».
En
materia de financiación para los países en desarrollo los países
desarrollados matizaron sus compromisos anteriores y se negaron esta vez
a reafirmar los términos habituales de proporcionar «recursos
financieros nuevos y adicionales» a los países en desarrollo en el
documento de Río+20. Esta negativa refleja quizás las dificultades
presupuestarias tanto de los Estados Unidos como de Europa y la
disminución de la ayuda para el desarrollo el año pasado. En cambio, el
documento hace referencia a obtener recursos procedentes de «diversas
fuentes» y «nuevas asociaciones», lo que implica indirectamente la
disminución de la importancia (y de la cuantía) de la financiación que
proporcionan los países desarrollados a los países en desarrollo. El
extenso párrafo 258 reconoce la importancia de respetar el compromiso de
dedicar el 0,7% del producto nacional bruto (PNB) a la asistencia
oficial para el desarrollo (AOD) de los países en desarrollo.
Los
países en desarrollo no lograron, como querían, destacar en el
documento la importancia de la cooperación Sur-Sur como una fuente
alternativa de financiación. La cooperación Sur-Sur se destaca en cambio
como expresión de solidaridad y complemento en un párrafo equilibrado
(260).
El
G77 y China había propuesto antes de la Conferencia la creación de un
nuevo fondo para el desarrollo sostenible al que se destinarían al menos
30.000 millones de dólares anuales entre 2013 y 2017 y 100.000 millones
anuales a partir de 2018. (En la Cumbre de Río de 1992 la Secretaría
estimó que la financiación externa que requerían los países en
desarrollo era de 100.000 millones de dólares anuales para la ejecución
del Programa 21). Los países desarrollados consideraron que esta
propuesta era inaceptable. Los países en desarrollo estaban por lo
tanto muy descontentos con el abandono de los compromisos sobre los
medios de aplicación y adujeron que sin un compromiso de financiación y
tecnología, los nuevos aspectos de la economía verde y de los objetivos
de desarrollo sostenible del documento final no tendrían sentido.
Para
evitar el colapso se acordó que habría un proceso de seguimiento en las
áreas de financiación y tecnología posterior a Río+20. Con respecto a
la financiación, el párrafo 225 dispone el establecimiento de un proceso
intergubernamental bajo los auspicios de la Asamblea General para
evaluar las necesidades de financiación, los marcos existentes y las
iniciativas adicionales con miras a preparar un informe en el que se
propongan opciones sobre una estrategia efectiva de financiación para el
desarrollo sostenible a fin de facilitar la movilización de recursos
para el desarrollo sostenible. Un comité integrado por 30 expertos
designados por los grupos regionales, cuya labor concluirá en 2014,
pondrá en marcha este proceso.
En
cuanto a la tecnología, los países en desarrollo querían que se
estableciera un mecanismo de transferencia de tecnología o al menos, que
se mantuvieran discusiones con miras a lograr este objetivo. Los países
desarrollados se opusieron al establecimiento de un proceso
intergubernamental directo. El párrafo 273 del documento final solicita a
los organismos pertinentes de las Naciones Unidas señalar opciones para
crear un mecanismo de facilitación que promueva el desarrollo, la
transferencia y la difusión de tecnologías limpias y ambientalmente
racionales, evaluando las necesidades tecnológicas de los países en
desarrollo, las opciones para atender esas necesidades y la creación de
capacidad. Además, se solicita al Secretario General que haga
recomendaciones sobre este mecanismo a la Asamblea General en su
sexagésimo séptimo período de sesiones.
Más
que de compromisos firmes se trata de medidas que deberán ejecutarse
más adelante y difícilmente podrán convencer a los países en desarrollo
de que recibirán los medios de aplicación (financieros y tecnológicos)
para el cumplimiento de sus compromisos relativos al medio ambiente y al
desarrollo sostenible. Por lo tanto, los países desarrollados no han
mantenido el nivel de compromisos de hace 20 o incluso 10 años ya sea en
relación con los principios de desarrollo sostenible o con la
financiación y la tecnología. En efecto, los países en desarrollo
hicieron concesiones significativas al aceptar un texto tan matizado, lo
que debe considerarse su mayor contribución al resultado de Río+20. Sin
embargo, se han puesto en marcha dos procesos que mantienen viva la
cuestión de la financiación y la tecnología para el desarrollo
sostenible y el proceso de seguimiento ofrece la promesa de generar
nuevas estrategias y mecanismos.
Objetivos de desarrollo sostenible
Un
nuevo punto del documento final de Río+20 cuyo seguimiento tiene
repercusiones considerables es la decisión de formular objetivos de
desarrollo sostenible. El seguimiento de esta cuestión se llevará a cabo
el año próximo por medio de un grupo de trabajo bajo los auspicios de
la Asamblea General de las Naciones Unidas formado por 30 miembros
designados por los gobiernos a través de grupos regionales. En el
documento se solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que
exponga sus observaciones preliminares y a los organismos de las
Naciones Unidas que brinden su apoyo al grupo de trabajo, que presentará
un informe el año próximo a la Asamblea General para que tome las
medidas pertinentes.
La
formulación de objetivos de desarrollo sostenible no formaba parte de
los temas del mandato original de Río+20, pero entró en el proceso a
finales de 2011 a través de una propuesta de Colombia y unos cuantos
países. El apoyo a esta propuesta fue creciendo al considerarse que este
podría ser un resultado concreto de la Conferencia y una especie de
remplazo de la controvertida cuestión de la economía verde. Aunque
establecer unos objetivos de desarrollo sostenible resultó ser un
ejercicio complejo, al menos el concepto de desarrollo sostenible era
aceptado por la mayoría y a diferencia de la economía verde, no era una
cuestión controversial.
Los
países en desarrollo lucharon por varias cosas durante las
negociaciones: por que se definan correctamente los objetivos de
desarrollo sostenible, por asegurar que exista un equilibrio entre los
tres pilares (económico, social y ambiental) del desarrollo sostenible
en los objetivos seleccionados, por que los objetivos de desarrollo
sostenible se formulen mediante un proceso intergubernamental y no que,
como en el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sea el
Secretario General o un grupo de expertos de las Naciones Unidas
quienes los impongan a los gobiernos y por último, porque el proceso de
los objetivos de desarrollo sostenible interactúe con el proceso
independiente del programa de desarrollo de las Naciones Unidas después
de 2015 cuando expiren los ODM y no que lo remplace. Los países en
desarrollo preferían igualmente que en Río+20 no se definieran objetivos
específicos de desarrollo sostenible para no impedir que en la
formulación de los objetivos se incorporaran los tres pilares de forma
equilibrada.
En
todos estos aspectos se impuso la posición de los países en desarrollo.
El documento final establece que los objetivos de desarrollo sostenible
se basen en el Programa 21 y en el Plan de Aplicación de las Decisiones
de Johannesburgo, que respeten plenamente todos los Principios de Río,
se basen en compromisos ya contraídos e incorporen de forma equilibrada
las tres dimensiones del desarrollo sostenible. También deberán ser
coherentes con la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con
posterioridad a 2015 y su formulación no debe desviar los esfuerzos de
la consecución de los ODM. Los objetivos deben abordar ámbitos
prioritarios bajo la orientación del documento final.
Los
países desarrollados, en particular los países de la Unión Europea
(UE), consideraron decepcionante que no se hubieran adoptado en Río+20
cinco objetivos específicos sobre el medio ambiente que habían
presentado como objetivos iniciales y prioritarios de desarrollo
sostenible. Los países en desarrollo adujeron que no había tiempo para
acordar cuales serían los objetivos iniciales pues había que incluir
también objetivos económicos y sociales. La formulación de los objetivos
de desarrollo sostenible y su interfaz con la agenda para el desarrollo
después de 2015 será una de las medidas de seguimiento más importantes a
las que ha dado origen la Conferencia Río+20.
Economía verde
El
documento final contiene una extensa sección dedicada a la «economía
verde». De hecho, la cuestión consumió gran parte de la energía y el
tiempo de las reuniones preparatorias de la Conferencia en los últimos
dos años. «La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y
la erradicación de la pobreza» había sido incluida como uno de los dos
temas específicos de la Conferencia (el otro era el marco institucional
para el desarrollo sostenible). Sin embargo, pronto se convirtió en el
meollo del desacuerdo y la controversia al ser por una parte, un tema
nuevo para las negociaciones multilaterales que podría acarrear nuevas
obligaciones para los Estados y por otra parte, porque el tema se estaba
negociando en el terreno del «desarrollo sostenible» y había confusión
respecto a su interfaz con el desarrollo sostenible en términos
conceptuales y prácticos.
Desde
la primera etapa de las negociaciones algunos países desarrollados, en
particular los países de la UE, abogaron por un planteamiento de la
economía verde orientado a la acción y basado en normas. La UE propuso
formular en Río+20 una hoja de ruta de las Naciones Unidas para la
economía verde en la que se incluyeran metas específicas, objetivos y
plazos para cuestiones como el agua, los bosques, la agricultura y los
océanos. Para muchos países en desarrollo esto era llevar el concepto
demasiado lejos. A estos países les preocupaba, por ejemplo, que el
concepto de «economía verde» remplace al de «desarrollo sostenible»; que
sirva para justificar el proteccionismo comercial en contra de los
productos de los países en desarrollo y constituya una nueva condición
para que estos países puedan obtener asistencia o préstamos; que pueda
usarse para crear nuevos mercados con base en una valoración económica
para evaluar las funciones de la naturaleza y de las compensaciones y
pagos por los servicios ambientales y por consiguiente, acarreen la
mercantilización de la naturaleza. Les preocupaba igualmente que se
adoptara un planteamiento único y que existieran obligaciones en
relación con la «economía verde» que deban respetar todos los países sin
que los países desarrollados les proporcionen a los países en
desarrollo los correspondientes medios de aplicación (recursos
financieros y tecnología).
Tras
una batalla que duró cerca de un año, se acordó en el documento final
de Río+20 que la economía verde es una de las herramientas importantes
para lograr el desarrollo sostenible que brinda opciones pero no
establece un conjunto rígido de normas. Las políticas de economía verde
deberán guiarse por los Principios de Río. El documento final contiene
asimismo 16 puntos sobre lo que debería o no ser la economía verde:
deberá, entre otros, respetar la soberanía nacional de cada país,
promover el crecimiento económico inclusivo, fortalecer el suministro de
recursos financieros y la transferencia de tecnología a los países en
desarrollo, no constituir una restricción encubierta del comercio
internacional, contribuir a colmar la brecha tecnológica entre el Norte y
el Sur, superar la pobreza y la desigualdad y promover modalidades
sostenibles de consumo y producción.
Los
principales puntos de acción sobre la economía verde son bastante
modestos (párrafo 66). Se invita al sistema de las Naciones Unidas a que
en colaboración con los donantes pertinentes realice funciones de
coordinación e información en lo que respecta a la asignación a los
países interesados de los asociados que mejor les presten el apoyo
solicitado; a proporcionar conjuntos de instrumentos o mejores prácticas
para la aplicación de políticas sobre economía verde, metodologías para
evaluar las políticas y plataformas que contribuyan a este respecto.
Marco institucional para el desarrollo sostenible
El
marco institucional para el desarrollo sostenible fue una de las dos
cuestiones principales de Río+20 y la sección dedicada a este marco
podría ofrecer los resultados más significativos. Es un hecho
ampliamente reconocido que mientras que la Cumbre para la Tierra de 1992
fue un éxito, los mecanismos de seguimiento de su aplicación fueron
deficientes. El órgano principal de seguimiento era la nueva Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) que durante sus primeros años
funcionó bien como órgano central de reunión de ministros y
representantes de alto nivel, pero sus resultados han sido poco
satisfactorios en los últimos años debido principalmente a las
deficiencias en su concepción. En efecto, la CDS se reúne únicamente
para una sesión anual de tan solo dos a tres semanas y su secretaría
dentro del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones
Unidas es demasiado reducida para la gran carga de trabajo y de
cuestiones que debe asumir.
La
decisión más importante tomada en Río+20 es quizás la creación de un
foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible en remplazo de
la CDS. La idea de este foro provino inicialmente del G77 y China. Otros
países, principalmente los países europeos, proponían transformar la
CDS en un nuevo Consejo de Desarrollo Sostenible. El documento final
acordó la creación del foro y conserva también algunas de las ideas
propuestas para el Consejo. Según el documento, el foro de alto nivel
podría tener 12 funciones, entre ellas: proporcionar liderazgo político,
orientación y recomendaciones para el desarrollo sostenible;
proporcionar una plataforma dinámica para un diálogo periódico y para la
evaluación y elaboración de programas; tener una agenda específica,
dinámica y orientada a la acción que tenga debidamente en cuenta los
nuevos problemas relacionados con el desarrollo sostenible; seguir y
examinar los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos
de desarrollo sostenible; mejorar la cooperación y la coordinación de
las políticas y los programas de desarrollo sostenible en el sistema de
las Naciones Unidas y promover la coherencia y la coordinación de las
políticas de desarrollo sostenible en todo el sistema.
Habida
cuenta de que aún no se han definido los pormenores, se decidió en
Río+20 poner en marcha un proceso intergubernamental en la Asamblea
General con el objetivo de definir la estructura del foro y determinar
su organización, a fin de poder convocar el primer foro de alto nivel al
comienzo del sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea en
2013.
Una
cuestión fundamental es saber si este foro será únicamente una serie de
reuniones y mesas redondas anuales (celebradas durante el período de
sesiones anual de la Asamblea General) o si tendrá una estructura sólida
que se encargue de los aspectos sociales, económicos y ambientales, que
se reúna regularmente durante el año y que cuente con una secretaría lo
suficientemente sólida. Si el nuevo foro puede contar con un programa
amplio, un mandato de acción lo suficientemente grande para poder tomar
medidas, un proceso dinámico de discusión y toma de decisiones, una
secretaría sólida y con un gran respaldo político, el modesto documento
final de Río+20 podrá convertirse en un proceso y en una organización
que logre cambios importantes.
En
Río+20 también se acordó fortalecer la función del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) por medio, entre otras
cosas, del establecimiento de la composición universal de su Consejo de
Administración, la asignación de recursos financieros seguros, estables y
suficientes y fortaleciendo su presencia regional. Esta es la única
parte del documento en la que se establece un compromiso de proporcionar
recursos financieros adicionales y suficientes. A estos efectos se
invita a la Asamblea General a aprobar una resolución que fortalezca y
eleve el PNUMA.
Esta
decisión causó gran decepción en los países europeos que abogaban
firmemente, al igual que los países del Grupo Africano, por que el
PNUMA se convirtiera en un organismo especializado de las Naciones
Unidas. Sin embargo, esta no era una propuesta aceptable para los otros
principales países desarrollados como los Estados Unidos, el Japón o
Rusia ni para muchos países en desarrollo, por razones diferentes.
Marco para la acción en esferas temáticas
En
el documento también figura una sección extensa (sección V) sobre el
marco de acción respecto de numerosas esferas temáticas como el agua,
los océanos, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la
agricultura, la energía, el transporte, la salud, el empleo y la
protección social, las ciudades, la reducción de los riesgos de
desastre, la erradicación de la pobreza y el comercio. Para algunas de
estas cuestiones se formulan propuestas y promesas de acción que, en su
mayoría, pueden servir de directrices para su aplicación por parte de
las instituciones y los países. Por ejemplo, la sección sobre seguridad
alimentaria y agricultura sostenible reafirma el derecho a los
alimentos, pone de relieve la necesidad de revitalizar el desarrollo
rural y la importancia de los pequeños agricultores y de las poblaciones
indígenas y su necesidad de créditos y de regímenes seguros de tenencia
de la tierra y promueve la agricultura sostenible; además, destaca la
necesidad de abordar las causas fundamentales de la excesiva
inestabilidad de los precios de los alimentos. No aborda, sin embargo,
el problema clave de las subvenciones de los países desarrollados a la
agricultura.
Conclusiones
Aunque
eran pocas las expectativas justificadas de que Río+20 marcara un hito
al hacer frente a las graves crisis actuales, el hecho de que se hubiera
llegado a un documento concertado fue de por sí un resultado positivo.
El entorno de la cooperación internacional se ha deteriorado
recientemente, como lo demuestran el punto muerto en que se encuentran
las negociaciones de Doha de la OMC, el fracaso de la conferencia de
Copenhague sobre el clima y la incertidumbre que marcó la UNCTAD XIII.
Río+20 también fue víctima de los reducidos compromisos de los países
desarrollados en apoyo de los objetivos de desarrollo de los países en
desarrollo.
Pese
a algunas dificultades, los países en desarrollo lograron mantener
muchas de sus posiciones y peticiones importantes conseguidas en las
negociaciones. Dice mucho de la situación internacional actual el que
la reafirmación de los principios establecidos hace 10 y 20 años sea una
señal de éxito.
El
documento final de Río+20 permite suponer que no todo está perdido para
el sistema multilateral del desarrollo sostenible. Las medidas
establecidas por mandato en el documento final de Río+20 en relación con
el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible, la
estrategia financiera y el mecanismo de facilitación para la
transferencia de tecnología y los objetivos de desarrollo sostenible
hacen pensar que el próximo será un año de más trabajo (y quizás de
trabajo muy importante) para las Naciones Unidas. El éxito de cualquier
conferencia está determinado en última instancia por la solidez de su
mecanismo de seguimiento. Río+20 podría seguir siendo una conferencia
decepcionante o podría convertirse en el comienzo de algo significativo.
En ese sentido, Río+20 no ha terminado sino que apenas comienza, como
afirmó la Presidenta del Brasil en la ceremonia de clausura de la
Conferencia.
FUENTE : SOUTH CENTRE
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